En México, los trabajadores que sean despedidos de manera ilegal durante la pandemia de coronavirus tendrán que esperar al menos cuatro años hasta que sus reclamos se resuelvan, advierten abogados, lo que potencialmente dejará a decenas de miles de personas sin ingresos ni beneficios del estado.
En todo el mundo, millones de personas están sobreviviendo con ingresos más bajos o con sus ahorros. Las empresas han cerrado y las familias se quedan en el hogar para detener la propagación del nuevo coronavirus, que ha infectado al menos a 1.4 millones de personas y matado a más de 83,000.
En México, se perdieron más de 346,000 empleos formales entre el 13 de marzo y el 6 de abril, informaron desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para este año, las predicciones indican una contracción de la economía, y se esperan más despidos en el país, que no tiene beneficios federales por desempleo.
En México, donde hay más de 3,000 casos confirmados del virus, la semana pasada se declaró emergencia sanitaria y se les pidió a las personas que permanecieran en sus hogares y que los comercios no esenciales cierren.
El gobierno ha recomendado a los trabajadores que reaccionen ante los despidos o suspensiones, pero quienes no tienen la capacidad de negociar una indemnización justa o un salario parcial con sus empleadores tendrán que presentar demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Pero las juntas están cerradas durante la epidemia y los casos, en general, duran al menos cuatro años para llegar a un resultado, mientras que ya hay 1 millón de casos pendientes, aseveran los abogados.
“Son cámaras de tortura, es un infierno ahí litigando esperando horas”, le relató Manuel Fuentes, un abogado laboral que representa a los trabajadores, a la Fundación Thomson Reuters.
“Cuando haya posibilidades de que puedan abrir (...) habrá filas y filas de demandas y unos pocos trabajadores que podrán atender esos casos”.
En los últimos cinco años, el presupuesto federal de las juntas laborales se redujo en un 30 % a 746 millones de pesos (USD 31.7 millones).
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social no respondió ante la solicitud de comentarios al respecto.
EN LA CALLE
Francisco, de unos cuarenta años, trabajaba por 8,000 pesos (USD 334 ) por mes para una contratista y arreglaba unidades de aire acondicionado de las oficinas. La semana pasada, su empleador le ofreció elegir: aceptar el pago de 2,800 pesos o 2 meses de licencia sin goce de sueldo con seguridad social.
El hombre, padre de tres niños, sabía que ninguna de las opciones cubriría los gastos de dos semanas, entonces intentó negociar el pago de una parte de su salario. La empresa no tenía la intención de llegar a un acuerdo, según indicó.
“Estoy acuerdo en que sí también que ustedes tienen problemas, pero no me saquen a la calle así”, contó Francisco que le dijo a sus jefes.
Francisco, cuyo nombre se cambió para protegerlo ante posibles represalias, está hablando con abogados para analizar si presenta una demanda contra la empresa para intentar recibir la indemnización que legalmente se le debe.
Los trabajadores pueden acudir a abogados privados, quienes normalmente cobran el 20-50% de cualquier pago, o a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cuyo presupuesto también fue recortado en años recientes.
“La justicia laboral en México está colapsada por décadas y décadas de estar desatendida”, expresó Gilberto Chávez, coordinador de la Comisión de Trabajo del Colegio de Abogados de México, y agregó que algunos trabajadores tienen por delante largas esperas.
Los legisladores aprobaron una importante reforma del sistema de justicia laboral el año pasado, que hará que se reemplacen las juntas laborales con tribunales especializados y que los sindicatos de trabajadores puedan registrarse de manera independiente.
Pero la reforma tardará años en implementarse, argumentan los abogados.
Francisco, que perdió su trabajo, está buscando por Internet y se traslada en el metro, que aún está abarrotado, para encontrar trabajo, pero hay pocas ofertas. Aseguró que tomará la primera oferta, sin importar el pago.
“Hay muchas empresas paradas, pero todavía hay mucha gente en la calle”, comentó.
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