El coronavirus se ha convertido en un pase salida de cientos de criminales, que evitan la cárcel, bajo el argumento de que podrían estar condenados a muerte cuando la pandemia llegue a los penales, en los hay una gran concentración de gente.
Entre los delincuentes que ruegan compasión para no ser encarcelados se encuentran los criminales de Sinaloa, quienes han solicitado a los jueces reconsiderar el castigo de prisión preventiva oficiosa. Incluso la Fiscalía General de la República hizo del conocimiento público, que en la región de Los Mochis, los detenidos presentados los últimos días han manifestado ser portadores del COVID.
Según la FGR, la situación de emergencia en el país esta siendo utilizada como artilugio de los abogados de los criminales, quienes solicitan ante un juez de control la salida de sus clientes o revisión de medidas cautelares por encontrarse en prisión preventiva.
La dependencia recomendó impedir la libertad de los detenidos y tomar medidas ante la generalización de dicha estrategia.
En México, el coronavirus aún no ha azotado de manera masiva en las cárceles; sin embargo, ya se registran 56 casos de contagios. El desglose de la cantidad revela que 29 confirmaciones de COVID-19 se encuentran en el Penal de Puente Grande, seguido de Yucatán con ocho contagios cada uno; Estado de México, con cinco, Ciudad de México, con cinco, y Sinaloa con uno.
La semana pasada en redes sociales se compartieron fotografías del Penal de Puente Grande, en Jalisco, en las que se observa una fiesta que se llevó a cabo en el módulo especial del Reclusorio Preventivo, el pasado 18 de abril, y participaron algunos internos como el empresario Horacio Servin Martínez, detenido en diciembre por presunto fraude por 1,588 millones de pesos, además de otros reclusos que aparecen con bebidas embriagantes en una fotografía en posesión del medio.
El 30 de marzo, justo cuando los gobiernos federal y estatal ordenaron el distanciamiento social por coronavirus, en el Reclusorio Femenil se organizó una albercada.
Los videos capturaron a reclusas jugar y arrojar a una alberca a quien las internas apodan como “licenciada Eurídice”, así como un hombre identificado como Raúl, escolta de la directora del penal, María del Carmen Fernández. Asimismo, el pasado fin de semana, 60 reclusas fueron llevadas al Reclusorio Varonil Metropolitano.
Debido a la pandemia por coronavirus, en días recientes el gobierno de México aprobó la Ley de Amnistía, que permite la liberación de procesados y sentenciados por algunos delitos en México.
Entre las razones de asentimiento de la ley, es buscar combatir la sobrepoblación en las cárceles mexicanas y disminuir el riesgo de contagios por el virus.
Según los datos oficiales, en el país sólo 7 por ciento de las personas que actualmente están en prisión podrían tener opción de solicitar el perdón y el proceso llevaría de dos a seis meses.
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