El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que ante las complicaciones en la compra de ventiladores para la atención de los pacientes con Covid-19 se trabaja en “cinco frentes” para conseguirlos en los mejores precios.
Sin embargo, aclaró, también conseguirlos en los tiempos que se requieren, porque se podrían comprar muy barato, pero con plazo de entrega en septiembre cuando ya no sirven.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Robledo subrayó que la carrera por la obtención de estos ventiladores entre gobiernos y empresas es muy compleja.
Precisó que algunas empresas proveedoras de Alemania y Estados Unidos respondieron que vendían los ventiladores, pero con entrega posterior porque tenían restricciones gubernamentales para atender primero la demanda en sus países.
Por eso, Robledo dijo que el IMSS estudió el mercado sobre la base de que la prioridad es la pronta adquisición, aunque está claro que los ventiladores se encarecieron tanto por la depreciación del peso como por el plazo de entrega.
Podremos comprar barato con plazos posteriores, pero ese sería el peor acto de deshonestidad, tenerlos cuando ya esto se haya terminado
Aseveró que el Seguro Social analiza el desarrollo de dos prototipos prometedores que ya se están probando y que por sus características pudieran ser desarrollados rápidamente por algunas plantas industriales reconvertidas para agilizar su producción en Querétaro y Coahuila.
Paralelamente, añadió, el IMSS realizó un inventario de sus ventiladores de equipos que en algunos casos se compraron hace 40 años, a efecto de determinar cuáles ya no son útiles y cuáles pueden ser reparados para su utilización y que ya se están probando en el centro de simulación del organismo.
Robledo descalificó las informaciones difundidas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre una presunta adquisición de 2,500 ventiladores a sobre precio que habría hecho el IMSS, cuestionando que en esta coyuntura el plazo de entrega es un factor fundamental.
Tras asegurar que el Instituto no ha pagado un solo peso de una fallida entrega de equipos que debieron entregarse en estas fechas, señaló que la cotización de USD 93 millones que hizo la referida organización fue manipulada porque se trata de un pedido con plazo de entrega a julio y, por tanto, con costos diferenciados.
De acuerdo con MCCI, México realizó un contrato con Levanting Global Servicios LLC SA para la compra de 2,500 ventiladores, presunto representante de la empresa china Beijing Aeonmed Co.
No obstante, esa compañía no tiene conocimiento del contrato ni de la empresa que actúa como intermediario, Levanting Global Servicios LLC SA, un distribuidor externo que ganó el contrato con el gobierno de México, afirmó que ya pagó a Aeonmed más de 5 millones de dólares por los ventiladores, pero tal vez la compañía aún no puede revelar el pedido.
Esta mañana Zoé Robledo habló del tema y dijo que hasta el miércoles era el límite para la entrega y aseguró que el gobierno no ha pagado por los ventiladores porque son una asignación.
Afirmó que la asignación se realizó el 30 de marzo y que el proveedor “ofrecía a 15 días después de la celebración de un contrato la entrega de los ventiladores”, plazo que se cumplió ayer.
Aeonmed es un productor chino al que además el Seguro Social nunca le hemos comprado, estamos comprándole en esta situación emergente. En ese sentido no se ha erogado un peso a esa compra. ¿Qué es lo que ocurre a partir de las 12 de la noche de ayer?, que al no haber entregado en tiempo estos productos se puede rescindir el contrato, o si se llega a comprar, se compra con una penalización ¿en función de qué? de lo que entregue, de lo que puedan entregar, era un compra grande que se registra en la cartera de inversión, pero en este momento no se ha pagado un peso de esos ventiladores, son una asignación.
Según la organización MCCI, Baldemar Pérez Ríos, dueño de la empresa que fue contratada por el IMSS para surtir 2,500 ventiladores es un mexicano residente en Houston, que fue sentenciado en julio de 2017 por haber servido de testaferro en el fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex.
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