Medina Mora, ex procurador de Calderón, autorizó entrada de armas usadas en masacre de Villas de Salvárcar, aseguró Dolia Estévez

Eduardo Medina Mora, ahora desaparecido del ámbito político luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revelara que investiga sus cuentas bancarias por supuestas transferencias bancarias que no corresponden con sus niveles de ingreso, vuelve a estar en el ojo del huracán.

Hombre cercano a los gobiernos priistas y panistas, Medina Mora fue Procurador (Fiscal) General de México, Secretario de Seguridad Pública, jefe de espías del gobierno mexicano, embajador y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta el 4 de octubre de 2019, cuando se reveló la investigación a sus cuentas.

Como Procurador del ex presidente Felipe Calderón, Medina Mora habría autorizado y coordinado el trasiego vigilado de armas de fuego de alto poder, como las utilizadas en la masacre de 10 jóvenes estudiantes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua (enero 2010), así lo denunció hace unos días la periodista Dolia Estévez en su cuenta de Twitter.

Estévez difundió un memorándum que muestra cómo Medina Mora fue informado por el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) “sobre entregas controladas” de armamento, ya que envió al exfuncionario Carlos Fernando Luque Ordóñez como agregado de la extinta PGR en Phoenix, a coordinar el proyecto Gunrunner, iniciado en 2006 como un programa piloto en Laredo, Texas y que posteriormente se expandió a nivel nacional, por lo que habría ocurrido antes que Rápido y Furioso.

En el texto se revela que el 16 de noviembre de 2007 el Fiscal General de EU, Michael Mukasey, se reunió con Medina Mora en Washington DC y destaca una cita donde se señala que la ATF ha trabajado conjuntamente con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes”.

Continúa “Mientras que los primeros intentos de estas armas controladas no han tenido éxito, la investigación prosiguió y a la ATF le gustaría ampliar la posibilidad de estas investigaciones conjuntas y entregas controladas dado que sólo entonces será posible investigar a redes completas de contrabandistas de armas, en lugar de arrestar simplemente a un solo traficante”.

“Con ese fin, es esencial que una unidad mexicana que haya pasado los exámenes de confianza sea asignada a trabajar con la ATF en ese asunto”, apuntaba el texto.

En el memorando se señalaba que “el agregado de la ATF en la Ciudad de México (Fernando Luque Ordóñez) ha informado al Procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas de armas de fuego, y le ha subrayado la importancia de que sean asignadas tales unidades con exámenes de confianza verificados”.

En entrevista con el programa Proyecto Puente, Dolia Estévez precisó que el documento es parte del reporte final de “Rápido y Furioso” que se llama “La anatomía de un operativo fallido” que publicó el Congreso de Estados Unidos en julio de 2012, cinco años después de la reunión inicial entre Medina Mora y el el Fiscal General estadounidense, Michael Mukasey.

Dolia Estévez enfatizó que el procurador de Calderón no sólo supo del tráfico de armas, sino que ayudó a coordinarla, por lo que insistió que el trasiego de armas de Estados Unidos a México empezó en 2006 (antes de Rápido y Furioso) “con el conocimiento y la anuencia del gobierno de Calderón”.

Detalló que la estrategia Gunrunner consistía en introducir miles de armas a México y darles seguimiento con la finalidad de poder identificar a los responsables del tráfico de armas que terminaban en manos de los cárteles.

La periodista aseguró que entre los operativos Gunrunner, Rapido y Furioso así como Receptor Abierto, se introdujeron a México alrededor de 2,500 armas, algunas de las cuales fueron utilizadas en la masacre de Villas de Salvárcar y en el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Arizona y México en diciembre de 2010, fue lo que originó que un agente de la ATF revelara el operativo Rápido y Furioso a una televisora estadounidense.

Dolia Estévez señaló que la investigación se cerró luego de que el Departamento de Justicia de la Unión Americana investigó a fondo el proyecto Gunrunner, así como Rápido y Furioso y Receptor Abierto.

Recordó que la indagatoria concluyó que no había sido una estrategia deliberada y aprobada por el Departamento de Justicia, sino que lo condujo la oficina de la ATF en Phoenix y agentes “que se fueron por la libre e iniciaron este operativo, pero que no estaban sancionados por parte de Washington (pero que tiempo después) algunos fueron despedidos y a otros los sancionaron. Uno de ellos fue el que salió con la versión pública”, apuntó Estévez.

Este lunes 11 de mayo, durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador citó los documentos dados a conocer por Dolia Estévez y anunció el envío de la nota diplomática al gobierno norteamericano.

A este respecto, la periodista consideró que el envío de la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, es con la finalidad de saber “más allá de toda duda” si el gobierno de Felipe Calderón sancionó esta política.

Dolia Estévez descartó que se abra una nueva investigación en Estados Unidos “porque ya está concluida” y ya se sancionó “lo que pueden hacer es darle la investigación que no se ha hecho pública, de tipo confidencial, porque generalmente estos informes se derivan de una investigación muy a fondo, con información incluso clasificada (...) no lo sé”.

Destacó que primero tiene que llegar la nota diplomática, segundo “tenemos que saber exactamente qué quiere saber el gobierno de López Obrador más allá de lo que ya está en el dominio público y tercero saber si le conviene al gobierno de Estados Unidos abrir este capítulo, que podría abrirlo para atacar a los demócratas en un momento electoral (...) que si bien (los operativos) empezaron en el gobierno de Bush, estalló en el gobierno de Obama y Biden y puede ser usado políticamente contra Biden. Yo no quiero creer que el gobierno de López Obrador quiera ser usado para efectos de política interna de EEUU”, señaló.

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