“Cada quien interpreta los datos como los entiende, lo cierto es que en todas las mediciones, incluso de Transparencia Mexicana, se indica que la corrupción está bajando en México”, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al informe del INEGI que informó que la corrupción en trámites aumentó el 64% durante el primer año de su gobierno.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el número de víctimas y de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció en 2019 en el país respecto al registrado dos años antes.
Para la secretaría de la Función Pública, el dato más destacado del estudio es que el gobierno federal es hoy percibido como el más honesto de los tres órdenes de gobierno.
“La estrategia anticorrupción que lidera la Secretaría de la Función Pública y el trabajo cotidiano de la Administración Pública Federal se han traducido en confianza de las y los mexicanos, y ha permitido sumarlos en esta frontal y contundente lucha contra las malas prácticas del pasado”, se lee en un comunicado de la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros celebró que los datos de la ENCIG demuestren que se ha logrado duplicar la población que confía en el gobierno federal, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.
“Este cambio es histórico”, dijo.
A pesar del entusiasmo de Sandoval, el presidente López Obrador aceptó en su conferencia matutina de prensa del viernes que en niveles inferiores del gobierno, se siguen presentando actos de corrupción.
“Vamos de arriba para abajo y abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya cambió, por más que les mando telegramas avisándoles. ‘La situación cambió, cero corrupción, cero impunidad, ten cuidado, no vayas a terminar en el bote’”, advirtió el mandatario.
En la misma conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, quien presuntamente tiene varios familiares en el gobierno, lo que contravendría la Ley de Austeridad promulgada en este sexenio.
“No (es nepotismo), y se da el caso que hay familiares trabajando en áreas distintas. En el caso de Luisa María Alcalde, es ella secretaria del Trabajo y su hermana que trabaja como abogada en la Secretaría de Seguridad Pública, porque es una profesional”, respondió sobre un reportaje de El Sol de México.
“Ojalá contáramos con más mujeres así, son la verdad las dos excepcionales, bien preparadas, honestas y sobre todo con dimensión social, le tienen amor al prójimo. No hay nepotismo, pero si tienen ustedes elementos, están en todo su derecho de presentar una denuncia, además ya está tomando nota la secretaria de la Función Pública, seguramente ella va a hacer la investigación de oficio si existiera nepotismo, porque no se permite, la Ley de Austeridad lo prohíbe”, agregó López Obrador.
“En el caso de las dos hermanas, no considero que haya nepotismo”, concluyó.
Luisa María Alcalde no es el caso más comprometedor dentro del primer círculo de López Obrador. La Fiscalía General ya investiga los contratos que celebró el gobierno con el hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Bartlett ya había protagonizado un escándalo en 2019 cuando Función Pública lo deslindó de toda irregularidad cuando se descubrió que no reportó una serie de valiosos inmuebles en su declaración patrimonial.
Desde su llegada al gobierno de la Cuarta Transformación, la figura de Bartlett desató diversas reacciones, principalmente adversas, justo por su pasado priista.
El 28 de agosto de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el actual director de la CFE posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con la información, Bartlett Díaz tendría una riqueza de 51 millones de pesos de ingresos anuales, aunque sus percepciones son menores, considerando el valor de las supuestas propiedades a su nombre, el de sus hijos y su pareja sentimental, Julia Abdala.
La investigación reveló que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el director de la CFE se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas.
Bartlett Díaz “omitió” incluirlas en su declaración porque no está casado, y porque sus hijos son mayores de edad.
Manuel Bartlett aclaró que la poblana Julia Abdala es su pareja sentimental desde hace más de 20 años y aunque no tenga un matrimonio con ella, no significa que esté negando su “afortunada relación”.
Tras el escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo a Bartlett y aseguró que se trataban de ataques y “un intento de desprestigio” por parte de “los conservadores” y de la “prensa fifí”.
Sin embargo, aseguró que la Secretaría de la Función Pública investigaría al funcionario… pero no lo movió de su puesto.
Mientras se realizaba la investigación surgió otro escándalo: a inicios del mes de octubre del año pasado, se dio a conocer una lista con numerosos nombres de personas y empresas beneficiadas con condonaciones millonarias por parte del SAT.
Entre los beneficiarios apareció Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett. Abdala es propietaria de Digilogics, S.A. de C.V, empresa creada en 2008 bajo el folio mercantil 389696 y la cual, obtuvo una condonación de 136,199 pesos entre los años 2015 y 2019.
De acuerdo con la periodista Arelí Quintero, Julia Abdala Lemus es propietaria de las empresas: JAL Consultoría Especializada, Digilogics S. A de C. V., la joyería Tidure´s by Julia Abdala, Modafil, constituida en sociedad con su hermana María Guadalupe Abdala Lemus; y TZ’IKIN Desarrolladora Inmobiliaria. Pero hasta antes de su relación con Barlett, no era propietaria de ninguna empresa en la Ciudad de México.
A inicios de mes, justo cuando México atraviesa por el momento más crítico en el número de contagios y personas fallecidas a causa de la pandemia del Covid-19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, vendió al gobierno del estado de Hidalgo, ventiladores respiratorios para atender a pacientes con coronavirus a un precio más alto que el del mercado.
De acuerdo con la investigación, la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, 1,550,000 pesos por cada equipo, “que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19”.
En la revisión de contratos se compararon los precios pagados por el Gobierno federal por ventiladores de similares características. Entre las adquisiciones comparadas destacó la realizada por el IMSS el 30 de marzo a Levanting Global Servicios LLC de 2,500 respiradores provenientes de China a un precio promedio de 888,000 pesos; y la asignada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la empresa Gestión en Riesgos de Desastres SA de CV por 1,330 ventiladores a un precio unitario de 898,000 pesos.
La investigación ocasionó un escándalo. En algunas entrevistas periodísticas, León Manuel Bartlett Álvarez se defendió y aseguró que no existía ningún conflicto de intereses. Este miércoles 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett.
El Instituto argumentó que luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados como lo es la “pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento”.
Así, el discurso anticorrupción de López Obrador, que fue bandera de su campaña presidencial, ha quedado en entredicho a poco más de año y medio de gestión.
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