Uno de los pilares más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción y por esa razón 119 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), entre delegados estatales, agentes del Ministerio Público e incluso peritos han sido removidos de sus cargos, pues están siendo investigados por denuncias ante posibles actos de esta naturaleza.
Estas determinaciones forman parte de la estrategia que ha llevado a cabo la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) desde su creación en el 2019, cuyo fin es el de erradicar las malas prácticas e incluso los delitos que persisten en la dependencia.
De acuerdo con un reporte del portal Animal Político basado en los testimonios de abogados en cinco estados de la República, en las agencias del Ministerio Público Federal aún persisten prácticas de corrupción y extorsión como pedir dinero para facilitar el acceso a copias de expedientes, que son gratuitos, hasta “vender” liberaciones y juicios exprés.
Según datos proporcionados por la FEAI, hasta el 15 de mayo se habían iniciado 1,377 carpetas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción. “Nuestra serie de medidas de carácter preventivo nos ha permitido recibir denuncias donde, en efecto, se han confirmado casos de cohecho, extorsión y abusos”, comentó al mismo medio la titular de la FEAI, Adriana Campos López.
De ese total, 988 fueron iniciadas en el 2019, mientras que 389 correspondieron al 2020. Ambos años en los que estaba en funcionamiento la gestión del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Puntualmente, los funcionarios removidos han sido 59 agentes del MP Federal, 44 policías federales ministeriales, tres peritos, dos directores de área, así como cinco ex delegados estatales, dos ex subdelegados estatales y dos ex coordinadores generales de la FGR.
Uno de los ejemplos más relevantes de los cuales se ha conocido información es el del ex delegado de la FGR en el estado de Quintana Roo, Javier Ocampo García, quien fue removido de su cargo por una investigación que continúa en proceso, respecto a un cateo de personal bajo su cargo, en el cual presuntamente se cometieron abusos e incluso la posible siembra de un arma de fuego.
Otro de los casos de los cuales se saben datos es el del jefe de la Policía Federal Ministerial de la FGR, Kayosci Guerrero Ortega, quien estuvo implicado en un cateo simulado, pues en realidad había sido un robo a la casa de un empresario en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
Las demás investigaciones relacionadas con estos casos no se han dado a conocer con el fin de no entorpecer las indagatorias; no obstante, la FGR señaló que ya ha habido varios elementos vinculados a proceso.
En este sentido, Campos López destacó la importancia de la denuncia por parte de abogados, víctimas y la sociedad en general para combatir la impunidad al interior de las agencias de Ministerio Público. Incluso destacó que se han implementado mecanismos para facilitarse estos procesos a la gente vía telefónica.
“Hemos tenido aproximadamente 30 casos a través de estas llamadas donde se ha dado pie a denuncias de corrupción, donde nos ha reportado que se pide dinero por trámites, donde se solicitaban, por ejemplo, 20,000 pesos por hacer un peritaje, y todo eso se canaliza y se inician las carpetas de investigación sin excepciones”, comentó Campos.
Otro de los procedimientos que se han puesto a disposición de la población por parte de la FGR es la Ventanilla Única para la recepción de quejas, que es un sistema de encuestas de calidad por el cual se generaron 21 denuncias por corrupción, 14 de las cuales implicaba la solicitud de dinero a cambio de una determinación.
MÁS SOBRE OTROS TEMAS