Además de la crisis sanitaria y económica que vive México en medio de la pandemia por coronavirus, se está atravesando también una confrontación energética luego de que el actual gobierno, dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diera a conocer por medio del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de la Secretaría de Energía, que se suspenderían de manera indefinida las pruebas críticas para nuevo proyectos de energías renovables.
Ante esto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo de representación empresarial CONCAMIN, la Cámara Americana de México entre otros, comenzaron a denunciar que esto beneficiaba injustamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al frenar la competencia.
Ahora, el Wall Street Journal (WSJ), un reconocido medio estadounidense, destacó en uno de sus artículos que el gobierno de López Obrador esta tomando un control estricto del mercado eléctrico que afecta proyectos con un valor cercano a los 6 mil millones de dólares invertidos, en un momento donde México enfrenta una recesión económica debido a la pandemia.
El medio afirmó que, en efecto, las nuevas reglas aventajan a la CFE por encima de los desarrolladores privados que han estado invirtiendo en el país, lo que retrasa la apertura del mercado del sector a los inversionistas extranjeros.
Este freno de proyectos ocurrió en un momento en que la caída de la demanda causada por el coronavirus generó un incremento de necesidad de energías renovables. El embajador designado de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo en una carta a Rocío Nahle, Secretaria de Energía de México, que estas normas “ponen en peligro la operación y la continuidad de los proyectos de energía renovable de las empresas canadienses en México”.
Por otra parte, el WSJ apuntó que este movimiento “desalienta la inversión y crea tensión con el sector privado“. Hasta el momento, 44 proyectos programados para operar de manera comercial entre 2020 y 2021 han sido detenidos. En ellos hay unos 6 mil 400 millones de dólares invertidos en la construcción.
El medio señaló que desde que Obrador tomó la presidencia ha cancelado constantemente proyectos en los que participaba la iniciativa privada. Este fue el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la construcción de una cervecera estadounidense en el estado de Baja California.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) informó que esto genera una atmósfera negativa para la inversión privada internacional que crea, sobre todo, incertidumbre e inhibe a la competencia. Ademmás aseguró que es muy posible que México se contraiga hasta 8% este año por la pandemia.
El artículo hace hincapié en como estas modificaciones en las normativas generan más participación de la CFE que de las compañías privadas. Incluso, hace poco el gobierno buscó otorgar contratos de energía limpia a la empresa estatal para las plantas hidroeléctricas con las que cuenta en el territorio nacional.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), no opera instalaciones eólicas o solares significativas y depende principalmente de plantas de energía que utilizan gas natural y combustibles pesados para la generación de electricidad, aunque tiene grandes centrales hidroeléctricas y algunas plantas geotérmicas
En un comunicado conjunto la CCE y la Cámara Americana de México calificaron estas acciones como una “violación flagrante del marco constitucional y legal” por lo que solicitaron la eliminación de las mismas. También, aseguraron que esto “permite a las autoridades aumentar artificialmente el costo de generación en el país y desplazar cualquier proyecto de generación del sector privado”.
El director ejecutivo de una compañía de generación de energía con grandes proyectos renovables en el país aseguró que se inyecta energía privada barata con el fin de que la CFE compense el déficit con las plantas de fulóleo pesado que dirige. “La confianza en el mercado energético de México se está erosionando por completo”, dijo.
Otra de las afectaciones se ve reflejada en los préstamos que ha recibido México para el sector. De acuerdo con Reforma, el Banco de Desarrollo de América del Norte, un prestamista binacional administrado por los gobiernos de Estados Unidos y México que usa fondos de los contribuyentes para invertir en proyectos de infraestructura, dio al país un aproximado de 380 millones de dólares para proyectos renovables.
La CFE ha señalado que esta nueva política no vulnera el Estado de Derecho porque no modifica las leyes en la materia, pues se esta asegurando la garantía del suministro eléctrico tras la pandemia. Sin embargo, las compañías privadas ven esto como “un asesino para la reforma energética” implementada en 2014.
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