Este lunes se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual se extiende por lo menos años la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Es decir, la presencia permanente del Ejército y la Marina en la calles.
Esta medida ha divido la opinión pública con posturas que ven desde el respaldo hasta la más dura crítica por lo que se considera “la militarización del país”.
Pero, ¿por qué causa tanta polémica la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles?
Un caso que podría servir de ejemplo para entender que es lo que muchos temen con esta decisión es la masacre de Tlatlaya.
Tales hechos ocurrieron la madrugada del el 30 de junio de 2014, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Ahí, 22 civiles fueron asesinados por personal del Ejército; entre los muertos había menores de edad.
Meses después, en octubre de ese año, la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014 donde contó, de acuerdo a testimonios e investigación de campo, como habían sucedido los hechos.
La versión militar
Según señala el documento, ocho militares del 102° Batallón de Infantería realizaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal Número 2, en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya. Al pasar frente a una bodega en obra negra y sin puertas, según la propia versión militar, el sargento segundo de Infantería se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega y que al interior de esta había tres vehículos, razón por la que el sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha.
En ese momento, indican, se inició una agresión con disparos en contra del personal militar desde dentro de la bodega, agresión que el personal militar -dijo- repelió, iniciándose así el fuego cruzado, del cual un soldado resultó herido.
Posteriormente -indicaron- al no escuchar ruido ni observar movimientos, ingresaron a la bodega donde encontraron a 22 personas muertas, entre ellas una joven menor de edad. Además, el personal militar dijo haber encontrado también a otras tres mujeres que pedían auxilio al decirse secuestradas.
Lo que comprobó la CNDH
Sin embargo, el documento, la CNDH señala que comprobaron una versión distinta de lo ocurrido, basados en la inspección del lugar y los testimonios de tres mujeres que sobrevivieron a los hechos.
Una de ellas, dijo ser madre de la joven fallecida, a quien había ido a buscar a ese lugar. Ella declaró que los militares dispararon primero mientras todos dormían dentro de la la bodega.
La recomendación de la CNDH señaló que el intercambio de disparos duró entre cinco y 10 minutos porque las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente, según las declaraciones de las testigos.
En la resolución se concluyó que en la bodega de Tlatlaya 22 personas perdieron la vida: cuatro presumiblemente heridos a causa del enfrentamiento librado con elementos del ejército; tres fueron presuntamente heridas en el fuego cruzado; y 12 personas más, señalan, fueron privadas arbitrariamente de su vida por personal militar.
Además, la CNDH aseguró que logró acreditar que la escena del crimen fue alterada con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento. “Los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de telecomunicación”, señalaron.
También reportaron que, aunado a la las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, comprobaron que hubo tortura y agresiones sexuales por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hacia las testigos de los hechos.
Por todos estos hechos, ocho militares fueron detenidos. Sin embargo, fueron liberados en mayo de 2016, ya que no se contaba con los elementos suficientes para tenerlos en prisión. No obstante, en octubre de 2019 un juez ordenó la reaprehensión de siete de los soldados para que fueran enjuiciados, señalando que tres de ellos tenían causas penales pendientes por homicidio calificado.
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