El complejo García Luna: es un error analizarlo solo como un villano, dice el académico que escribió el prólogo de su libro

Los actos de impunidad y corrupción que cometió Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública y mano derecha del ex presidente Felipe Calderón, provocaron que las autoridades estadounidenses lo acusaran de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa y de haber estado implicado en un plan de lavado de dinero que movió millones de narco-dólares.

Sin embargo, contrario a lo que cabría esperar, no todos los especialistas en materia de seguridad coinciden en la visión generalizada que se tiene de García Luna como el máximo antagonista del sexenio calderonista.

La visión de Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Rice, en Texas, contrasta notoriamente con la del resto. En una reunión virtual que sostuvo con otros especialistas, el académico recordó que García Luna visitó el centro universitario donde él trabaja en dos ocasiones cuando era la mano derecha del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“A mí Genaro me parece una persona muy compleja, yo no creo en el tema de héroes y villanos. Me parece más bien un tipo que entendía muy bien cuál era su trabajo y lo que tenía que hacer como encargado máximo de la seguridad en México”, expresó.

“Genaro es un constructor de instituciones. La Policía (Federal) es, efectivamente, una institución que, aunque López Obrador decidió que no iba continuar, él construyó y que pudiera haber alcanzado altos niveles de profesionalización y especialización. En ese sentido hay un legado de Genaro, tiene su lugar asegurado en la historia”, aseguró.

“Por otro lado, no me queda duda de que hay suficiente evidencia de el pudiera haber tomado los sobornos que se mencionan, y que efectivamente no ha podido explicar. Pero eso no le quita a Genaro su visión y su idea de lo que debe ser la policía. Incluso personalmente llegué a entender muy claramente su trayectoria: un hombre del esfuerzo, que nunca, hasta donde yo sé, tuvo privilegios del estado. No viene de una familia adinerada ni con conexiones en el gobierno. Hizo carrera el solo”, concluyó.

Tony Payán también escribió el prólogo del libro que publicó García Luna en 2018, “Seguridad con bienestar”, y en donde detalló las causas del colapso de la seguridad pública en México:

“No se pueden entender las dimensiones, la naturaleza y el poder de fuego del crimen organizado en México, si no se examina el raquitismo de las instituciones del Estado”, explicó. "Es la desnutrición institucional del Estado mexicano lo que justamente abre espacios al quebrantamiento de la ley, habilita a los delincuentes con impunidad, crea las condiciones para su crecimiento y alienta así la evolución del crimen organizado hasta alcanzar la potencia que tiene hoy. Los delincuentes olfatean la debilidad del Estado, como un tiburón percibe un tiño de sangre en el agua”.

El Estado Mexicano comenzó a elaborar una estrategia contra el crimen organizado en 1989, y tras casi 25 años de altibajos y deficiencias, conflictos y contradicciones, en 2008 se creó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que firmaron los tres órdenes de gobierno, empresarios, ONG’s y representantes sociales. Entre los signatarios estaban los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin embargo, al llegar al poder en 2012, detuvieron todos los avances bajo el argumento de que la violencia aumenta porque se combate al crimen organizado. Por tanto, la clave era la coordinación y dejar de combatir al narcotráfico durante ocho meses.

Desde ese primer momento, describió García Luna, comenzó el retroceso: “El 2 de enero de 2013 se suprimió la Secretaría de Seguridad Pública y la absorbió Gobernación. Cuatro sexenios de esfuerzo institucional se borraron mediante un decreto. Ese paso”, aseguró el ex secretario, “implicó un retroceso de más de 40 años en el modelo institucional para la atención a la seguridad”

El diseño de Peña Nieto y Osorio Chong “corresponde al modelo de los años 70s, cuando el esquema de seguridad obedecía a un patrón de control social más que de combate al delito y protección de la sociedad”, afirmó.

Uno de estos cambios implicó el desmantelamiento de los sistemas de interconexión de telecomunicaciones de Plataforma México, la cual albergaba bancos de datos e inteligencia para combatir criminales. También se dejó de invertir en mejorar las estructuras y capacidades de la Policía Federal, así como en tecnología y de evaluaciones a las policías municipales: los controles de confianza se aplazaron durante dos años.

“En el marco de esta involución de la seguridad y del abandono de la conducción institucional del gobierno en las tareas de seguridad pública”, argumentó García Luna, se institucionalizaron las autodefensas. “En un esquema sin precedentes, el gobierno mexicano renunció a su obligación constitucional de garantizar la seguridad a los mexicanos”, afirmó.

Las estrategias implementadas por García Luna han sido replicadas con éxito en otras partes del mundo. Esto llevó a que el máximo de violencia previsto en México fuera en mayo de 2011, a partir de lo cual comenzó a bajar la incidencia delictiva. La inercia, no la estrategia, redujo los niveles de violencia y los homicidios dolosos, señaló García Luna.

De acuerdo con su visión, de haberse mantenido la estrategia y el esfuerzo institucional de cuatro gobiernos, la tasa de homicidio doloso en 2016 casi habría empatado la de 2008, con tendencia a la baja.

El gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna formalmente de cuatro delitos: tres por conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y uno por mentir bajo juramento sobre su relación con el narco, por lo que fue detenido el pasado 9 de diciembre en Texas, Estados Unidos.

Durante el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, aseguró haberle entregado a García Luna dos maletas con tres y cinco millones de dólares. El pago era para asegurar que apenas llegara a su cargo, como secretario en el gobierno del presidente Felipe Calderón, nombrara a un jefe de la policía en Culiacán que fuera aliado del Cártel de Sinaloa.

Además, Jesús Zambada reveló que García Luna se quedó con al menos USD 50 millones por parte de otros grupos de narcotraficantes para garantizar su seguridad.

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