Políticos y analistas pidieron a AMLO que sea incluyente con empresarios

Mientras unos refieren que el gobierno de López Obrador está obligado y debe acceder a acuerdos para apoyar a empresas en la emergencia sanitaria, otros argumentan que no tiene caso y hay más opciones. Así lo expresaron expertos, políticos, analistas y académicos en una mesa virtual organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En una presentación con posiciones contrapuestas, algunos ponentes argumentaron que el gobierno federal debe implementar medidas de apoyo a empresas afectadas por el paro de labores en la actual emergencia sanitaria. Pues esto es fundamental para transitar en la crisis económica que dejará la enfermedad y se debería buscar un rumbo de acuerdo nacional.

Entre quienes apoyaron esta visión estuvieron Vanessa Rubio, Dante Delgado, Salomón Chertorivski, Fernando Salgado Delgado y Rossana Fuentes Berain.

Por otro lado, analistas y exfuncionarios como Luis Carlos Ugalde, Enrique de la Madrid y Eduardo Sojo, expusieron que había opciones “más allá” de las que pudiera ofrecer el presidente para que empresas superen las dificultades generadas por la pandemia.

Salgado Delgado, secretario de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, refirió que la federación debe constituirse como rectora de la recuperación económica pos COVID-19 y, “debe apoyar las iniciativas que hagan útiles a las empresas”.

Vanessa Rubio, actual senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que “lo que tendríamos que estar pensando (...) es en acuerdo nacional incluyente, sin prejuicios, sin divisionismos sin ideologías, que nos permita crecer económicamente para un desarrollo incluyente”.

Margarita Zavala, quien también intervino, criticó que no tenía caso buscar acuerdos con un ejecutivo sin visión pluralista que tampoco necesita negociar, porque mantiene una mayoría en la Cámara de Diputados. Y habría que restarle poder al presidente en las próximas elecciones del 2021, cuando se renueve esa Cámara; para que el gobierno se vea necesitado de concertaciones con otros grupos sociales, como el empresarial, en este caso.

Por su Parte, Fuentes Berain, de México Media Lab S21, mencionó que la construcción del país prosperará en la medida que cada quien sea corresponsable, tanto empresas, sociedad civil y gobierno. De ahí que la polarización política no abonaba al bien común.

“Estamos en el mismo barco. No podemos construir un siglo XXI con un México excluyente”, refirió.

Ignacio de la Vega, decano de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, propuso un ejercicio de “ciencia ficción política”, donde la sociedad exija modelos de gobernanza adecuados a tiempos emergentes, pues las instituciones actuales no están diseñadas para hacer frente a crisis como la del coronavirus.

Argumentó que es necesario un "gobierno de los mejores", donde, académicos, tecnócratas y "políticos con altura", se dediquen a gestionar la reconstrucción de México.

"Ese gobierno de los mejores apoyaría a las Pymes. No caben hoy, medidas tibias, medidas austeras, medidas destinadas al fracaso.

"Ese gobierno de los mejores apostaría por crear líneas de financiación, un gran fideicomiso de recuperación, con la aportación de sistemas bancarios públicos, del sistema pensional, de formas creativas, de certificados bursátiles, por ejemplo, contribuyendo a que las empresas guarden su viabilidad y mantengan y generen empleo", mencionó.

El decano propuso que se debería reducir en 50% el Impuesto Sobre la Renta a las Pequeñas y Medianas Empresas, lo que les ahorraría alrededor de 10 millones de pesos para sobrellevar la crisis pos COVID-19.

Eduardo Sojo, ex presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expuso que es en lo local donde se localizan oportunidades para reactivar la economía. Otras opciones para el empresariado serían áreas abandonadas por el gobierno federal como la generación de energía renovable; o proyectos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones públicas, como ya se da en Guanajuato, en el llamado “Plan Marshall de Guanajuato”.

"Cuando pensamos en reactivar la economía, casi de manera natural pensamos en el gobierno federal. Y yo creo que las circunstancias nos obligan a pensar desde lo local. En lo local hay grandes oportunidades para innovar en políticas públicas, por ejemplo, fondos públicos privados de capital de riesgo para invertir en empresas y proyectos vitales para las cadenas productivas locales.

"Hay también grandes oportunidades para desarrollar alianzas público-privadas, en proyectos de infraestructura estatales o regionales. Como en la alianza Centro Bajío Occidente apoyado por Coparmex. O la del Sur-Sureste impulsada por Concamin", propuso el también ex asesor económico de Felipe Calderón.

“Si las 32 entidades federativas y las principales ciudades del país, trabajaran en este tipo de proyectos, otro escenario sería el que estuviéramos viendo para los próximos años (...). Hay vida, hay proyectos y políticas públicas más allá de lo que haga el gobierno federal”, señaló Sojo Garza-Aldape.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, expresó que, entre mandatarios estatales, consideran una pérdida de tiempo el hecho de pedir ayuda del gobierno federal para sortear la crisis del COVID-19.

“Ya nos estamos acostumbrando a que no nos hagan caso. A que ni siquiera nos respondan. Es pérdida de tiempo insistir al gobierno de la república de su corresponsabilidad en este tema”, refirió el gobernador en sentido crítico, pues la administración que encabeza López Obrador no considera aportaciones extraordinarias a los estados durante la emergencia sanitaria.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde Ramírez apeló a una “desgubernamentalización” y coincidió con Eduardo Sojo en ver “más allá”, pues las propuestas que se han vertido en las mesas de Coparmex y el CCE, solo consideran como única fuente al poder político central.

"Ese poder político todos los días nos da señales claras de que no quiere y no le interesa escuchar a buena parte de los empresarios. El problema no es técnico, sino político. No se trata de explicarle al presidente los beneficios de tal o cual programa de estímulo a las Pymes. Nada de eso le hará cambiar de punto de vista (...) El presidente siempre apoyará a los de abajo (...) esa es su prioridad (...) es lo que llama la política del 70-30.

“Volver a pedir, suplicar, querer persuadir es ingenuo y es perder el tiempo”, mencionó el director de la Consultora Integralia.

Por ello, las propuestas de Ugalde Ramírez fueron que el sector empresarial mantenga una relación funcional con el gobierno y se trabaje más con gobernadores y alcaldes.

“Haga o no el estado su parte, los demás tenemos que hacer la nuestra”, exhortó Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo con Enrique Peña Nieto.

Otro de los ponentes fue Claudio X. González, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quien dijo que el actual mandatario es el más incompetente en su gestión.

“Es el peor gobierno en el peor momento”, refirió, en relación con la respuesta de la administración actual en la emergencia del COVID-19.

El programa de Coparmex y el CCE se denomina “Cómo avanzar juntos y en paz. Que nadie se quede atrás”. La videoconferencia de este martes 28 de abril duró 03:33 horas y tuvo una ronda de participación de 4 minutos por expositor. Estuvo coordinada por Gustavo de Hoyos y José Medina Mora, presidente y secretario de la Coparmex, respectivamente. Entre los programados, no acudieron Roberto Gil Zuarth ni el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Mejorar red de protección social, aprender lecciones del COVID-19 y tener información fiable

Otros ponentes como María Amparo Casar, Rolando Cordera, Sergio López Ayllón y Jorge Castañeda, coincidieron en que México deberá fortalecer su red de protección social, pues la pandemia visibilizó las carencias del país en esta materia. De ahí que es necesaria una reforma fiscal para mejorar las instituciones del cuidado, tanto en el sector salud como el trabajo.

“Estamos donde estamos porque no fuimos capaces de construir un país más justo, equilibrado e inclusivo”, mencionó López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El académico señaló que el país tiene tres tareas pendientes para fortalecer la protección social: transitar a un sistema de seguridad social universal y reducir la barrera entre el sector formal y el informal; una reforma hacendaria radical con componente tributario; y atender la crisis de violencia a través del mejoramiento y reconstrucción de los sistemas policiales, fiscales y judiciales.

El economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rolando Cordera Campos, recordó que es importante pensar a largo plazo y empresarios y gobierno deben plantear sociedades con más equidad que se sostengan institucionalmente. “Esa debe ser la plataforma de pensamiento de empresarios, políticos mexicanos y la academia”. agregó.

Por el foro que lo convocaba, refirió que el sector empresarial era clave en la construcción de esa sociedad igualitaria. “Del empresariado debemos esperar que contribuya, no solo que invierta, (sino) que vaya adelante de una reforma hacendaria que empiece como una reforma tributaria y (llegue a ser) redistributiva”, dijo Cordera Campos.

Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, coincidió en que México debe rediseñar su Estado de Bienestar y superar las medidas paliativas. “De rediseñar la red de protección social o Estado de Bienestar, sin reforma fiscal que acompañe esto, sólo haremos parches, (...) se necesita un rediseño completo”, expuso quien intervino como último ponente de la mesa.

Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México, apuntó que una de las lecciones del COVID-19 a tomar en cuenta para el futuro es el factor poblacional, en específico, el sector de adultos mayores. Pues se ha visto que este grupo de edad ha sido mayormente afectado en la pandemia.

Al respecto, la académica refirió que en el año 2000 había 7.2 millones de adultos mayores, lo que representaba al 7% de la población. Actualmente, hay el doble de este sector, con 14.5 millones y, para 2045, este grupo de habitantes será mayor que la población infantil de 0 a 14 años, pues habrá 34 millones, es decir, el 20% de la población para entonces.

“Tenemos que aprender de la crisis del COVID-19 y anticiparnos en los retos que implicará este proceso de envejecimiento para México en los próximos años”, agregó.

La socióloga Giorguli Saucedo indicó que el COVID-19 mostró que debe ponerse atención en la infraestructura social y sanitaria para atender futuros casos de enfermedades crónico-degenerativas, porque esos serán los retos en términos de cuidados.

Por su parte, Juan Pardinas director editorial de Reforma; y Luis Miguel González Márquez, director editorial de El Economista; convergieron en que la información precisa era clave en estos tiempos de pandemia y para pensar en un escenario posterior.

Pardinas externó su preocupación en el bajo número de pruebas que realizan las autoridades sanitarias para detectar la enfermedad. Señaló que Estados Unidos realiza 100 mil pruebas diarias y en México apenas van 77 mil en dos meses. “Mientras tengamos pocos datos, será difícil imaginar el tamaño del problema que tenemos hoy como los desafíos que vendrán”, mencionó. El ex presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad también expresó que, ante la incapacidad del gobierno para realizar pruebas, los empresarios deberán tomar esta tarea en sus manos cuando la pandemia esté controlada y los trabajadores vuelvan a las fábricas y otros centros de trabajo, esto, con el objetivo de prevenir un nuevo brote del virus.

A la vez, González Márquez propuso la creación de una plataforma estadística de carácter autónomo que reúna los datos recabados por el gobierno en sus tres niveles --municipal, estatal y federal--; y también, los “datos de interés público” que genere el sector privado. Lo anterior, con el fin de identificar con precisión a los sectores vulnerables antes o después de una emergencia como la actual.

“Si no tenemos datos confiables que nos permitan distinguir quien es un microempresario, un trabajador verdadero y distinguirlo de un cliente político, estamos condenados a gastar mal los recursos”, señaló.

El Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex conjuntaron por videoconferencia a 34 ponentes entre políticos, analistas, académicos y expertos del sector empresarial.

Otros ponentes fueron Jorge Suárez Vélez, Pedro Salazar, Earl Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México; el filósofo Daniel Innerarity Grau; Ana Laura Magaloni Kerpel; Salvador Alva Gómez, Presidente del Tec de Monterrey; Agustín Coppel Luken, Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Coppel; Jesús Ortega Martínez, ex diputado federal, senador y ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Además, Agustín Basave Benítez, académico y ex presidente nacional del PRD; Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo legislativo del PAN.

También participaron Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego; Francisco Martín Moreno, escritor e historiador; Rafael Gómez Nava, director general del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Además de Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN; y Rocío Adriana Abreu Artiñano, senadora de Morena.

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