El decreto de austeridad de López Obrador ordena que el recorte de salarios de altos funcionarios es “voluntario”

Con el fin de hacer frente al impacto económico que ha dejado la pandemia de coronavirus en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reducir el salario de los altos funcionarios públicos; sin embargo, según el decreto presidencial que se publicó este jueves, la medida se implementará “de forma voluntaria”.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la disminución del dinero que perciben los miembros de su administración podría ser de hasta un 25% y se haría de manera progresiva. Esta determinación entró en vigor el 23 de abril y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Cabe mencionar que fue enviado a la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley.

Además, reveló una serie de medidas que se llevarían a cabo con base en “los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia”. Una de las más relevantes es que ningún funcionario será despedido, aunque tampoco habrá incremento de personal.

También destacó que los miembros que ocupen altos puestos en su administración “no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica desde el subdirector hasta el presidente”, señaló.

Otros puntos destacados de esta medida es la cancelación de diez subsecretarías, aunque no se puntualizó cuáles, y la garantía de empleo con el mismo rango e ingresos a quienes dejaran los cargos. Asimismo, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.

La mitad de las oficinas de gobierno deberán permanecer cerradas, a excepción de aquella que atiendan al público de manera directa, así como las que son esenciales para el bienestar del pueblo. Respecto a esto, se puede leer en el documento, se hará un esfuerzo para reubicar a servidores “en función de lo prioritario con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros”.

Cabe mencionar que las acciones y gastos de gobierno también se pospondrán, a excepción de los programas prioritarios. Estas medidas, según el decreto, permitirán “fortalecer el blindaje de los iniciativas sociales y proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”. Los proyectos clave son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto General Felipe Ángeles.

Horas más tarde de que se publicara el decreto presidencial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que vigilará el cumplimento de los puntos señalados por la iniciativa del presidente, además de que los recursos liberados se orientarán a la atención de la “crisis económica mundial derivada de las políticas neoliberales”.

La SFP realizará esta tarea por medio de los Órganos Internos de Control, los cuales la harán sin afectar la operación sustantiva de las dependencias y entes del gobierno federal. Uno de los principales objetivos será revisar que no se incurra en el despido de personal.

Por otra parte, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, recordó que sólo están exceptuadas de estas medidas la Secretaría de Salud, la de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, pues tienen actividades de atención a la emergencia sanitaria.

El presidente publicó otro decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a recibir de los concesionarios de estaciones de Radio y TV el pago de tiempos fiscales.

A partir de este oficio, el presidente redujo de 35 a 21 minutos el tiempo que deben entregar las estaciones de radio y de 18 a 11 minutos diarios los espacios correspondientes a la televisión abierta. Ello en un horario entre las 6:00 y las 24:00 horas en lo correspondiente a la difusión de materiales grabados conforme a lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social.

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