Austeridad: la apuesta de López Obrador en la etapa más cruenta del coronavirus

Gobiernos de todo el mundo están invirtiendo dinero en sus economías para amortiguar el impacto del coronavirus. El presidente de México está casi solo en contra de esa tendencia.

Andrés Manuel López Obrador fue elegido con el compromiso de luchar contra la desigualdad y la corrupción. Insiste en que los rescates anteriores empeoraron esos problemas, ya que los políticos mexicanos acumularon deuda pública para proteger a sus compinches.

Esa es una de las razones por las que López Obrador ha tenido presupuestos ajustados desde que asumió el cargo en 2018. Cuando el virus se propagó por México en marzo y principios de abril, paralizando gran parte de la economía, los líderes empresariales esperaban que cediera, pero vieron con horror cómo el presidente se apegaba a su programa de austeridad.

“Todo el mundo está haciendo un apoyo a sus iniciativas privadas, a sus industrias”, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). “Aquí en México no. No nos toma en cuenta para nada”.

El presupuesto de México para combatir el virus hasta ahora parece ser el más pequeño de América Latina, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. Las medidas totales anunciadas hasta la semana pasada equivalían a alrededor de 1% del PIB, señaló S&P Global Ratings en un informe.

‘Reparar el daño’

La limitada respuesta del Gobierno significa que llevará más tiempo reparar el daño causado a los empleos y la inversión, indicó la semana pasada el analista de S&P Global Ratings Elijah Oliveros-Rosen. Dijo que pares latinoamericanos como Chile y Perú, que han anunciado medidas equivalentes a 7% y 12% del producto interno bruto, respectivamente, disfrutarán de recuperaciones más sólidas.

Si bien López Obrador proviene de una tradición izquierdista, ha demostrado ser un conservador fiscal. Incluso cuando prometió más efectivo para programas sociales, el presidente buscó recortes en otros lugares, incluidos los salarios de funcionarios públicos.

Una y otra vez, el presidente invocó la crisis de deuda de México de la década de 1980, y el colapso de la moneda y rescate bancario de la siguiente década como ejemplos de las piedras con las que no quiere volver a tropezar. Algunos analistas dicen que su fijación con esos episodios le impide ver la gran diferencia de la amenaza de hoy.

Si bien los efectos de la pandemia están en todas partes, el mayor golpe no recae en las instituciones financieras sino en las pequeñas empresas, y en millones de trabajadores mexicanos que corren el riesgo de perder sus empleos.

“No estamos en una crisis financiera, no estamos en una crisis cambiaria”, dijo Santiago Levy, quien fue director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) la década pasada. “Estamos en una crisis sanitaria y económica. Es una situación diferente. Nuestras opiniones sobre el pasado no deberían empañar nuestra capacidad de comprender esta crisis”.

‘Cambiar el modelo’

Cerca de 350,000 mexicanos fueron despedidos entre mediados de marzo y principios de abril, y eso es solo en el sector formal, donde las pérdidas de empleo podrían superar fácilmente el millón, según Cervantes. Más de la mitad de la fuerza laboral del país se encuentra en la economía informal, como vendedores ambulantes y empresas no registradas.

Los empleadores buscan ayuda como el aplazamiento del pago de impuestos y las cuotas de seguridad social, que empresas en otros países están recibiendo. En cambio, López Obrador ha exigido que las grandes empresas paguen miles de millones de pesos en deudas tributarias.

El presidente ganó las elecciones hace dos años, arrasando con los partidos políticos establecidos y prometiendo gobernar para ayudar a los mexicanos más pobres. La epidemia parece haber profundizado su afán por transformar el país.

“Pensamos que ya es tiempo de cambiar el modelo”, dijo esta semana a la prensa. Sobre el rescate bancario de la década de 1990, dijo que convirtieron “las deudas de los de arriba, de unos cuantos, en deuda pública, o sea que todavía estamos pagando todos”.

Normalmente, se espera que los inversionistas acojan con beneplácito a una administración comprometida con presupuestos ajustados. Pero la moneda se hundió en marzo y ahora se cotiza cerca de un mínimo histórico. Las compañías de calificación crediticia han rebajado la nota de México ante la perspectiva de una recesión severa, así como la caída de los precios del petróleo.

Muchos expertos dicen que la inacción fiscal se suma a los riesgos para la economía. Eso podría exponer a López Obrador, quien todavía tiene altos índices de aprobación, a una reacción política, según Viri Ríos, analista política mexicana. “Si continúa por este camino, sus acciones pueden conducir al empoderamiento de la oposición y al debilitamiento de su propio partido”.

‘Derroche o robo’

Algunos de los aliados de López Obrador están insinuando que es hora de un mayor esfuerzo de rescate, incluso a costa de préstamos adicionales. Gerardo Esquivel, asesor de campaña del presidente que fue nombrado miembro de la junta de política monetaria del banco central después de que él ganó, dijo la semana pasada que el Gobierno necesitaba gastar alrededor de 1% más del PIB para ayudar a los desempleados.

Alfonso Ramírez Cuellar, líder del partido político Morena, en el que milita López Obrador, tiene sus propios malos recuerdos de la crisis bancaria de mediados de la década de 1990, cuando dirigía a un grupo de deudores rurales. Él dice que López Obrador “ha estado haciendo todo lo posible para no endeudar al país”, pero cree que el presidente responderá a la necesidad de un mayor gasto.

“El dinero no se tirará a la basura, ni se derrochará ni se robará” por parte de los funcionarios o los empresarios, dijo Ramírez Cuéllar. “Ahora se va a invertir bien”.

La semana pasada hubo indicios de que López Obrador está listo para aflojar el bolsillo. Prometió más préstamos por valor de alrededor de USD 1,000 para pequeñas empresas, incluidas las que operan en la economía informal.

No obstante, Óscar González, dueño de un negocio de pintura en aerosol en la ciudad industrial norteña de Monterrey, dice que López Obrador está más interesado en anotar puntos políticos atacando a los empresarios que en comprender la crisis en la que se han sumido.

González perdió cerca de la mitad de sus pedidos el mes pasado cuando cerraron la industria automotriz. Ha enviado a casa a 250 de sus 650 trabajadores, ya que mantiene cierta producción relacionada con industrias esenciales. Todavía no ha despedido a ninguno de sus empleados. Pero no está seguro de cuánto tiempo más puede continuar sin la ayuda del Gobierno.

Y no está seguro, bajo la administración de López Obrador, si llegará a haber alguna.

“Está aprovechando la situación para dividir en lugar de unirnos como país”, dice González. “Su realidad es muy diferente de la realidad que enfrentan las compañías”.

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