Giovanni López fue presuntamente asesinado en Jalisco por la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de ser supuestamente detenido por no utilizar cubrebocas, una medida implementada disposición oficial y obligatoria durante la pandemia por contagios de coronavirus.
Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que por ley, nadie puede invocar justificadamente el uso de las fuerzas de seguridad pública en pro de la salud.
En primera instancia, el doctor envió condolencias a la familia de Giovanni López y aseguró que se trata de un caso lamentable, como lo es siempre la pérdida de una vida humana, lo que deberá “movernos emocionalmente, racionalmente a la reflexión y a entender por qué suceden estas cosas”.
Por otra parte, se guardó su opinión en cuestión de seguridad, pues reveló que “si opinamos, estorbamos” a la investigación interna de las autoridades correspondientes, mismas que, dijo “deslindarán responsabilidades conforme a derecho”.
En cuanto al tema de salud, López-Gatell aseguró que durante las conferencias de prensa nocturnas del avance del COVID-19 y en otros foros o mecanismos de expresión, la respuesta a la utilización de la fuerzas de seguridad pública y ciudadana fue continuamente negativa.
Ahora, respecto al tema de salud, como hemos comentado aquí en varias ocasiones: es precisamente por eso que una y otra y otra y otra vez, cuando surgía el comentario la pregunta, a la inquietud o la propuesta, ya sea aquí en la sesión informativa o en los distintos mecanismos por los que la sociedad se expresa, la idea de ‘que no van a usar la fuerza, que no van a obligar a la gente a que se quede en su casa, que no van a ejercer el uso de la fuerza pública’, la respuesta consistentemente ha sido no.
La razón principal, de acuerdo con el subsecretario, es que militarizar la salud pública en vez de apostar por el convencimiento y la persuasión, significa despreciar " las capacidades analíticas de la sociedad, y la capacidad de la ciudadanía, del pueblo, de las personas de tomar decisiones saludables, protegerse a sí mismos y, además, ejercer la solidaridad con la colectividad".
Por otra parte, reveló que imponer mecanismos de coerción y de uso de la fuerza en una sociedad “que ha sido, ya por muchos años, víctima de abusos, de violación de los derechos humanos de impunidad, de una lenta procuración e impartición de justicia, que todavía vive un fuerte nivel de violencia”, provocaría tarde o temprano que sucedieran “este tipo de eventos muy lamentables”.
Al final, el subsecretario reveló que en el Acuerdo, publicado el 31 de marzo de 2020 por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, mismo donde establecieron la Jornada Nacional de la Sana Distancia, se agregó “intencionalmente” la fracción octava del artículo 1° que dice explícitamente que:
Todas las medidas deberán ejecutarse respetando estrictamente los derechos humanos y las libertades civiles consagradas por la constitución.
En ese sentido, agregó, “nadie podría invocar justificadamente que este tipo de acciones las hace en pro de la salud”.
A través de las redes sociales dieron a conocer el caso de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue supuestamente arrestado por no utilizar cubrebocas mientras caminaba en la vía pública.
Algunos de sus familiares presenciaron que policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos lo esposaron con agresividad para supuestamente presentarlo ante las autoridades correspondientes, pero el 4 de mayo les comunicaron su traslado al Hospital Civil de Guadalajara, donde falleció por traumatismo craneoencefálico y lesiones contundentes provocadas por golpes.
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