Entre 2006 y 2011, el fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.
La ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años.
Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad, dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.
El escándalo estalló debido al hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México.
Además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata. Se trasladaba del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey. Mientras su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido: Se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos con un arma de “Rápido y Furioso”.
Lanny Breuer, funcionario del Departamento de justicia de Estados Unidos, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de miles de armas adquiridas ilícitamente en la operación, la cual era una polémica táctica llamada: dejar que caminen las armas.
Este episodio desató un enfrentamiento entre el congreso y el Poder Ejecutivo estadounidense acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.
En 2011, el Comité de Supervisión emitió un citatorio al procurador estadunidense, Eric Holder, para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación. Holder aseguró que al entregarse los documentos, se tendrían que revelar una serie de informes relacionados con el operativo, lo que según el fiscal sacaría a la luz información que vulneraría la seguridad de Estados Unidos.
Sin embargo, ante el Comité Judicial del Senado, Eric Holder reconoció que el operativo fue defectuoso en su concepción, “así como en su ejecución”.
En enero de 2012, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, reconoció que se cometieron “serios errores” en la operación pero se comprometió a evitar su repetición.
En mayo de ese mismo año, ante el Comité Judicial del Senado, Holder ofreció reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Johm Boehner o el titular del Comité de Supervisión, Darrel Issa, ambos republicanos en busca de un arreglo que evitara el proceso de desacato al que iba a ser sometido.
Tras más de un año de investigaciones, Darrel Issa inició el proceso de desacato en contra de Holder por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación del fallido operativo.
El Comité de Supervisión acusó al Departamento de Justicia estadounidense de mentir sobre “Rápido y Furioso”, luego de que descubrió la autorización de seis operativos de intervención telefónica.
La Casa Blanca calificó como “espectáculo político” la propuesta republicana en el Congreso para declarar en desacato a Eric Holder. Mientras el procurador rechazó cualquier posibilidad de renunciar al cargo para evadir la entrega de documentos.
En junio de 2012, el presidente Barack Obama utilizó, por primera vez en su mandato, el llamado ‘privilegio ejecutivo’ para impedir que el fiscal Holder entregara una serie de documentos sobre “Rápido y Furioso” a la comisión de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que investigó el fallido operativo.
En 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificó que la operación fue supervisada de manera irresponsable. Sostuvo que tanto la oficina local de la ATF, como los fiscales federales, “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”.
Además, siguieron apareciendo armas vinculadas a “Rápido y Furioso” en decomisos que realiza el gobierno mexicano a la delincuencia organizada como el aseguramiento de al menos 500 armas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, procedentes de ese operativo.
Este miércoles, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que durante su gobierno no habrá un operativo como “Rápido y Furioso”, implementado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
“Fue una violación flagrante contra nuestra soberanía porque se permitió que entraran armas que, luego se demostró, se usaron para cometer crímenes. Ese plan fue un rotundo fracaso. Esas actividades, esos acuerdos, no se permiten”, señaló.
El mandatario indicó que lo que su gobierno plantea es que del lado estadounidense haya control de salida de armas y dólares.
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