“Atropella los derechos y garantías de la población”: colectivos indígenas y especialistas en contra del Tren Maya

El presidente ha dado inicio a las obras del Tren Maya en el sureste mexicano, uno de los proyectos más importantes de su administración; no obstante, un total de 159 colectivos indígenas y 85 particulares, entre civiles e investigadores, se pronunciaron en contra de esta iniciativa, pues consideraron que “se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho”.

Además de eso, los aspectos relacionados con las comunidades indígenas y los ambientales también son de suma relevancia, pues argumentaron que la iniciativa no los tomó en cuenta y además carece de una evaluación integral que descarte los impactos irreversibles a causa de los trabajos que se realicen en la zona.

A través de una carta dirigida al presidente, comentaron que el proyecto ha sido opaco por la falta de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y criticaron el hecho de que ha avanzado aun cuando la emergencia sanitaria por la COVID-19 sigue en un estado de alerta máxima, pues esto representa poner en riesgo de contagios a los y las trabajadoras.

En este sentido apelaron a los amparos interpuesto por jueces federales para suspender las obras y a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó, como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto.

“La visita del señor presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio del poder en nuestro país”, se puede leer en el comunicado.

Respecto a la relación con las comunidades indígenas refirieron que el megaproyecto afecta de manera directa a muchas de ellas en al menos cuatro de las cinco entidades por donde correrán las vías del tren; sin embargo, la planeación no contó con la participación de los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad.

“Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el de la libre determinación”, argumentaron.

Incluso afirmaron que al decidir sobre el futuro de las comunidades de la región de manera unilateral, a partir de la premisa que serán los principales beneficiados de “un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistemática que ha impulsado por años el Estado mexicano".

En relación a la cuestión ambiental citaron un estudio realizado por 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt) en donde se señalaron los riesgos en este nivel que tendrá el proyecto, como la degradación, deforestación y fragmentación de 23 zonas naturales protegidas, las cuales, advirtieron, podrían convertirse en “áreas biológicamente inhóspitas”.

Asimismo, destacaron que el proyecto del Tren Maya también podría generar graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la Península de Yucatán, pues en los alrededores de su trazo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de 1,288 sitios arqueológicos a distancias no mayores de 10 kilómetros de la vía férrea, por lo cual tendrían afectaciones directas.

Sobre la relación de la administración federal con la Organización de las Naciones Unidas, los colectivos mencionaron que ésta en realidad no existe, pues “lo que hay son consultores contratados por Fonatur a través de ONU-Hábitat y la UNESCO, que colaboran con estudios para el proyecto, lo que no significa su apoyo”.

De acuerdo con información del gobierno de México, la construcción del Tren Maya es un tema de suma relevancia, pues durante el 2020 generará cerca de 80,000 empleos, lo cual podría ayudar al país en la reactivación económica después de la emergencia sanitaria. Además, para 2030 proyectan gracias a esta obra salgan de la pobreza 1.1 millones de personas en la zona.

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