Un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), la principal oposición parlamentaria, no descartó acudir a la los juzgados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso a organismos internacionales para intentar detener el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
“Estamos valorando presentar un amparo indirecto, porque estamos absolutamente en contra de la ejecución, no es congruente el gobierno”, aseguró la senadora Kenia López durante una conferencia de prensa virtual este martes. “Estamos explorando una controversia constitucional (ante la Corte), quien pueda meterla, o por la vía del amparo”, añadió por su parte el senador Damián Zepeda.
Para él, López Obrador “engañó a los mexicanos” con la reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional el año pasado. “Es ilegal su Guardia Nacional , es una guardia militar, no tiene los mandos civiles que dice la ley”, aseveró.
Y es que el decreto publicado este lunes ordenó la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional" en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, hasta marzo de 2024, es decir, durante el resto del sexenio de López Obrador.
La decisión del mandatario mexicano, que es contraria a una de sus principales propuestas de campaña (la de “regresar al Ejército a los cuarteles”), fue duramente criticada porque ampliará la militarización del país, como lo advirtió el colectivo “Seguridad Sin Guerra”.
No incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil, como lo exige la constitución
Para este grupo que también se opuso a la Ley de Seguridad Interior en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el hecho de que el Ejército esté en las calles les permite “realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen” en espacios públicos “sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”.
Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, el partido de López Obrador y con mayorías en ambas Cámaras del Congreso, defendió la legalidad del movimiento del mandatario. “No se trata de un decreto que otorgue facultades extraordinarias de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, se está regulado y delimitando plenamente su actuación, misma que está mandatada por la propia Constitución”, dijo.
Monreal argumentó que, en la reforma para la creación de la Guardia Nacional, se previó un periodo de tiempo de hasta cinco años para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública en los términos señalados en la propia Constitución.
“Por eso hay que aclarar bien: es una facultad que otorgó el Legislativo, por unanimidad, a esta temporalidad de cinco años, para que las Fuerzas Armadas actuaran en materia de seguridad pública durante estos cinco años; es el periodo de transición”, completó el líder parlamentario de Morena.
“Este gobierno fracasó completamente en la estrategia de seguridad pública. Este movimiento no va a dar resultados, cuando se acaben los cinco años, ¿qué cuerpo civil va a quedar?”, cuestionó el panista Zepeda.
El panista reconoció que la reforma venía acompañada de una “disposición transitoria” para ayudar al objetivo principal de consolidar a la Guardia Nacional como una corporación civil, algo que nunca ocurrió. “Nunca se implementó eso, son policías navales y militares, no hay plan de fortalecimiento", señaló.
“Si no hay una Guardia Nacional civil no se puede ayudar a formar un cuerpo civil. El permiso se dio con ciertas características, sólo si cumplía con lo dicho por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH): incumple con la subordinación y la fiscalización ante mandos civiles”, detalló Zepeda.
Para Monreal, por el contrario, la participación de las Fuerzas Armadas “está regulada y delimitada plenamente”. “Se establecen de manera excepcional las funciones únicas que llevarán a cabo las fuerzas armadas en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”, agregó.
“El decreto es inconstitucional, se arroga atribuciones correspondientes al Congreso, y pone en manos del Ejército tareas que constitucionalmente corresponden a la autoridad civil", afirmaron en cambio los senadores panistas.
Cuestionados sobre su postura a pesar de que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) había usado al Ejército durante su mandato para llevar a cabo la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que aceleró la explosión de la violencia en México, fue la senadora Xóchitl Gálvez quien matizó la diferencia.
“Con Calderón había una Policía Federal y el trabajo de las Fuerzas Armadas era complementario. Pero lo de López Obrador es más grave que incluso con (el ex presidente) Peña Nieto: ahora el Ejército va a hacerla de policía, renunciamos a tener un cuerpo preparado y certificado”, manifestó.
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