El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México, que supervisa el sistema eléctrico, suspendió indefinidamente las pruebas críticas para nuevos proyectos de energía limpia a medida que la nación lidia con la propagación del coronavirus.
Esto se publicó como el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) e impedirá la creación de centrales eólicas y fotovolticas.
Las pruebas preoperatorias de las plantas de energía intermitente se suspenderán junto con otras medidas, pues pretenden aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, dijo Cenace en un comunicado. Aquellas que aún no han comenzado también tendrán que esperar.
La agencia dijo que aplicará las “acciones y estrategias operativas para fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico”.
Los críticos temen que las nuevas medidas, que no mencionan las plantas no renovables más antiguas operadas por la Comision Federal de Electricidad (CFE), perjudiquen a los productores renovables a expensas de su rival estatal.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la organismo de representación empresarial CONCAMIN emitieron comunicados en los que se oponen de manera rotunda a las medidas tomadas por la CENACE ante la pandemia.
El CCE aseguró que el acuerdo pretende impedir la puesta en marcha de plantas con energía renovable, al igual que atenta en contra de operaciones e inversiones en este sector.
Sin motivación técnica sólida ni fundamento jurídico plenamente justificado, el Cenace ha desatendido su mandato legal de salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en el sector comercial e industrial
La comisión informó que las inversiones en energías renovables generan más de 20 mil millones de dólares en México, lo que transforma al sector energético renovable en una actividad esencial en la pandemia.
El acuerdo que entró en vigor el pasado 3 de mayo “atenta contra la salud, la competencia y la seguridad a la inversión” aseguró la CONCAMIN. Además, hizo hincapié en que esta decisión pone barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, pues la CFE se ve beneficiada al operar plantas que son “más costosas y contaminantes”.
“Obligará a los consumidores industriales y comerciales que tienen contratos con generadores de energías limpias, a adquirir electricidad de mayor costo con la CFE”, se lee en el comunicado oficial.
La organización también recalcó que esto se implementa sin fundamento jurídico y contra la promesa presidencial de no establecer nuevas disposiciones administrativas.
“Esto no está en línea con el cuidado que se debe tener a los consumidores y los mercados”, dijo Eduardo Pérez Motta, ex jefe del regulador antimonopolio de México en una entrevista con Bloomberg.
“Una empresa con poder de mercado como la CFE, probablemente esté tratando de cuidarse y protegerse a través de estas medidas (...) crea una enorme incertidumbre para estos operadores, porque en cualquier momento pueden cortar la posibilidad de distribución de energía”, dijo.
Las tensiones entre la industria de la energía limpia y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron a un punto crítico en diciembre de 2019 después de la decisión tomada por la Secretaría de Energía de otorgar créditos de plantas antiguas, administradas por el gobierno.
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