Antes de García Luna existió José Antonio Zorrilla Pérez: hombre fuerte de Bartlett, asesino de Manuel Buendía y cómplice del narco

Así como ahora hay un Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública y mano derecha del ex presidente Felipe Calderón que espera su sentencia en EEUU por crímenes de narcotráfico, en otros tiempos hubo un José Antonio Zorrilla Pérez.

Zorrilla Pérez fue asignado como director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuando el presidente mexicano era Miguel de la Madrid y Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, era Secretario de Gobernación.

La DFS fue creada por el presidente Miguel Alemán, que quería un organismo parecido al FBI de Estados Unidos, en 1947. Entre sus funciones estaban las investigaciones políticas, pero años después desaparecería por su alto nivel de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Algunas investigaciones aseguran que los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, Miguel Ángel Félix Gallardo “El jefe de jefes” y Rafael Caro Quintero gozaban de su protección y complicidad así como de credenciales firmadas por Zorrilla para moverse libremente y acreditar una identidad en caso de algún intento de detención.

Pero el caso que marcó para siempre el nombre de Zorrilla fue el asesinato de Manuel Buendía, uno de los columnistas políticos más importantes que ha tenido el país. Buendía escribía la columna Red Privada, que era la más leída y respetada en México por el nivel de información que contenía. En esos años de la Guerra Fría escribía sobre las operaciones de la CIA en México, de los grupos de ultra derecha, empresarios cuestionables, de la trayectoria oscura de funcionarios, de los poderosos tentáculos del narcotráfico y la corrupción en el gobierno. El ataque fue considerado por columnistas y especialistas como un crimen de Estado.

El homicidio ocurrió el 30 de mayo de 1984 en Ciudad de México. Esa noche Buendía había roto su rutina y se despidió dos horas antes de su horario normal de salida. No caminó más de 10 metros de la puerta del edificio donde estaba la oficina. Un hombre se le acercó por la espalda y le disparó cinco tiros. Lo estaban cazando. El desconocido se subió a una motocicleta donde le esperaban, huyendo del lugar.

Después de cuatro años y ante los nulos avances, la familia Buendía y un grupo de periodistas que daban seguimiento permanente al caso exigieron al presidente que designara a un fiscal especial para las indagatorias y propusieron, por su trayectoria, a Miguel Ángel García Domínguez, a quien el presidente designó formalmente el 29 de enero de 1988.

Quince meses después de iniciados los trabajos del fiscal, su oficina obtuvo las primeras pruebas y testimonios que permitieron solicitar las órdenes de captura contra José Antonio Zorrilla Pérez.

Zorrilla Pérez fue condenado por la autoría intelectual del homicidio del periodista y uno de sus agentes, Rafael Moro Ávila, como se ejecutor. También fue acusado de enriquecimiento ilícito, pues en poco tiempo acumuló una fortuna que incluyó residencias en Estados Unidos y varios lugares de descanso en el país, además de depósitos en bancos extranjeros.

Pero esclarecer el homicidio no resultó sencillo y a Zorrilla Pérez se le trató de proteger para que no tuviera problemas e inclusive el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo postuló para una diputación en Hidalgo. El fiscal también asentó en su acusación que José Antonio Zorrilla entorpeció las investigaciones del crimen del periodista, por lo que se le acusó de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

Para marzo de 1985, sin embargo, ya se contaba con indicios de que Zorrilla Pérez estaba involucrado en la muerte de Buendía y en las evaluaciones que se hicieron se determinó sacarlo de la campaña, para evitar daños posteriores, inclusive al propio secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

Sin embargo, como Zorrilla Pérez huyó del país, solo se le pudo detener cinco años después y en el arranque de otro gobierno, el de Carlos Salinas de Gortari.

El móvil del crimen, de acuerdo con los informes de inteligencia, fue que el periodista tenía conocimiento sobre los vínculos de Zorrilla Pérez con el narcotráfico. En la muerte de Buendía participaron como coautores intelectuales: Juventino Prado Hurtado, Raúl Pérez Armona y Sofía Nava Suárez, y Moro Ávila como autor material.

Este y otros hechos ocasionaron la desaparición de la DFS, que se convirtió en el CISEN en 1985.

El jefe directo de Zorrilla Pérez en aquel entonces era Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, nunca se hizo cargo de la responsabilidad política que tenía respecto a la DFS. Sorteó la tormenta, porque así lo quiso el entonces presidente De la Madrid.

Ahora Bartlett también está en el ojo de la polémica, luego de que los periodistas Carlos Loret de Mola y Areli Quintero dieron a conocer una serie de propiedades inmobiliarias no incluidas en sus declaraciones patrimoniales.

Sobre el asesinato del periodista Manuel Buendía, Zorrilla Pérez siempre alegó su inocencia, aunque en algún momento sugirió que él sólo seguía órdenes, quizás del director de la CFE y actual funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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