De acuerdo con el estudio “Efectos del COVID-19 en la deuda pública”, realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el saldo de la deuda pública podría tener un crecimiento real de 21% para este año.
El estudio se refiere a que los factores que pueden impactar en la deuda pública son la disminución en los ingresos, el aumento del gasto público, la depreciación del peso y un mayor costo en las transacciones de la deuda.
De igual manera, plantea dos escenarios: en el primero, de mantener la política de austeridad, el saldo de la deuda pública podría incrementarse 15% real respecto a 2019 y llegar a 103 mil 549 pesos por persona.
Por otro lado, si se aplica una política fiscal contracíclica, abundó el CIEP, mediante un aumento del gasto público en 2.6% del PIB, el saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21% y llegaría a 108 mil 653 pesos por persona.
Asimismo, prevé que la actual crisis sanitaria y económica tendrá dos factores en la deuda pública: los directos y los indirectos.
Los directos incrementarán la necesidad de mayor financiamiento para cumplir con el ejercicio del gasto público.
La institución detalló que indicó que la implementación de las medidas para frenar la propagación del COVID-19 ha generado un doble efecto en la economía mexicana, lo que genera una disminución de los ingresos públicos.
Por otro lado, los indirectos son aquellos que incrementarán el saldo de la deuda, producto de operaciones ajenas al funcionamiento del sector público, como un incremento en la deuda externa debido a la depreciación del peso.
Ingresos públicos disminuyen por coronavirus
Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 han generado un doble efecto en la economía mexicana y eso genera disminución de los ingresos públicos.
El CIEP expuso que por un lado, hay una contracción de la demanda agregada, resultado de las medidas de aislamiento social, lo que genera una caída en el consumo directo de los hogares; y por otro, hay un choque en la oferta, que es resultado tanto del paro de las actividades no esenciales, así como de la disminución de los bienes y servicios que se importan de otros países.
Lo anterior deriva en una disminución de los ingresos que recauda el sector público por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en general, de los ingresos tributarios.
Además de ello, cabe recordar que también hay una caída de los ingresos que obtiene el sector público por la venta de petróleo, tanto por una disminución en la demanda internacional, así como por la caída histórica del precio del petróleo.
El investigador de deuda pública del CIEP, Carlos Aviud Vázquez Vidal, afirmó que si se considera que en 2019 la economía mexicana se contrajo 0.1%, para finales de 2020 el país llevaría dos años consecutivos de caída del PIB.
En este contexto, a parecer del experto, se requiere una política fiscal contracíclica que estimule la recuperación de la actividad económica, lo que permite evitar que la disminución del gasto contribuya a la volatilidad macroeconómica y la caída de la inversión, así como al aumento del desempleo, subrayó.
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