Durante los primeros cinco meses del 2020, el 78.2% de las contrataciones del gobierno se entregaron por medio de adjudicación directa, de acuerdo con los contratos públicos registrados en la plataforma Compranet y consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En las revisiones que hizo la organización no se tomaron en cuenta a las instituciones con justificación legal para acudir a las adjudicaciones directas en el contexto de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, como el IMSS, el ISSSTE, la Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Salud.
No obstante, sin tomar en cuenta a estas dependencias, el porcentaje de adjudicaciones directas escala hasta el 82.4%, lo cual habla de un abuso de esta forma de contratación por el gobierno, que ha recurrido a esta medida en 25,294 contratos. La segunda posición en el esquema de contratación lo ocupan las licitaciones públicas, con apenas el 11.7%, es decir, 3,592 documentos.
Posteriormente están las invitaciones restringidas, que cubren el 4.7% o 1,450 oficios; los contratos entre entes públicos (1.0% o 320 contratos) y al final de la lista está la categoría Otros, con el 0.1% de las adjudicaciones, es decir, 23 contratos.
Entre las instituciones que más contratos entregan por medio de la adjudicación directa están la Diconsa, con 8,196 de 8,307 (98.7%); el Canal 11 del IPN con 1,036 de 1,055 (98.2%); la Secretaría de Cultura, con 979 de 990 (98.9%); el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con 877 de 881 (99.5%); y el Centro de Investigación y de Estudios avanzados del IPN con 688 de 707 (97.3%), entre otros.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) es otra de las dependencias que figuran en esta lista, pues de los 512 contratos registrados, 494 (96.4%) han sido entregados por medio de la adjudicación directa. La mayoría, según MCCI, son usado para tener personal de apoyo o personal para realizar propias de la dependencia.
Durante este año y para la construcción del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha entregado el 92% de los contratos a través de esta vía. Uno de los ejemplos más controvertidos fue el que se dio a IC, por 27,000 millones, para la construcción del tramo 4 de la vía ferroviaria sin la necesidad de una licitación.
Cuando se anunció la entrega de dicho tramo a la constructora, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, dijo que “tuvo que ser adjudicación directa, porque sacar a ICA y meter a otra empresa es más complicado. Nos cuesta el derecho de vía si les hubiéramos dicho, ‘quítate, porque allí te voy’, hubiéramos tenido que indemnizar a ICA”.
En situaciones similares se encuentran la Guardia Nacional, que ha hecho 70% de sus compras a través de esta vía o el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual ha recurrido a la adjudicación directa en un 78% de los contratos.
A comparación, en todo el año pasado, el porcentaje de adjudicaciones directas en los procedimientos del gobierno fue de 78.1, según los datos registrados en el mismo portal web. Esa cifra ya se superó y en caso de que esta tendencia continúe, el 2020 se convertiría en el año con el mayor uso de esta figura en toda una década.
Cabe recordar que en la página 14 del Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el presidente López Obrador en julio de 2019, se establece que las adjudicaciones directas se prohibirían como parte de su estrategia para el combate a la corrupción; no obstante, los datos demuestran que eso no ha sucedido hasta el momento.
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