El gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó tres contratos con una empresa dedicada al espionaje y sus productos operan en la Ciudad de México sin que exista regulación al respecto. Sin embargo, es imposible saber quién las opera.
El equipo chileno de South Lighthouse, que desarrolló Fake Antenna Detection Project (FADe, por sus siglas en inglés), realizó un análisis de antenas de transmisión celular en tres países y una frontera, al que PODER, integrante de Méxicoleaks tuvo acceso.
El objetivo del análisis de FADe es recabar información suficiente para determinar si en México, así como en el resto de países analizados, se hace uso de una tecnología conocida como IMSI Catcher o stingrays, que, entre otras cosas, permite a los operadores de la antena falsa interferir teléfonos celulares, atacarlos y/o recolectar información de los usuarios de telefonía sin su autorización.
L3Harris Technologies, Inc, la principal fabricante de IMSI Catchers, según la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), obtuvo en total 21 contratos con el gobierno mexicano firmados entre 2014 y 2019 por un valor de 85,552,638 pesos.
Tres de ellos comenzaron en marzo, abril y julio de 2019, ya bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, con títulos como “Adquisición de refacciones para equipos de radiocomunicación táctica en HF” y “Ads. Eq. Radiocomunicación en HF para la construcción de un centro de entrenamiento conjunto de operaciones de paz”. El monto total de los tres contratos fue de 1,008,954 dólares (23,094,970 pesos).
La corporación, dueña de las marcas Harris Communications Division y Harris Corporation Communication Systems Segment y con sede en el estado de Florida, Estados Unidos, está especializada en tecnología aeroespacial y de defensa que ofrece soluciones para, según su sitio web oficial, las misiones críticas de sus clientes gubernamentales y comerciales.
También explica que el segmento de Sistemas de Misión Integrados de esa compañía proporciona aparatos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) y sistemas de comunicación.
Las dependencias que realizaron los contratos para el gobierno actual fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar).
Este tipo de espionaje coincide con el escándalo del #GobiernoEspía -en el que se demostró espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y sus familiares– en teléfonos celulares, aunque difiere en las técnicas.
Mientras que los primeros intentaban poner un malware -Pegasus- en el dispositivo, los IMSI Catchers suplantan una antena telefónica con el objetivo de capturar el tráfico de datos y llamadas. Si sales del radio de la antena, termina el espionaje.
En México la investigación Fake Antenna duró más de 90 días, recabando datos gracias a varios dispositivos con los que se logró analizar 1,801 antenas y descubrir 21 de ellas con actividad irregular,
Tres fueron calificadas con el rango máximo de anomalías y, por ende, con altas probabilidades de ser una antena para espionaje. Algunos de los parámetros analizados fueron: la ubicación geográfica, valores atípicos de la configuración e inconsistencias de tiempo.
La antena con más irregularidades (21 anomalías) está ubicada en la autopista 115-D que conecta la Ciudad de México con Puebla y Morelos. Concretamente está situada en la comunidad de Amecameca, y dentro de su radio está la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Campo Militar 37-B de la SEDENA.
En segundo lugar, se encuentra la ubicada en la Autopista México-Marquesa, casi en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México.
Y, en tercer lugar, por número de apariciones en el listado de inconsistencias, se encuentra el Zócalo capitalino en donde la cantidad de antenas con irregularidades es la más alta del registro realizado en toda la ciudad.
En el radar de estas antenas con irregularidades también aparecen: el Palacio de Bellas Artes, Avenida Paseo de la Reforma, Parque San José, el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Heroico Colegio Militar, Anillo Periférico, Avenida Insurgentes, el Instituto Nacional de Pediatría y la plaza Perisur, entre otros.
El análisis reconoce que según los datos de FADe “podemos afirmar la existencia de antenas con irregularidades importantes en México y a partir de los contratos se demuestra que el gobierno federal cuenta con esta tecnología. Sin embargo, a falta de una regulación jurídica, es imposible saber quién las opera”.
“Aquí faltan algunas cuestiones como la de saber quién maneja estos IMSI Catchers. Una cosa es saber que ahí están y otra cosa es saber quién los opera o controla. Podemos tener sospechas, pero definitivamente será poco fácil de demostrar”, admite Phi, cofundador y codirector de SeguDigital.
Junto a PODER, forman parte de la alianza MéxicoLeaks: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Animal Político, Unidad de Investigaciones Aristegui, Periodistas de a Pie, Más de 131, Emeequis y la Revista Proceso.
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