El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que, aunque no la comparte, respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes declaró inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” que había permitido la extensión de mandato de dos a cinco años del político de Morena y que hoy quedó sin efectos.
“Siempre hemos dicho que respetaremos la decisión. (Los ministros) votaron como en una democracia, y en una democracia se gana y se pierde, aquí yo creo que el que pierde es el estado”, aseguró Bonilla a medios locales tras la decisión del máximo Tribunal del país.
El gobernador, que asumió en noviembre de 2019, precisó que, a pesar de que no estaba de acuerdo con la Suprema Corte, los trabajos de su administración siguen adelante. “No pasa nada”, añadió, según la la Agencia Fronteriza de Noticias citada por el diario Reforma.
Horas antes, el Pleno de la Corte votó de manera unánime en favor del proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, quien propuso la invalidación a la modificación a la Constitución de Baja California, en el noroeste del país y fronteriza con Estados Unidos, porque contradice a la Constitución Federal que rige a toda la república, ya que la ampliación del periodo en el cargo se realizó de manera posterior a los comicios.
Los magistrados calificaron la “Ley Bonilla” como un “fraude a la Constitución” y un “atentado contra los principios democráticos”. “Es una maquinación donde se pretendió violar la voluntad popular”, señaló en su intervención Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
Por lo tanto, Jaime Bonilla, quien asumió en noviembre de 2019, gobernará únicamente hasta octubre de 2021, como lo indicaba la ley cuando el proceso electoral se desarrolló. El gobernador de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, buscaba mantenerse en el poder hasta 2024.
Además, el gobernador Bonilla aseguró, de acuerdo con la agencia de noticias del estado mexicano Notimex, que “nadie pudo decir qué artículo de la Constitución se violó”. “El ministro Zaldívar no dijo cuál artículo se violó (…) pero no hay un artículo, mira, puedes tener mayoría pero no quiere decir que tengas la razón”, expresó.
Sin embargo, durante su ponencia, el presidente de la SCJN fue uno de los más minuciosos en explicar las razones por las que se invalidó la Ley Bonilla. “La norma impugnada pretende ser una reforma al régimen político del Estado, pero viola, como bien lo advierte el proyecto: el período de veda legislativa previsto en la fracción II del artículo 105 constitucional", destacó Zaldívar.
El magistrado presidente también dijo que se violaba "el principio de elecciones periódicas, libres y auténticas del artículo 116; el derecho a votar y ser votado establecido en el artículo 35, fracciones I y II; el principio de no reelección, consagrado en el 116, fracción I, tercer párrafo, así como la prohibición de retroactividad del artículo 14 Constitucional”.
“Adicionalmente –y de manera más grave y determinante– me parece que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, en contravención a los artículos 39, 40, 41 y 116 constitucionales, así como 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, completó.
La decisión de la Corte fue festejada por todos los partidos de la oposición y por la Iniciativa Privada, así como organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE). Morena también asumió la decisión de la SCJN sin chistar.
“No podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo de Baja California. Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”, aseguró el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.
El líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, también se unió a las felicitaciones para la SCJN. “Me parece muy afortunada la decisión que tomó, porque se fueron por el suelo, se derribaron todos los argumentos de descalificación, de dudas, de escepticismo, de considerar que la Corte estaba subordinada al Ejecutivo y que sólo recibiría órdenes de él”, expuso.
Incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la SCJN y quien en su momento aseguró que la “Ley Bonilla” estaba en “entredicho Constitucional”, a pesar de que días antes se le había escuchado decir en un video filtrado que la ampliación del mandato del gobernador morenista era “legal”, dio su visto bueno la determinación de la Suprema Corte de este lunes.
Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático
Sánchez Cordero precisó que siempre ha sostenido la postura de “la inalterabilidad de los principios democráticos de la Constitución”. “Promoveré, desde la posición que me encuentre, el respeto al Estado Constitucional de Derecho y a sus principios”, concluyó.
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