El mercado eléctrico de México es el último campo de batalla en un enfrentamiento cada vez peor entre la élite empresarial del país y el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el Gobierno acelerara nuevas reglas que ponen en riesgo miles de millones de dólares en inversiones en energía limpia.
López Obrador dijo que defenderá la industria energética nacional, después de que el principal grupo de presión empresarial del país, conocido como CCE, hiciera un llamado al Gobierno para revocar las medidas y amenazara con acciones legales.
La relación de López Obrador con la élite empresarial del país ya se está acercando a un punto de quiebre, después de que se negara a implementar un plan de estímulo robusto para mitigar una crisis económica inminente debido al confinamiento por el coronavirus. Ha estado enojando a la empresa privada desde que fue elegido en 2018, cuando canceló un proyecto aeroportuario de US$13.000 millones que ya estaba en marcha, y más recientemente al respaldar un referéndum local para cerrar una planta de cerveza parcialmente construida.
El presidente tuvo algunas palabras duras para el sector eléctrico privado en su conferencia de prensa matutina el lunes, cuando dijo que las compañías tienen todo el derecho de ir a los tribunales, y el Gobierno tiene el derecho de hacerlo dentro del marco legal actual y en defensa de los intereses de los ciudadanos mexicanos.
Los líderes empresariales han criticado al Gobierno por usar la pandemia de coronavirus como excusa para aprobar las nuevas reglas que, argumentan, obstaculizarán la competencia. En una carta publicada durante el fin de semana, el CCE lo calificó como una “violación flagrante del marco legal y constitucional mexicano”.
Las nuevas medidas publicadas el viernes imponen una serie de limitaciones y pruebas a los nuevos proyectos de energía limpia y otorgan al Centro Nacional para el Control de la Energía, conocido como Cenace, el poder de rechazar las solicitudes de nuevos estudios de plantas y priorizar la empresa estatal de servicios públicos, CFE. Sin las pruebas, las nuevas plantas no podrían entrar en funcionamiento.
El acuerdo se publicó sin respetar los procesos legales y regulatorios y pone en riesgo inversiones en electricidad por más de US$30.000 millones en 18 estados, agregó el CCE. El grupo alega que eso representa un ataque frontal a la seguridad jurídica de las inversiones en México, causando serias consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, la confianza de los inversores y los daños a los proyectos de electricidad de todas las tecnologías.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, conocida como Conamer, había intentado detener el proceso la semana pasada, solicitando más estudios de impacto regulatorio. Conamer dijo que costaría a las compañías cumplir con las nuevas reglas. El jefe de esa organización, César Hernández, renunció el viernes, el mismo día en que se aprobaron las medidas.
La Unión Europea y Canadá enviaron cartas al Gobierno criticando las nuevas reglas, y American Chamber of Commerce of Mexico publicó una declaración en la que asegura que el proceso acelerado perjudica el estado de derecho en el país.
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