El clima de ingobernabilidad que desde hace meses se vive en Jalisco, se desbordó el pasado 5 de mayo cuando la ira, que generó el asesinato de Giovanni López a manos de policías, se apoderó de los mexicanos.
A la usanza rústica, con palos y sillas, cientos de personas exigieron el esclarecimiento de la muerte del hombre. Los manifestantes incendiaron vehículos policiales y llenaron de pintadas la fachada del Palacio de Gobierno de Jalisco. Cuando un grupo intentó entrar por la fuerza al edificio, la policía dispersó la marcha con gas lacrimógeno.
López fue detenido el 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, pasó la noche en la comisaria, donde los agentes le habrían golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte. Su caso ilustra perfectamente las fallas y la precariedad de las corporaciones policiales locales; sin embargo no es un hecho aislado, la lista es larga y continúa.
Desapariciones, homicidios, señalamientos por lesiones y recomendaciones por derechos humanos han puesto en la mira al municipio ubicado a 30 kilómetros de la capital del estado, Guadalajara.
Ixtlahuacán de los Membrillos concentra más de 23,430 habitantes. En 2017, vio pasar uno de sus hechos más cruentos, cuando tres policías locales asesinaron a un hombre mientras estaban en el ejercicio de sus funciones.
Carlos Daniel, Miranda Lizeth y César Octavio fueron encontrados responsables por el homicidio de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien arrojaron a un arroyo y le quitaron sus pertenencias.
El año pasado, la recomendación 25/2019 documentó la participación de uniformados de Ixtlahuacán en la desaparición de una persona. Pero no es la única, el expediente 22/2017 señala a 10 uniformados de dicho municipio por golpear a un ciudadano, quien tuvo que entrar a cirugía por lesiones en el abdomen.
La 09/2016 implica a tres efectivos de Ixtlahuacán por golpear y dañar las pertenencias de un detenido. Según los reportes, en el hecho se involucró al juez municipal, Getzauth Godínez Corona y al comisario, Juan Manuel Becerra Santacruz, quien actualmente sigue en el cargo.
Crímenes como estos apuntan precisamente a la relación entre el Estado y la delincuencia organizada. De 2019 a mayo de este año, las violaciones policiales se contaron a centenares. De acuerdo con las cifras, se han presentado 944 quejas contra las direcciones de Seguridad en Jalisco.
Entre las supuestas violaciones más frecuentes están detenciones arbitrarias, lesiones intimidaciones, amanezas, robo allanamiento de morada, tortura, desaparición forzada de personas y cateos ilegales.
Las corporaciones policíacas en Jalisco son señaladas constantemente de estar coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que manipula a los policías para resolver rencillas locales.
La ley del revolver
Sigilosamente los jaliscienses han aprendido a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo, resguardarse en casa, la escuela, oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de granadas. O de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.
“Jalisco se ha convertido en un infierno”, aseguran los habitantes. La entidad es una de las regiones con más alta influencia del narcotráfico desde la década de 1980, cuando bajo el mando del sinaloense, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, surgió el Cártel de Guadalajara.
Dentro del mapa del narcotráfico, Jalisco es un territorio especial y fuertemente codiciado, no sólo por su ubicación geográfica, sino por la infraestructura de su carretera que conecta directamente hacia el centro del país. Además, es un paraíso para el lavado de dinero. La economía formal se ha fortalecido en gran parte con el dinero sucio que se blanquea con facilidad en los circuitos financieros de la entidad.
Sin embargo, su privilegiada ubicación y economía es hoy la peor desgracia de los jaliscienses que concentran mucha de la violencia generada en el país. Ésta no sólo es perpetrada por grupos criminales, sino también por mandos policiales, quienes son constantemente señalados de recibir sobornos de los cárteles.
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