El gobierno frenó desarrollo de energías renovables para empujar a Pemex y CFE

En una decisión muy controvertida, el Gobierno de México ha frenado los proyectos de desarrollo de energías renovables para impulsar a sus dos empresas estatales de energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ha justificado la decisión indicando que se trata de garantizar el abasto eléctrico durante la emergencia sanitaria, que ha causado hasta el momento cerca de tres mil fallecidos.

La decisión ha sido recibida con contrariedad por las compañías del sector energético y todas las asociaciones empresariales que han criticado un acuerdo que impide, además, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el país.

Según un informe conjunto de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), el acuerdo tendrá impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18 estados de México.

Afectará a 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación, más 18 proyectos en construcción, respaldados por más de 6.400 millones de dólares de inversión.

Las medidas supondrán aumentar las emisiones mensuales de más de 714,000 toneladas de CO2 que no podrán evitarse y la puesta en riesgo de unos 30,000 empleos.

EL COMBUSTÓLEO, UNA CLAVE

"Lo que probablemente motive esto es que a Pemex ahora le sobra combustóleo, un residual del petróleo más pesado y más contaminado", explicó a Efe Daniel Chacón, integrante de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE).

Chacón recordó que ese combustible era utilizado en algunas plantas y que se fue disminuyendo su uso porque fueron transformadas a gas "más limpias y menos contaminantes".

Según el acuerdo, el Gobierno mexicano considera que "la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en suficiencia, calidad y continuidad al sistema eléctrico".

Por lo que, durante la emergencia sanitaria las plantas fósiles (como termoeléctricas) "tendrán prioridad para despachar energía".

Chacón señaló que más que un golpe para las energías renovables, el acuerdo es un golpe para el medio ambiente y para la economía porque la operación con combustibles fósiles "es muy cara".

En la práctica, según Chacón, "México se sale del acuerdo de París" ya que falta a la Ley General de Cambio Climático, que está obligado a cumplir".

Esa idea fue apoyada por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire que apuntó que el acuerdo "tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero" porque beneficia "la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta".

LA PANDEMIA, PRETEXTO

Para el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle, Cenace "usó como pretexto o se aprovechó" de la situación de la emergencia sanitaria para aprobar un acuerdo que discrimina a plantas de energía renovable que ya estaban listas para entrar en operación.

En el acuerdo "no hay ninguna lógica", dijo Valle a Efe. "No tiene lógica jurídica, ni económica, ni de competencia, no tiene una razón técnica de ser y no ayuda a la crisis sanitaria".

El representante de la AMDEE dijo que las empresas de energías renovables "perciben" en el acuerdo la esencia de un pliego petitorio que la CFE envió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) "para que la ayude a tener una participación más importante del mercado, aunque sus plantas no tengan posibilidad de competir".

Valle dijo que Cenace está diseñado y capacitado para operar el SEN "en épocas de crisis y tiene reglas particulares", que fueron aprobadas por las autoridades y publicadas siguiendo todos los debidos procesos "y este acuerdo se sale de todo eso".

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Para Inder Rivera, gerente de energía limpia en World Resources Institut (WRI), el citado acuerdo se podría haber llamado "Crónica de un apagón anunciado", ya que, según su análisis, "había ciertos elementos que apuntaban en que en algún momento se iba a tomar alguna acción" de este tipo.

Rivera recordó que el Cenace dijo que "bajó la demanda aunque no cuánto" y apuntó que una de las razones que dejó entrever el acuerdo "es la falta de líneas de transmisión en México, (área en la que) no se le ha invertido lo suficiente".

Además de que tampoco se ha invertido en la digitalización del sistema eléctrico.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó esta semana la decisión de limitar la generación de energía privada durante la pandemia para evitar pérdidas de la CFE.

"La CFE le compra energía a particulares y ahora la CFE está vendiendo menos", explicó López Obrador, por lo que "hay una pérdida, y resulta que los particulares no aportaban nada", dijo.

López Obrador aseguró que "durante mucho tiempo", y como resultado de la liberalización del mercado eléctrico, se benefició a empresas extranjeras y principalmente a firmas españolas y ahora lo "se le está dando un trato justo a la CFE".

LOS EMPRESARIOS A LA CARGA

Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) denunciaron los límites "arbitrarios" a la competencia por "una captura regulatoria prevista" para favorecer a la estatal CFE y avisaron que tomarán medidas legales ya que hay 20.000 millones de dólares invertidos.

En tanto, la AMDEE dijo que podrían acudir ante la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los tribunales, a través de amparos.

La Cofece aseguró que "algunas de sus disposiciones podrían ser contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia, generan un incremento en los precios de la electricidad y en los subsidios que el Gobierno federal otorga a las tarifas eléctricas".

En tanto, la analista de infraestructura de Moody's, Roxana Muñoz, señaló que el anuncio del Cenace de parar pruebas y detener el inicio de operaciones de proyectos de energía renovable "es negativo para efectos crediticios del sector privado".

Además de que “retrasa la generación de utilidades, suma mayor incertidumbre para inversiones futuras en energías renovables y la capacidad de México para alcanzar sus metas en energías limpias”.

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