Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ocultó USD 50 millones en paraísos fiscales, de acuerdo con las denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los recursos de dichas empresas, según la denuncia de la UIF, provienen probablemente de los sobornos que recibió el ex funcionario de la delincuencia organizada cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012.
Fue el 15 de mayo que Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer de dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra García Luna y Luis Cárdenas Palominio, ex encargado de la seguridad regional de la Policía Federal (PF). Una tercera denuncia fue ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Dicha investigación fue concluida antes de que en Estados Unidos detuvieran a Genaro García, que sucedió el 10 diciembre del 2019. Santiago Nieto contó a Univisión que en México estaban por interponer las denuncias ante la FGR y SFP, y añadió que lograron realizar “un congelamiento de cuentas de forma inmediata”.
La acusación en la Corte del Distrito de Nueva York es por los sobornos que recibió del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones. Ante lo que se ha declarado no culpable.
Para el 24 de diciembre, dos semanas posteriores a la detención, Nieto presentó las denuncias correspondientes por lavado de dinero ante a Fiscalía y una más ante la Función Pública, y a las que tuvo acceso dicha cadena de televisión.
“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo”
Son recursos que posteriormente las empresas fantasma transferían a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.
Entonces, Hacienda ordenó que se congelaran las cuentas de García Luna, su esposa, hermana y sus socios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla. Misma acción incluyó para la compañía de seguridad Glac, Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav, las tres últimas pertenecen a los Weinberg. El estatus de las cuentas es el mismo, hasta ahora.
La compra de una casa en Florida fue el punto de partida
Del 2014 al 2019, García Luna declaró ante Hacienda ganancias por USD 39,000. Pero en el 2016 informó que durante todo ese año no generó ingresos y pagó una cantidad mínima de impuesto. Pero en ese momento, el ex funcionario vivía en una residencia al sur de Floria, valuada en USD 3 millones y el seguimiento de la adquisición de ésta fue que se generó la investigación.
“Se considera que dichas cantidades resultan burlescas y no corresponden con los ingresos requeridos por una persona cuyo asiento se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Florida”, se indica en la denuncia.
En tanto, entre 2012 y 2019, detectaron que la red de empresas asociadas García Luna ingresó USD 200 millones al sistema financiero mexicano, una parte de los recursos no se conocía su origen y otra parte de pagos de instituciones del gobierno federal.
Santiago Nieto explicó que el ex secretario de Seguridad no tenía la capacidad económica para adquirir un inmueble de esa naturaleza.
La operación de la compra de la casa en Golden Beach, Florida, que fue el 2012, se hizo por una red de empresas de Panamá y Florida. Lo anterior son documentos judiciales del caso en New York.
En tanto, las autoridades mexicanas llegaron a esa información porque una agencia norteamericana, que investigaba a un ex diplomático mexicano, les sugirió que empezara a ver los nexos al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
“Se trabajó en colaboración con la DEA para poder revisar quiénes eran las personas involucradas. Nosotros no hacemos inteligencia de campo para poder verificar los inmuebles, pero sí detectamos a partir de información del tema financiero”, puntualizó Santiago Nieto.
La investigación sobre la adquisición de la casa condujo a Nunvav, compañía de los Weinberg, creada en Panamá en 2005 y para el 2011, ésta solicitó permiso para operar en México.
Es una empresa que recibió pagos por USD 214 millones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 al 2018.
En la denuncia se estableció que García Luna operaba los Weinberg y Nunvav fue utilizada para “enmascarar los ingresos obtenidos por el pago de sobornos, con la intención de darles apariencia de licitud”.
Fue la misma compañía a la cual Secretaría de Gobernación le pagó USD 104 millones, entre 2013 y 2017. El dinero se transfirió a una cuenta de la empresa en Panamá del banco New York Mellon.
Otro ejemplo de los movimientos fue que una transacción de USD 4.3 millones a su cuenta de Panamá y USD 7.4 millones a una cuenta de Barbados.
Aunque movían esa cantidad de recursos, su declaración ante Hacienda era que tenían pérdidas y no pagaban impuestos.
La indagatoria del gobierno mexicano concluyó que García Luna no aparecía como accionista, pero Nunvav fue usada para “triangular millonarias cantidades de recursos que posteriormente llegarían a manos del exfuncionario federal".
Fueron los recursos que se triangularon por dicha empresa que permitieron mantener a García Luna en Miami. “Esto nos lleva a inferir que efectivamente los accionistas registrados en relación con Nunvav Inc son prestanombres”, se menciona en la investigación
Santiago Nieto puntualizó que “el factor más importante es cómo un hombre que llegó a detentar tanto poder, en el gobierno de Felipe Calderón, pudo haber generado pactos con la delincuencia organizada y pudo haber generado actos de corrupción de ese nivel”.
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