La Corte abrió el paso a una nueva ley que no discrimine a las personas con Síndrome de Down

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México fue recibida con satisfacción entre activistas y organizaciones por los derechos de las personas discapacitadas.

“Está bien, porque creo que no debe haber leyes tan específicas. Este tipo de leyes tan específicas no contribuyen en nada y tampoco ayudan”, expresó Katia D’Artigues, activista por los derechos de las personas con cualquier tipo de discapacidad, en entrevista con Infobae México.

“Imagínate, las personas con autismo van a querer con razón su ley específica, las personas amputadas de la pierna derecha también, por poner ejemplos, pero lo que tenemos que crear es un mundo integral, donde puedan convivir personas con y sin discapacidad”, añadió la periodista.

Por su parte, la activista Cynthia Laurel, fundadora de la organización por los derechos de las personas con Síndrome de Down Trisomía 21, coincidió en el balance y fue más allá. “Fue una decisión buena la de la Suprema Corte, primero por no consultar, pero también porque diferentes expertos analizaron la Ley y nos dijeron que era un copypaste de la Ley de trata de personas, y eso no puede ser, son grupos muy diferentes”, le dijo a Infobae México.

“Como mamá, te diría que esta ley realmente nunca fue aplicable a la vida de mi hija, nunca fue algo que nos ayudara o nos perjudicara como tal, por eso me volví activista, para que se ejerzan los derechos de nuestros hijos”, añadió. Trisomía 21 actualmente cuenta con más de 1,000 personas con Síndrome de Down, y sus respectivas familias, registradas en la organización.

De acuerdo con D’Artigues, estas legislaciones crean discriminación entre discapacidades. “Una persona con Síndrome de Down tendrá más derechos que una persona con discapacidad visual si no tiene una ley, por ejemplo. No, el objetivo es hacer las instituciones más flexibles para que todos puedan acceder a sus derechos”, explicó.

Y es que esta semana, el máximo Tribunal del país, en sesión remota debido a la epidemia de coronavirus que atraviesa México, invalidó dicha Ley. Esto porque, durante su creación, no se llevó a cabo una consulta real, accesible y con participación efectiva de personas con discapacidad ni con las asociaciones que las representan.

Por esta razón, que viola el artículo 4, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los magistrados tomaron la decisión de dejar sin efectos a la legislación, que había entrado en vigor en marzo de 2019.

Sin embargo, para D’Artigues el tema más importante es no volver a caer en los mismos errores que se cometieron antes. “Muchos legisladores, incluso funcionarios, algunos bienintencionados, toman decisiones pensando en qué es lo mejor para las personas con alguna discapacidad sin consultarlas sobre ello” indicó.

“Yo creo que quienes mejor conocen sus necesidades y sus exigencias son las mismas personas con discapacidad”, añadió. Eso pasó con la ley en cuestión. El ministro Luis María Aguilar, que presentó el caso, hizo énfasis en que la ley ni siquiera había sido accesible para “lectura fácil”.

“Es toda una ciencia adaptar textos complejos y hacerlos accesibles para las personas con alguna discapacidad intelectual, como lo son las que tienen Síndrome de Down. Ni siquiera hubo eso en el proceso”, aseguró la periodista, que tiene un hijo con esta alteración genética.

Además, la activista precisó que “siempre pasa lo mismo”. “Una legisladora con un hijo que tiene autismo propone una ley, otro propone una para usuarios de perros guía. En lugar de ver a todas las personas con discapacidad en todas las leyes, ese es el reto”, agregó.

La acción de inconstitucionalidad ante la Corte, resuelta este martes, fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras casi dos años.

La decisión de la SCJN determinó que la invalidez de la Ley surtirá efectos 180 días después de la publicación de la ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, “con objeto de que no se prive a las personas con discapacidad de los efectos benéficos que pudiere tener la norma”.

Sin embargo, para Cyntia Laurel, la legislación no tuvo nunca un beneficio real. “Básicamente estamos hablando de una Ley joven, no se alcanzó a poner en práctica ninguno de los conceptos o artículos de los que ahí hablaba”, explicó.

“Lo rescatable es el tema de investigación científica: había un apartado que decía que el estado estaba obligado a promover investigación científica y médica, es un buen punto que nadie ha tratado”, añadió. Sin embargo, el beneficio “nunca se llevó a cabo”.

Sin embargo, la lucha para los próximos meses será defender la personalidad jurídica de las personas con Síndorme de Down. “Son derechos que ya se ganaron en la Convención, México fue uno de los impulsores, pero todavía en el país estamos en pañales”, destacó la activista de Trisomía 21.

Cuestionada sobre si le gustaría ver una nueva ley parecida, D’Artigues señaló que es mejor “recuperar lo que se pueda de la que se invalidó e incorporar eso a la Ley General de Salud o a la de Desarrollo Social”. “Que haya una mejor inclusión para todo tipo de discapacidades", pidió.

Por último, D’Artigues enfatizó precisamente uno de los problemas de no ver a las personas con discapacidad en las leyes que ya existen. “Puedes leer el artículo 3 de la Constitución Mexicana. Ahí dice que todos los mexicanos tienen derecho a la educación, no dice que menos los que tienen una discapacidad”, explicó.

Sin embargo, la periodista señaló que los programas de “Aprende en Casa”, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó para ofrecer clases a distancia debido a la epidemia de coronavirus, siguen olvidando a personas con discapacidades.

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