Organizaciones defensoras de los derechos de periodistas señalaron que los persistentes ataques en contra de medios de comunicación por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otras autoridades, crean polarización, hostilidad, y empujan a la violencia.
Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirmó que los ataques de López Obrador vienen de forma “periódica, constante, y sistemática” contra medios de comunicación y periodistas, y que son una “incitación a la violencia”.
A través de un comunicado, el presidente de la SIP dijo que el periodismo está abierto a la crítica, pero que el “sesgo autoritario, ideológico, y despectivo” utilizado puede instigar a las agresiones físicas.
La estigmatización y los señalamientos hacia la prensa también es en contra de publicaciones internacionales como The Washington Post, El País, y The Financial Times, afirmó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
“Lo que resulta extremadamente peligroso es la obstinación del presidente contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del COVID-19 que afecta al país y requiere la mayor concentración del Jefe de Estado”, declaró Rock.
En las conferencias de prensa matutinas, el presidente constantemente lanza campañas de desprestigio a medios nacionales, especialmente a los diarios Reforma y El Universal, a quienes ha descrito como “amarillistas, corruptos, alarmistas, calumniosos, y opositores”, informó la SIP.
Jan Albert Hootsen, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), señaló que la relación entre el gobierno federal en México y los medios es “bastante compleja” a nivel nacional y local. “El caso más extremo es la relación compleja de ataques retóricos, de hostilidad abierta entre el gobierno federal y medios, que podría derivar (...) en amenazas serias”, dijo.
El representante del CPJ enfatizó en que el presidente nunca ha utilizado la fuerza ni amenazado a medios de comunicación, sino una retórica cultivada desde las conferencias realizadas desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México.
También mencionó que es preocupante que, en el contexto de impunidad e inseguridad que se vive en México, el país más peligroso y mortífero para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental, el gobierno tenga una retórica de hostilidad y polarización contra la prensa.
Mientras que el presidente, un funcionario del gobierno federal, tiene derecho de expresarse como cualquier ciudadano, “el presidente de la República no es cualquier ciudadano, es el mandatario de todos los mexicanos, no sólo de algunos. Cuando él dice que un medio miente, debe hacerlo con argumentos”, añadió.
Por su parte, Barnes, presidente de la SIP, declaró que “en un país con altos índices de violencia, la actitud presidencial es como arrojar gasolina al fuego”. Recordó que el 13 de mayo el diario Reforma recibió amenazas de un bombardeo si no cesaban sus críticas en contra de López Obrador.
Hootsen argumentó que los medios de comunicación son un contrapeso: su función no es atacar ni apoyar al gobierno.
José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, calificó los comentarios del presidente como “desafortunados” por la estigmatización que provocan.
“Se ha transformado en una práctica habitual del presidente de México intentar desprestigiar a los medios de comunicación independientes. Es perfectamente razonable que él tenga una visión distinta o discrepe de lo que los medios de comunicación, nacionales o internacionales, informan y puede perfectamente usar la tribuna presidencial o las ruedas de prensa matutinas para poner su punto de vista y discrepar con la información que circula en los medios sobre su gobierno”, declaró.
Vivanco puntualizó que las descalificaciones hacia los medios de comunicación no permiten la promoción de un debate democrático constructivo, y que en una sociedad abierta y democrática los medios de comunicación y el público en general “se forman una opinión sobre cualquier tema de relevancia nacional sobre la base de contradicción de ideas y debate público, pero no sobre la base de descalificación”.
“Me parece que el presidente, con su conducta, lo que hace es empobrecer el debate, en el sentido de que cualquiera que publica una noticia que a él no le gusta y no comparte pasa a ser una especie de enemigo, alguien que está deliberadamente tergiversando los hechos, me da la impresión que hace más difícil la gobernanza democrática en México”, indicó.
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