“No se cambian las leyes, se mejoran las reglas”: la respuesta de CFE a la controversia por la Política de Confiabilidad

Asimismo, puntualizó que es incorrecto afirmar que se viole el Estado de Derecho

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La Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que se está garantizando el servicio ante la emergencia sanitaria (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad, y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no vulnera el Estado de Derecho, porque no modifica las leyes sobre la materia.

Fue un acuerdo que el sector privado y organismos empresariales indicaron que limita la participación en energías renovables, alejará las inversiones del país, además, de que se incumplió la ley al exentarlo de consulta pública.

En un boletín de prensa, CFE informó que “es incorrecto afirmar que la política de confiabilidad vulnere el Estado de Derecho, por el contrario, se está asegurando la garantía de suministro eléctrico a los usuarios finales ante la pandemia”.

La Comisión indicó en dicho documento que “no se cambian las leyes, sino que se mejoran las reglas de aplicación, para proteger el interés general, a fin de que no se causen apagones generalizados, debido al descuido de las reglas básicas de operación y planificación del sistema eléctrico, ante la alta concentración regional de generación intermitente”.

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La CFE informó que Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad, y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no vulnera el Estado de Derecho (Foto: Twitter@CFEmx)

La CFE puntualizó que la Política de Confiabilidad permitirá el desarrollo ordenado del sector eléctrico, de acuerdo con el crecimiento del país.

En tanto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó sobre los efectos negativos de los cambios en materia de energías limpias, lo cual podría profundizar la recesión económica, además poner en riesgo calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en el mediano y largo plazo.

Con el acuerdo, CFE justificó en el comunicado, que se busca articular la planificación integral del Sistema Eléctrico Nacional, “fortaleciendo a la CFE para que vuelva a ser el pilar del desarrollo nacional, a fin lograr la independencia energética y bajos costos, cumpliendo siempre con los compromisos internacionales de cambio climático”.

La Comisión hizo referencia que en el artículo 21 constitucional establece que el control del SEN, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica corresponde de manera exclusiva a la Nación.

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El acuerdo emitido por la Secretaría de Energía asume el control total del Sistema Eléctrico Nacional e impide inversiones privadas en energías limpias (Foto: Getty)

Fue el 15 de mayo que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en su versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad, y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) "con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

A través del cual la dependencia asume el control total del Sistema Eléctrico Nacional e impide inversiones privadas en energías limpias. Cabe señalar que se sustituyeron los lineamientos publicados en febrero del 2017, bajo la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El acuerdo se emitió sin someterlo al procedimiento de mejora regulatoria que permitiría mostrar las consecuencias de las nuevas reglas en el sector.

Cabe señalar que César Emiliano Hernández Ochoa, renunció como titular de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), ya que había rechazado la publicación del acuerdo y, en su momento, indicó que se debía contar con un análisis y procedimiento de mejora regulatoria.

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) alertaron sobre el impacto negativo del acuerdo en la imagen del país.

La Coparmex expresó en un comunicado de prensa: “Constituye una acción temeraria que, de no ser reconsiderada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahuyentará, en plena pandemia sanitaria y crisis económica, inversiones en el país”.

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