“Se trata de la Procuraduría de Pobres”, la CNDH propone reforma para tener mayor peso jurídico

Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), anunció que buscará que el organismo que preside tenga mayor peso jurídico al establecer que las recomendaciones que emita sean vinculantes.

En coincidencia con el 30 aniversario de la comisión, Piedra Ibarra dijo que para conseguir esto se tiene que reformar el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos…, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público… formularán recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas…”.

La ombudsperson está convencida de que derivado de las desigualdades en el acceso a la justicia para distintos sectores de la población, es prioritario hacer las reformas correspondientes para hacer de la CNDH una “Procuraduría de Pobres”. Asimismo, manifestó su diferencia de criterio respecto a los juristas que están a favor de las recomendaciones públicas no vinculantes y aseguró que eso desvirtúa la naturaleza protectora de la comisión.

“Según los juristas y defensores ortodoxos que defienden este modelo, lo contrario, es decir otorgarle más facultades de calificación, desvirtuaría la naturaleza de una institución defensora de derechos humanos, por lo que su fuerza se reduce a la emisión de recomendaciones que además, afirman, no pueden ser vinculantes”, aseguró Piedra Ibarra.

Al hacer el planteamiento de lo que busca con la CNDH, la también activista recurrió a la historia y rescató una institución creada antes de la constitución de 1857 y que, lamentablemente, sólo tuvo poco más de un año de vigencia en el estado mexicano.

“Se trata de la ‘Procuraduría de Pobres’ promovida por Ponciano Arriaga como diputado local en el estado de San Luis Potosí y expedida por el Congreso de ese estado el 5 de marzo de 1847, para defender a las clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera”, se lee en un boletín de prensa emitido el domingo 7 de junio por el órgano autónomo.

Tras una elección cuestionada por parte de los partidos de la llamada oposición política de Morena en el Senado, en donde Gustavo Madero fue uno de los actores más exaltados, Rosario Ibarra tomó protesta como presidenta de la CNDH en noviembre del año pasado por tener una carrera de activismo social y empatía por la figura de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, la maestra en psicopedagogía ha marcado sus diferencias ideológicas contra el jefe del ejecutivo federal respecto al inicio de obras del Tren Maya, uno de los megaproyectos de la 4T.

De acuerdo con la CNDH, las obras deben de esperar a que pase la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y se debe de proteger el estado de indefensión de los pueblos originarios de la península de Yucatán.

La comisión también afirma que continúa trabajando para defender los derechos humanos de la ciudadanía y recibe en promedio 50 quejas semanales relacionadas únicamente con la pandemia y afirma que:

“Esa es la tradición del ‘Defensor del Pueblo’ en nuestro país, y la que hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH, y del agotamiento de su modelo de operación. Fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados, algo que no decimos nosotros sino que han documentado infinidad de ONG’s y organismos tanto nacionales como internacionales”.

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