COVID-19 se convirtió en otro obstáculo para mujeres que buscan interrumpir su embarazo en México

La interrupción legal (ILE) y clandestina del embarazo es una decisión difícil de tomar, pues conlleva procesos de discriminación, estigma, daños emocionales, falta de acompañamiento y de información, entre otros. Pero en el contexto de la emergencia sanitaria, el proceso de aborto se ha visto afectado por obstáculos derivados de las medidas sanitarias.

Aunque el servicio de ILE está establecido como actividad de salud esencial, ello no implica que haya impedimentos derivados para concretar por decisión voluntaria o mandato jurídico. Por ejemplo, están aquellas dificultades desprendidas de la restricción de movilidad y la disposición de revisar posibles síntomas de COVID-19.

En la Ciudad de México, entidad donde es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas, el servicio opera tanto en clínicas públicas como privadas, tal como verificó Infobae México a través de diversas llamadas a funcionarios de salud y clínicas particulares que garantizan este derecho de salud sexual y reproductiva.

Pero hay casos como el de Bianka Verduzco, quien abortó en la actual emergencia sanitaria, encerrada en una habitación de Tijuana, Baja California, y siguiendo el protocolo de aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y aunque en una opción para interrumpir su embarazo pudo haber cruzado a Estados Unidos, la frontera fue cerrada parcialmente, y prácticamente solo circulan quienes realizan actividades comerciales. Esto, según consignó la agencia EFE.

Cabe mencionar que la regulación del aborto en México se establece a nivel estatal. De ahí que existen circunstancias donde no es castigado ni considerado delito. En las 32 entidades del país, por ejemplo, el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación.

Pero solo en 24 está permitido interrumpir el embarazo cuando representa peligro de muerte para la madre. Mientras que 16 entidades permiten abortar en caso de existir alteraciones genéticas graves; 15 estados lo contemplan cuando hay riesgo a la salud y a la inseminación artificial no consentida; y 2 entidades aceptan razones socioeconómicas para proceder con el aborto. Actualmente, solo Oaxaca y la Cd. Mx permiten el servicio de ILE hasta las 12 semanas de gestación, de acuerdo con la agencia informativa española.

En la capital existen cuatro clínicas públicas donde el servicio de ILE es proporcionado de manera gratuita, pero solo tres operan en la actual emergencia sanitaria, estos son: el Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán; la Clínica Especializada en la Salud de la Mujer “Marta Lamas”; y la Clínica Comunitaria Santa Catarina; de acuerdo con datos del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).

Pues este derecho de interrupción del embarazo es un servicio de salud y por tanto, debe acatarse como actividad esencial en el contexto de la pandemia, según lo dispuesto por autoridades sanitarias federales. Ya sea por voluntad, donde está regulado, o por mandato jurisdiccional, en estados que contemplen el aborto por causa de violación, por ejemplo.

También hay clínicas privadas y fundaciones que tampoco interrumpieron el servicio de aborto legal en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, GineClinic, Consmed Ginecología, Ginecen, Fundación Naiset y Fundación Mariestops; centros sanitarios que fueron contactados por Infobae México.

Una de las dificultades que enfrentan quienes deciden abortar es la falta de acompañamiento, pues en la emergencia sanitaria, esta cuestión se ha visto agudizada, ya que el confinamiento obliga a un distanciamiento físico entre personas. Por ello, las posibles redes de apoyo se ven mermadas.

Aunado a que las mujeres están confinadas con familiares a quienes normalmente esconden su embarazo o aborto por el estigma generado. En ese caso, la cuarentena dificultaría aún más una opción de aborto en casa.

Otro problema agravado en el contexto de la emergencia sanitaria está vinculado a las restricciones de movilidad para evitar contagio, pues mujeres que quisieran viajar a la capital, porque en sus entidades no está garantizado el derecho al aborto voluntario, podrían exponerse a contraer la enfermedad. Debido a que vendrían al epicentro del COVID-19, cuando, posiblemente, sus localidades no tengan un problema grave de coronavirus.

Aunado a vuelos o corridas de camiones que han sido limitados, según Oriana López Uribe de Fondo María y consultada por Cuestione.

Aunque los centros sanitarios, públicos y privados, deben seguir medidas dispuestas por la Secretaría de Salud, hay lineamientos que limitan un acceso expedito al derecho de aborto. Por ejemplo, hay clínicas que deben espaciar citas al día para evitar aglomeraciones. Ello ralentiza el proceso de atención.

Otra medida de protocolo, que pudiera resultar contraproducente, es aquella que implica detección de síntomas asociados a COVID-19 y la disyuntiva de atender a la paciente que acude a abortar o, primero, canalizarla a atención médica correspondiente con sus señales de enfermedad.

Es decir, un escenario donde la paciente llega a la clínica con servicio de aborto, ahí le detectan alta temperatura o posible cuadro de gripe, entonces, ella no podría ser atendida en ese momento y volver cuando compruebe que no contrajo infección del coronavirus.

Por otro lado, también están los plazos y la extensión del confinamiento (Jornada Nacional de Sana Distancia). Al respecto, Amnistía Internacional recomendó que los países debería flexibilizar el acceso al aborto a las legislaciones que especifiquen tiempos de gestación.

“Ante los retardos previsibles en el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo, los Estados deberían considerar flexibilizar el acceso a este servicio para aquellas legislaciones que prevean un sistema de plazos, independientemente de la razón por la cual se solicita la interrupción del embarazo”, puntualizó el organismo internacional en una guía para proteger los derechos humanos de mujeres y niñas durante el COVID-19 emitida en abril pasado.

También estarían las consecuencias de crisis económica derivada de la parálisis de actividades laborales, pues muchas mujeres o parejas verían un obstáculo en costear el aborto. Por ejemplo, aquellos que decidieran viajar a la capital, con el saldo que ello implica en materia de hospedaje y transporte, y pagar por el servicio de salud en una clínica privada si el servicio público está saturado. Condiciones que abonan a la posible precariedad de muchas mujeres antes de la pandemia y agravadas en ella.

En 2019, las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de la Cd. Mx realizaron 9,084 interrupciones voluntarias legales de embarazo; de los cuales, 3,431 correspondieron a mujeres no pertenecientes a la capital, pues 2,919 fueron del Estado de México, entidad aledaña y los 512 casos restantes, de estados próximos como Puebla (101), Hidalgo (66), Morelos (45), Querétaro (42); y otras entidades más lejanas como Jalisco (41), Veracruz (32) y Guanajuato (23). Pero también hubo interrupciones de mujeres identificadas con estados como Baja California, Yucatán, Sinaloa y San Luis Potosí. Esto, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Además de esas vulnerabilidades, están aquellas que son “habituales” y arriesgan la vida de las mujeres, como abortar en la clandestinidad, sin asesoría ni garantías de seguridad sanitaria. Especialmente, por la gran mayoría de entidades que aún no regulan el acceso legítimo a la interrupción voluntaria del embarazo.

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