Los trabajadores del sector salud a cualquier nivel tienen que luchar contra la pandemia de coronavirus que azota nuestro país, pero durante el periodo de cuarentena se sumó un enemigo nuevo, pues también deben cuidarse de la discriminación y los ataques de la población que se hicieron constantes por el supuesto miedo infundado que existe entre la gente a contraer la enfermedad COVID-19.
Ante los recientes acontecimiento alrededor del tema, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, presentaron una iniciativa que propone sancionar con hasta cinco años de cárcel a la gente que atente contra personal del sector salud.
La iniciativa se hizo del conocimiento público a través de las redes sociales personales de las legisladoras, así como en el perfil oficial de Twitter de la Cámara de Diputados y su página de noticias oficial en internet.
Así mismo, las diputadas buscan agravar las penalidades por discriminación a especialistas médicos, enfermeras, enfermeros, con el objetivo de proporcionar seguridad, dado que “arriesgan su salud, integridad e, incluso, su propia vida, por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus, causante de COVID-19”.
La iniciativa, aclararon "blindará a médicos y enfermeras de aquellas agresiones que no ameriten pena punitiva, ya que no todos los ataques que se han manifestado en contra de este sector constituyen por sí mismas una conducta tipificada en ordenamientos penales y no pueden ser perseguidas como tal”.
Su propuesta comienza con una adición en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal donde se establezca que cuando las conductas de discriminación sean cometidas en contra de personal del sector salud durante el tiempo que corresponda a una emergencia sanitaria declarada en términos de la Ley, la pena que corresponda se incrementará hasta en una tercera parte.
Por otra parte, se haría una inclusión del artículo 199 Sextus 1 del Código Penal Federal, donde se prevé establecer que al que cometa un delito contra personal del sector salud en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le imponga de uno a cinco años de prisión, en adición a la pena que le corresponda por el delito cometido.
Por último, se propone una reforma en el artículo 427 de la Ley General de Salud, donde se contemplaría sancionar con arresto de hasta 36 horas a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia, en cualquiera de sus modalidades, contra personal del sector salud.
Como precedente mencionaron las 22 quejas de violencia en contra del sector salud que se han realizado en la Ciudad de México, otras 12 en el Estado de México, cuatro más en Guanajuato y Nuevo León, así como tres en Jalisco y tres más en Puebla.
La tendencia, aseguraron, ya alcanzó a un total de 22 entidades entre las que se suman Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa.
Por último, las legisladoras argumentaron que dichos ataques de maltrato, violencia y discriminación se derivan de la desinformación, así como el temor de la población, mismos que “podrían ser colmado con la información pertinente”. Además, revelaron que desde la Cámara de Diputados ya se iniciaron diferentes campañas de concientización.
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