¿Traición o necesidad?: radiografía del decreto de López Obrador para mantener al Ejército en las calles

En 2012 el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hablaba de regresar a los cuarteles en el Ejército. Después de año y medio como presidente de México y con los índices de violencia en franco crecimiento, la realidad alcanzó al tabasqueño y firmó un decreto para el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria hasta marzo de 2024.

Aunque no se trata de una traición a sus promesas, para el maestro en Ciencias Penales y especialista en Inteligencia y Procesos de Seguridad, Ramón Celaya Gamboa, sí existe una incongruencia en el movimiento del mandatario.

Celaya Gamboa analizó en entrevista con Infobae México las diferentes aristas del acuerdo. Si bien da certeza jurídica a la actuación castrense en un país que ha estado militarizado durante los pasados 20 años, el decreto es ambiguo en materia de respeto a los Derechos Humanos.

El decreto

El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto con el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, establece la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria hasta marzo de 2024.

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, se lee en el documento.

El debate y los pronunciamientos cuestionando el decreto presidencial no se hicieron esperar, y surgieron desde distintos sectores.

Incluso el Partido Acción Nacional (PAN) llamó a la creación de un “frente contra la militarización del país”, pese a que el año pasado aprobó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que prevé en su artículo quinto transitorio que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad hasta 2023.

En su conferencia del jueves pasado, López Obrador defendió dicha disposición. Aseguró que se necesita del profesionalismo y disciplina del Ejército Mexicano y de la Marina para enfrentar el grave problema de violencia e inseguridad en el país.

Argumentó que no quiere que la Guardia Nacional terminé en un fracaso como lo fue la Policía Federal, “Una corporación que se hizo sin disciplina, que se plagó de corrupción; y ya no voy a hablar de quiénes manejaron esa corporación”.

"No quiero que la Guardia Nacional terminé como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, indicó el mandatario mexicano.

La radiografía

Para el maestro Celaya Gamboa, el decreto de López Obrador es una manera de darle forma a las tareas de Seguridad Pública, que las Fuerzas Armadas vienen realizando en el país desde hace 20 años.

"Desde hace 20 años las Fuerzas Armadas realizan tareas de Seguridad Pública y sin contar con un decreto, no porque las Fuerzas Armadas lo hayan decidido así.

La realidad es que los gobiernos en turno, de distintos partidos políticos, han utilizado las Fuerzas Armadas ante la incapacidad de los cuerpos policíacos para tratar de contener la ola criminal que azota al país", indicó el especialista.

Si bien Celaya Gamboa señala que es un acuerdo “sin mucho contenido jurídico para ser analizado”, el plazo que fija para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es un punto a favor.

También asegura que se puede impugnar al ser una orden ejecutiva, y como antecedente está la Ley de Seguridad Interior que fue declarada inválida por la Corte al considerar que era violatoria de derechos humanos.

Sin embargo, el experto en temas de Seguridad cuestionó las acciones orientadas a la impugnación, pues considera que no son congruentes con la realidad.

"Ahora, ¿este acuerdo es impugnable?, claro que se puede impugnable... Pero entonces, la pregunta es: ¿Si lo empujamos y decretan invalido este acuerdo, las Fuerzas Armadas van a dejar de hacer labores de Seguridad Pública?, la respuesta es no.

No, porque lo han venido haciendo desde hace 20 años aproximadamente, y lo han venido haciendo porque incluso han sido reclamos de los gobierno estatales. Yo he escuchado a muchos gobernadores decir que si no fuera por la presencia del ejército en las calles, su entidad ya se hubiera salido del control.

Entonces creo que es una solución muy simplista impugnar el acuerdo, que se deje sin efectos, porque las Fuerzas Armadas no van a dejar de realizar la tarea , por instrucción presidencial, aunque sea de manera verbal", explicó.

Celaya Gamboa dice que el decreto de López Obrador no es traición a las promesas de campaña del presidente, pero sí una incongruencia que atiende y responde a muchas cuestiones. Una de ellas es que no lo asesoraron de manera correcta, y no le dijeron que llevaría tiempo, años, lograr la consolidación y correcta implementación de un cuerpo como la Guardia Nacional.

“Yo no creo que las traicione (las promesas de campaña), pero sí creo que actúa de manera incongruente, ¿por qué?, porque efectivamente él había dicho que el ejército tiene que estar en los cuarteles, no tiene que realizar tareas de Seguridad Pública, y ahora celebra la actuación del ejército en Seguridad Pública, pero más que una traición yo lo consideraría una incongruencia de parte del presidente y de muchos factores políticos en torno a eso.

Así hablaba el candidato López Obrador en 2017 sobre retirar al Ejército de las calles

Y responde a muchas cuestiones. Respecto a la conformación de la Guardia Nacional, yo creo que los asesores del presidente no lo asesoraron de manera correcta.

La conformación de un cuerpo policíaco del tamaño y de la magnitud de la Guardia Nacional requiere muchos años de implementación, no es cuestión de seis meses como se mencionó, o un año; estamos hablando probablemente de todo el sexenio para consolidar y realmente volver a la Guardia Nacional un cuerpo operativo eficiente con capacidad de respuesta nivel nacional.

Entonces yo creo que el presidente, con toda esta violencia, con todo este tema de homicidios dolosos.. tiene que echar mano de lo que tiene, por eso las incongruencias, no tanto traición porque hay un grave problema de delincuencia en el país, que tiene que resolverse", considera el experto.

Celaya Gamboa explica que el decreto no militariza, solo da certeza jurídica a las labores del Ejército y la Marina en materia de tareas de Seguridad Pública, pero pone en foco una reflexión: "los anteriores gobiernos no tuvieron la voluntad política ni fueron capaces de construir una policía civil con una sólida formación.

“Realmente con este documento se le da certeza y legalidad a la actuación de las Fuerzas Armadas, pero con una anotación o una acotación, no es lo deseable porque las Fuerzas Armadas no están preparadas y no es su su misión constitucional realizar tareas de Seguridad Pública.

Y aquí viene, digamos como la reflexión que teníamos que poner sobre la mesa, por qué en tres sexenios más o menos, qué es el tiempo que los gobiernos federales, de distintos partidos políticos, han utilizado las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por qué no han sido capaces de crear cuerpos de policías civiles preparados, con una sólida formación profesional en valores y lo más importante de todo con un sueldo digno que realmente les permita comprometerse con la función policial, por qué a ningún gobierno, del partido que sea, le ha interesado las policías y ahí es donde está el problema central del asunto, porque la culpa ni siquiera la tienen los militares, la culpa la tienen los actores políticos”.

López Obrador defendió su decreto y sobre la vigilancia que tendrían las Fuerzas Armadas, para no repetir episodios de violaciones de derechos humanos como los de Tlataya en 2014, o Apatzingán en 2015, entre muchos otros; dijo que él, estaría vigilando que no haya abusos.

"Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos, estoy pendiente y además estoy viendo cómo se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando.

Eso de entrada, lo digo, lo voy a defender, porque sé que nos conviene a los mexicanos y le conviene a la nación, o sea, es un cambio que se requiere consolidar y no parcharlo, no quedarnos a medias, hay que tomar una definición en esto", recalcó el presidente.

Celaya Gamboa considera que este rubro, el de la vigilancia de los derechos humanos, es uno de los más ambiguos.

“En este decreto también dice que trabajarán en conjunto con la Guardia Nacional y que tendrán, aunque no especifican quién, pero quién lo regulará o sea quién estará vigilando que no se violen derechos humanos, que no haya abuso de poder, que no se repitan casos como los de Tlatlaya o como de las violaciones a derechos humanos que en los sexenios anteriores pasaban muchísimas veces”, cuestionó.

Entonces el decreto es muy ambiguo, y cómo los órganos internos de control que funcionan en base a la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, como su mismo nombre lo dice, investigan cuestiones administrativas, entonces creo que queda muy limitado, muy acotado, y que siembra la gran pregunta: cuál va a ser el mecanismo de control ante las posibles violaciones a los derechos humanos", agregó.

Lo que sí dice muy claro el especialista, es que López Obrador está tomando decisiones difíciles y con un costo político que tendrá que asumir, pero considera que es muy prematuro decir que fracasó la estrategia en materia de seguridad.

“Está tomando decisiones difíciles y esas decisiones difíciles tienen un costo político, entonces si en un plazo no hay resultados, entonces se tendrán que asumir los costos políticos... pero no va a pasar de la noche a la mañana”, explicó el experto.

Consideró que es muy prematuro sentenciar sí es, o no, fallida la estrategia en materia de seguridad del gobierno de López Obrador.

“Creo que es muy prematuro y aventurado decir en este momento eso, yo creo que estamos viendo un reajuste, que se están utilizando otras herramientas o más bien, estar utilizando otra estrategia, está funcionando o va a funcionar, de la militarización del país en la práctica no es cierto, simplemente se está dando certeza jurídica a la actuación que ya tenía desde hace 20 años, las Fuerzas Armadas”, concluyó Celaya Gamboa.

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