El poder que acumuló al ser el segundo hombre más fuerte en el sexenio de Felipe Calderón, habrían llevado a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, a cometer crímenes relacionados con el narcotráfico y creer que quedarían impunes. Hasta que Estados Unidos decidió investigarlo.
De acuerdo con el reportaje Follow de Money, así cazaron la DEA, ICE y UIF a Genaro García Luna y sus más allegados, de la periodista Anabel Hernández y publicado en Aristegui Noticias, desde el año 2012 los días de libertad del llamado “Súper Policía” estaban contados, sólo que él no lo sabía.
La periodista señaló que, confiado de ser intocable, García Luna cometió una serie de acciones que lo llevaron a su captura en diciembre de 2019 en Texas, acusado en la Corte de Distrito Este de Nueva York de tráfico de drogas y de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa.
En su reportaje, Anabel Hernández reflexiona que si García Luna tuviera que hacer un recuento de qué salió mal, “debería pensar en su precipitada mudanza a la ostentosa residencia de Golden Beach, Florida, comprada dos meses antes de que finalizara su encargo de secretario de estado a la que se transfirió con su familia cuando concluyó el gobierno de Calderón”.
Apuntó que aunque García Luna no lo sabía, al menos desde 2014 la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, acumulaba pruebas en su contra que robustecían las acusaciones de los sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa.
Y una pieza importante fue la compra en efectivo de esa residencia por 3.3 millones de dólares, a través de prestanombres según afirma la Fiscalía en Nueva York.
A la par de que era investigado por la DEA, García Luna vivía con su esposa Linda Cristina Pereyra y sus hijos “disfrutando de un lustroso yate blanco, anclado en el muelle privado, de su motocicleta Harley Davidson VRSCB color plata modelo 2005 y su Mustang de colección modelo 1970 a los que era muy aficionado y los cuales se llevó importados de México”, detalló Anabel Hernández.
La periodista mexicana señaló que aunque ella conocía la información desde entonces, decidió no publicarla para no entorpecer las investigaciones. Como prueba de las indagatorias realizadas desde entonces por el gobierno americano se cuenta con información documental de la residencia fechada en 2015, mucho antes de que la existencia de la propiedad fuera revelada a la opinión pública en 2019 por la televisora Univisión.
Para el año 2015, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de USA) comenzó a hacer sus propias pesquisas.
Anabel Hernández aseguró que la estela de dinero que dejó García Luna también fue seguida desde los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Mucho antes de que García Luna fuera detenido en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, detectó al menos una parte de su red financiera y de su círculo más cercano y congeló al menos 17 cuentas bancarias.
La UIF no sólo inmovilizó las cuentas de García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Galvez, su hermana Esperanza García Luna, y empresas de las que es accionista en México, sino que también lo hizo con Mauricio Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis Weinberg así como con sus empresas.
La periodista asegura que el golpe a los empresarios fue clave porque de acuerdo a documentos obtenidos en la Corte de Distrito Este de Nueva York, la empresa con la que se compró la casa y el Yate sirvieron de prestanombres, y los Weinberg se han adjudicado públicamente dicha empresa en la cual fungía como gerente el mismo que la compañía GL & Associates Consulting creada por García Luna en Miami y mediante la cual compró en 2018 seis departamentos con un costo de más de 5 millones de dólares.
En México, Mauricio Samuel y Jonathan Alexis Weinberg, aparecen como propietarios de la empresa ICIT Private Security México creada el 23 de junio de 2011, y están relacionados con al menos 14 empresas en Florida y 10 en Panamá.
De acuerdo a la información a la que la autora tuvo acceso en ese momento, los funcionarios de la DEA no pensaban que eran dádivas o favores de los Weinberg a cambio de contratos y permisos recibidos por sus empresas en México cuando García Luna era secretario de estado, sino que se trataba de un esquema de simulación”.
Desde inicios de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera también congeló las cuentas bancarias personales de Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna desde la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y quien también ha sido acusado por parte de líderes del narcotráfico, de recibir sobornos.
Anabel Hernández recordó que Cárdenas Palomino es señalado en una corte federal de Chicago, en el expediente criminal abierto a Iván Reyes Arzate, de haber trabajado para los Beltrán Leyva en los tiempos en que García Luna era su jefe y de haberle entregado a Arturo Beltrán Leyva el nombre de un infiltrado de la DEA quien fue asesinado.
La autora de los libros “Los Señores del Narco” y “El Traidor. El diario secreto del hijo del Mayo”, resaltó que de acuerdo con información confirmada para su reportaje, la UIF presentó dos denuncias penales contra Genaro García Luna y quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las cuales están abiertas dos carpetas de investigación.
Una por lavado de dinero, incluyendo delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico que se encuentra en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Y la otra por actos de corrupción, que se encuentra en el despacho de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.
Pruebas demoledoras
Por su parte, la periodista Dolia Estévez señaló en su columna en el portal Sin Embargo que los fiscales estadounidenses tienen 30,000 páginas de pruebas y testimonios procesales para enjuiciar, y probablemente condenar al hombre fuerte de Felipe Calderón.
El acervo, en poder del abogado de García Luna, incluye declaraciones del acusado, registros migratorios (petición de residencia y solicitud de ciudadanía estadounidense), registros escolares y de la propiedad, videos, fotografías y documentos relacionados a decomiso de drogas, armas y lavado de dinero, comunicaciones interceptadas y grabaciones (hechas por agentes estadounidenses en México y/o en Estados Unidos), y un disco duro con información descargada de los dispositivos electrónicos de García Luna.
La información proporcionada a la defensa legal de ex secretario de Seguridad Pública mexicano, bajo acuerdo por escrito de mantenerla secreta, es tan solo la punta del iceberg, señala Estévez.
La fiscalía ha adelantado que tiene una extensa lista de probables “testigos cooperantes”, cuyos nombres no han sido divulgados, pero que son ex altos mandos de los carteles que darán testimonios de primera mano sobre la presunta entrega de sobornos millonarios a García Luna.
Además, se espera la declaración potencialmente demoledora de quien se vislumbra como el testigo estrella: Iván Reyes Arzate, titular de la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) de la Policía Federal, grupo de élite operacional y de espionaje creado, aprobado y financiado por la DEA.
Reyes Arzate fue acusado de haber recibido cientos de miles de dólares del narco cuando era titular de la SIU por la Corte de Brooklyn en Nueva York en enero, la misma que lleva el caso contra García Luna, además de que se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde también está encerrado García Luna.
Iván Reyes mantenía comunicación directa con Ramón Eduardo Pequeño, ex titular de la División Antidrogas de la SSP y con García Luna quien, a su vez, reportaba directamente a Calderón.
Dolia Estévez reveló que los audios que la fiscalía tiene en su poder serían comunicaciones entre Reyes Arzate con García Luna, Pequeño y Beltrán Leyva.
De acuerdo con su expediente, apuntó Estévez, Iván Reyes está negociando con la fiscalía.
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