De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), la base de datos del sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas, CompraNet, durante los primeros cuatro meses del año, la administración del presidente de Andrés Manuel López Obrador realizó 50,447 contratos firmados.
De estos, el 77.2% han sido entregados por vía de la adjudicación directa, mecanismo en el que el gobierno decide unilateralmente a quién se le va entregar un contrato sin que haya un proceso de competencia y liberación. Mientras que el 16.5% fue por licitación pública y el 6.3% mediante invitaciones restringidas.
Esta proporción de adjudicaciones directas es la tercera observación más alta de toda la década, sólo por debajo de 2017, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto; y del 2019, ya con López Obrador en el poder, que fue el año con más contratos de este tipo, con 78.1%.
Es decir, la Administración Pública Federal de la llamada “Cuarta Transformación” continúa con la misma tradición del pasado, en la que tres de cada cuatro contratos en promedio son entregados por esta vía.
Si bien una gran parte de las adjudicaciones directas se encuentra en las instituciones de salud, que actualmente tienen una situación jurídica especial que les permite utilizar esta figura con mayor flexibilidad para poder adquirir material y equipamiento necesario para la atención de la pandemia de coronavirus (COVID-19), esto no libra a estos procedimientos de posibles irregularidades, como ha sido ampliamente documentado con los casos de los contratos asignados para la adquisición de ventiladores a familiares de funcionarios públicos.
Cabe mencionar que hace unos días, la MCCI informó que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Barlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un contrato de adjudicación directa por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19.
A través de su cuenta en Twitter León Manuel Bartlett Álvarez negó los señalamientos de la organización. “Niego rotundamente la afirmación de MCCI en la que mencionan que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables”, afirmó.
Por su parte, Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que dicha compra de se apegó a la ley y se utilizó el criterio más importante que es el de salvar vidas en el contexto de la pandemia.
No obstante, si se restan los contratos de estas instituciones del sistema de salud, así como de la Secretaría de la Defensa y Marina (que también son afectadas por el decreto que flexibiliza el uso de las adjudicaciones directas), el porcentaje de adjudicaciones directas es, incluso superior, llegando a 82.5%.
Ante dichas cifras, MCCI sostiene que el uso y abuso de las adjudicaciones directas no es una consecuencia directa de la emergencia sanitaria actual, sino que es una práctica común del pasado que hoy continúa vigente y, además, se utiliza con mayor intensidad en la administración pública fuera de las instituciones que actualmente están atendiendo el COVID-19.
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