Los cabos sueltos de Felipe Calderón: García Luna y “Rápido y Furioso” cercan al ex presidente

Poco a poco se va cerrando el círculo en contra del ex presidente Felipe Calderón, quien a pesar de los múltiples señalamientos en su contra, aún tiene aspiraciones políticas a través de su organización “México Libre”, la cual busca ser un partido.

Además de ser acusado de llevar a México a una guerra contra los cárteles sin una estrategia de por medio y que cobró miles de vidas así como la desaparición de decenas de miles más, poco antes de que terminara su sexenio varias voces aseguraron que quien fuera el segundo mandatario panista, conocía los vínculos de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna con el crimen organizado. Incluso, hubo señalamientos directos en su contra.

Fue el caso del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien a través de una carta enviada al diario Reforma en el año 2012, acusó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, de tener vínculos y recibir dinero del narcotráfico.

Valdez Villarreal fue jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa, así como un alto mando del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Nació en Laredo Texas (también tiene la nacionalidad mexicana) y desde muy joven se unió al cartel de “El Chapo” Guzmán, donde sobresalió por su capacidad para negociar y corromper a las autoridades.

Fue detenido el 30 de agosto de 2010 cerca de Ciudad de México y cinco años más tarde fue extraditado a Estados Unidos en donde el gobierno lo acusó de haber inundado las ciudades de Memphis y Atlanta con 12 toneladas de cocaína en sólo dos años.

Antes de ser enviado a la Unión Americana en el año 2012, “La Barbie” mandó la misiva en la que denunció a Calderón Hinojosa por perseguirlo políticamente, debido a que, aseguró, se negó a ser parte del trato que el exmandatario quería hacer con los grupos de delincuencia organizada.

En la carta, el narcotraficante aseguró que Calderón Hinojosa realizó varias juntas personalmente para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada, con personajes como Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño, Arturo Beltrán Leyva y Joaquín“El Chapo” Guzmán.

Pese a los señalamientos públicos contra el ex mandatario, no pasó nada. Sin embargo, las voces acusatorias siguieron surgiendo, principalmente a través de versiones periodísticas.

Sin embargo, la caja de Pandora se destapó durante el llamado Juicio del Siglo en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Bajo juramento de decir la verdad, Jesús “El Rey” Zambada, identificado como ex jefe de operaciones del Cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, entregó tres millones de dólares a funcionarios del Gobierno de Fox, a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna.

Los sobornos habrían seguido a lo largo del gobierno de Felipe Calderón.

Otro narcotraficante que detalló las andanzas de García Luna, el brazo derecho del ex mandatario, fue Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, quien era un poderoso lugarteniente del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva cuando fue detenido en septiembre de 2010 en Puebla por elementos de la Marina.

Tras ser capturado, VIllarreal Barragán fue extraditado a los Estados Unidos en donde se convirtió en testigo protegido, a cambio de que se le redujera su condena.

“El Grande” detalló las operaciones de los cárteles mexicanos y rindió su testimonio durante el juicio que se desarrolló en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois en contra del excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, arrestado por las autoridades de Estados Unidos en abril de 2017 acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández -quien desde hace años ha documentado a detalle los delitos cometidos por García Luna- tuvo acceso a las declaraciones de “El Grande”. Reveló que el llamado “Súper Policía” y su “compadre” Luis Cárdenas Palomino, colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón.

Describió los encuentros entre Luis Cárdenas Palomino con Arturo Beltrán Leyva, cuando el primero era Coordinador de la División de Seguridad Regional de la SSP y García Luna era el Secretario.

De acuerdo con versiones periodísticas, “El Grande” fue puesto en libertad en diciembre del año pasado.

Pero quien dio la información más detallada fue Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”, quien se convirtió en uno de los testigos claves en contra de “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Vicente Zambada le reveló la forma en la que operaba la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular era García Luna.

Según lo relatado por “El Vicentillo” y que quedó plasmado en el libro “El Traidor”, Genaro García Luna recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa y convirtió a muchos de los policías federales en gatilleros al servicio de “El Mayo” y “El Chapo”. Pero también comenzaron a comprarle droga, por lo que los uniformados se convirtieron en traficantes.

Todo esto, habría sucedido con el conocimiento de Felipe Calderón.

El trasiego de armas

Pero otra de las acusaciones en contra del ex mandatario panista tiene que ver con el operativo Rápido y Furioso, ocurrido entre 2006 y 2011 mediante el cual, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujeron a México más de 2,500 armas de alto poder con chip con la finalidad de rastrearlas e identificar a los responsables del tráfico de armamento que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.

El escándalo estalló tras el hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México.

El gobierno a cargo de Felipe Calderón siempre negó tener conocimiento de este operativo, pero todo apunta a que no fue así y que incluso, hubo otras acciones que también involucraron el tráfico de armas y ocurrieron bajo su gobierno.

El pasado 8 de mayo, la periodista Dolia Estévez reveló que Eduardo Medina Mora, exprocurador de Felipe Calderón, habría autorizado y coordinado el trasiego vigilado de armas de fuego de alto poder, como las utilizadas en la masacre de 10 jóvenes estudiantes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua (enero 2010).

El operativo llamado Gunrunner iniciado en 2006 como un programa piloto en Laredo, Texas y que posteriormente se expandió a nivel nacional, también habría sido implementado por la ATF.

En las revelaciones, Dolia Estévez dio a conocer un documento en el que se revela que el 16 de noviembre de 2007 el Fiscal General de Estados Unidos, Michael Mukasey, se reunió con Medina Mora en Washington DC y destaca una cita donde se señala que la ATF ha trabajado conjuntamente con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes”.

En entrevista con el programa Proyecto Puente, Dolia Estévez precisó que el documento es parte del reporte final de “Rápido y Furioso” que se llama “La anatomía de un operativo fallido” que publicó el Congreso de Estados Unidos en julio de 2012, cinco años después de la reunión inicial entre Medina Mora y el Fiscal General estadounidense, Michael Mukasey.

Dolia Estévez enfatizó que el procurador de Calderón no sólo supo del tráfico de armas, sino que ayudó a coordinarla, por lo que insistió que el trasiego de armas de Estados Unidos a México empezó en 2006 (antes de Rápido y Furioso) “con el conocimiento y la anuencia del gobierno de Calderón”. Y sin que haya ningún detenido en México.

Luego de las revelaciones de Estévez, durante su conferencia en Palacio Nacional de este lunes 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador citó los documentos dados a conocer por la periodista y anunció el envío de la nota diplomática al gobierno norteamericano, lo cual ocurrió el mismo día.

En un mensaje videograbado, el canciller Marcelo Ebrard precisó que la nota diplomática entregada a la embajada de Estados Unidos es para requerirle información sobre el operativo Rápido y Furioso, sobre el que persisten “dudas fundadas” de que el gobierno de México supo y participó en su planeación.

Si “como apunta la evidencia” dijo el canciller, el gobierno mexicano -en ese entonces a cargo de Felipe Calderón- participó, habría incurrido en graves violaciones a la Constitución. Si las autoridades estadounidenses actuaron sin autorización en territorio mexicano, habrían violado la soberanía nacional, planteó en su escrito.

El funcionario reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó toda la información posible sobre ese operativo desde 2019 y en febrero pasado ratificó la petición.

Este martes, la periodista mexicana Lydia Cacho expuso a través de su cuenta de Twitter el documento del “Plan Mérida para México y América Central: Financiamiento y Cuestiones Políticas” en el cual queda explicitado que el país tenía conocimiento del traslado ilegal de armas entre Estados Unidos y México del Congressional Research Service (2009).

En la publicación etiquetó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): “El documento oficial de cómo, por qué y para qué @FelipeCalderon pidió dinero para traer armas que cayeron en manos del narco y asesinaron a miles de inocentes”, escribió

En el documento se lee que el gobierno estadounidense estimaba que el 90% de las armas que encontraban en escenas del crimen en México provenían de su país. Aseguran que “los cárteles pueden obtener las amas de personas legalmente acreditadas para obtenerlas o en exhibiciones de armas en estados fronterizos y las venden a contrabandistas que las cruzan por la frontera".

Ante ello, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos puso a alrededor de 100 agentes especiales y 25 investigadores de operaciones de la industria a indagar sobre el tema. En marzo de 2009, el número había aumentado a 148 agentes especiales y 59 investigadores de operaciones de la industria.

“México presentó más de 7,500 armas recuperadas para su rastreo, lo que demuestra que la mayoría se originó en Texas, Arizona y California”, informa el documento. Además, expone que la ATF contó con un fondo de 4.5 milllones para realizar operaciones en México.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) "el gobierno mexicano comenzó un programa piloto en febrero de 2009 para detectar el tráfico entrante en busca de armas, efectivo y otro contrabando, y esperaba expandir el programa en toda la frontera para el otoño de 2009 (...) Estados Unidos proporcionará equipos de inspección no intrusivos que ayudarán a los funcionarios mexicanos a prevenir el contrabando de armas y efectivo ".

Si el gobierno estadounidense entrega las pruebas solicitadas por la administración de López Obrador, podría abrirse una investigación formal en contra del expresidente, quien a decir del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, sólo sería llevado a juicio en México, si la ciudadanía así lo determina mediante una consulta pública.

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