En la actual crisis sanitaria, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) reclamaron la falta de una etiqueta presupuestal definida para apoyar a refugios y centros de atención para niñas y mujeres víctimas de violencia, en especial, por el agravamiento de este problema durante el encierro de la cuarentena.
A nivel nacional, estarían siendo afectados alrededor de 50,000 niñas y mujeres víctimas de violencia por la incertidumbre en torno al presupuesto, según Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.
Aunque sostuvieron una reunión con autoridades federales, las OSCs reportaron que no hubo claridad sobre el presupuesto que el Estado mexicano ha destinado para prevenir y atender las violencias contra mujeres y niñas durante la emergencia de COVID-19.
El encuentro tuvo lugar el 22 de mayo pasado y contó con la participación de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, Amnistía Internacional México, Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs); comunicaron que las medidas de austeridad para atender la pandemia no contemplan excepción de gastos para programas prioritarios que prevengan y erradiquen violencias hacia las mujeres.
Por el contrario, criticaron, hay un criterio preocupante para destinar financiamiento a proyectos y programas insignia del gobierno federal, tal como la continuación del Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.
Maïsa Hubert reprochó que los programas sociales insignia de AMLO no tienen indicadores de éxito ni garantizan la reducción de la brecha de desigualdad en México, pero no dejan de recibir financiamiento, como sí ha ocurrido con la política pública para atender violencia contra mujeres.
Hace un mes, el 23 de abril, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador publicó un decretó en el que se enumeraban 38 programas prioritarios que no dejarían de operar ni les serían suspendidos presupuestos en ánimos de atender la crisis sanitaria. Pero el apartado “Defensa de los derechos humanos” no está detallado en su cobertura presupuestal, de ahí que las OSCs reclaman precisión, pues en ninguno de los puntos hay señalamiento específico para políticas que observen prevención y erradicación de violencias contra niñas y mujeres.
“No existe claridad sobre los recursos para atender la violencia contra las mujeres, problema que ha sido reconocido como una pandemia por las Naciones Unidas”, expusieron este lunes en un comunicado conjunto las OSCs referidas.
Además, las agrupaciones en defensa de niñas y mujeres consideraron alarmante que, en la reunión con autoridades federales, se informara sobre la cancelación de recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, mismo que contempla apoyo económico a las CAMIs.
“Tenemos más de 30 CAMIs con una gran afectación. Ya tenemos casos de contagios (de COVID-19) en algunos”, refirió Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en una videoconferencia de prensa donde también participaron Maïsa Hubert de Equis Justicia para las Mujeres y Wendy Figueroa, quien preside la la Red Nacional de Refugios.
“Necesitamos tener la respuesta de Segob y el INPI, no podemos continuar a la deriva poniéndonos en riesgo todas las compañeras”, agregó Reneaum Panszi.
Exigir presupuesto no es gratuito, pues las OSCs enfatizaron que en la emergencia sanitaria la violencia hacia mujeres se ha acentuado por el confinamiento, pues ellas están encerradas con sus potenciales agresores y, aunado a esto, las restricciones de movilidad han generado una disminución en redes de apoyo, es decir, personas o agrupaciones que pudieran asistir a las afectadas.
Por su parte, Estefanía Vela Barba, de Intersecta, refirió que las llamadas telefónicas relacionadas con violencia contra la mujer fueron 21,7722.30 por hora durante abril pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recién publicados este lunes.
Al respecto, la presidenta de la Red Nacional de Refugios proyectó que el servicio de atención a víctimas de violencia podría incrementar aún más, después de levantada la cuarentena. Mientras tanto, las mujeres están resguardadas para no exponerse al contagio del virus.
“Habrá incremento en la demanda de servicios levantada la cuarentena, (actualmente) tienen miedo a salir de sus casas, esperan a que se levante la contigencia”, refirió Figueroa.
Si los centros de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia no tienen presupuesto, será inevitable el cese de sus operaciones, alertaron las OSCs.
Las OSCs también hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que vigilen la aplicación del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que contempla una imposibilidad de reducir apoyo económico dirigido a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.
“Hacemos un enérgico llamado a las diputadas y diputados para vigilar la permanencia de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a prevenir y atender la violencia contra las mujeres”, señalaron las agrupaciones.
En consecuencia, las OSCs pidieron que en la próxima reunión con Segob haya participación de la Secretaría de Hacienda para definir los gastos a la política de erradicación y prevención de violencias contra mujeres. Este encuentro será en junio y en fecha por establecer.
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