Detuvieron en Cancún a uno de los hijos de Succar Kuri, el empresario sentenciado a 112 años por pederastia y pornografía infantil

Le aseguraron un arma larga calibre 5.56 mm y dos armas cortas calibres 9 y 3.80 mm, así como cartuchos útiles

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El empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, acusado de pederastia, a su llegada a la carcel municipal de Cancun (Foto: Cuartoscuro)
El empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, acusado de pederastia, a su llegada a la carcel municipal de Cancun (Foto: Cuartoscuro)

La policía de Quintana Roo detuvo en Cancún a uno de los hijos de Jean Succar Kuri, el empresario libanés sentenciado a 112 años de prisión por delitos de pederastia y pornografía infantil, junto con otros cuatro jóvenes, entre ellos una colombiana, por posesión de armamento.

El grupo fue detenido por policías estatales en un predio de la colonia Tres Reyes, que al parecer utilizaban como campo de tiro clandestino.

Se les aseguraron un arma larga calibre 5.56 mm y dos armas cortas calibres 9 y 3.80 mm, así como cartuchos útiles. También dos vehículos, una camioneta gris Grand Cherokee y otra Kicks, blanca, con placas USF-304-E y USD-091-F, ambas de Quintana Roo.

Los cinco detenidos, junto con las armas y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

Los motivos de las acusaciones se remontan al 16 de diciembre de 2005, cuando la periodista Lydia Cacho fue detenida y acusada por los delitos de difamación y calumnias luego de haber publicado el libro Los Demonios del Edén, en el que denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri y donde salió a relucir el nombre de Nacif Borge.

La periodista fue detenida en el estado de Quintana Roo y llevada a Puebla vía terrestre. Durante el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes constantemente amenazaron con abusar sexualmente de ella.

De acuerdo con su testimonio, cuando llegó a Puebla el trámite de su puesta a disposición fue lento y tortuoso. Se le encerró en un “calabozo inmundo”, y le fotografiaron desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.

El 17 de diciembre recuperó su libertad a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

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Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de inflingirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular”, relató la escritora sobre su experiencia.

El 14 de febrero del 2006 se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.

En esa ocasión, La Jornada dio a conocer las grabaciones en las cuales se exhibe al ex gobernador y Nacif hablando sobre su venganza contra la periodista. En el audio se escucha al empresario decirle a Marín “mi gober, tú eres el héroe de está película, papá”. Y agregó que para agradecerle le iba a enviar “una botella bellísima de buen coñac”.

Lydia Cacho también fue amenazada por José Ramón Hernández, ex agente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, y de Alfredo Jiménez Potenciano, presunto narcotraficante, por defender a las parejas sentimentales de éstos y protegerlas.

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Se mencionó de manera colateral, en algunas de las grabaciones, a quienes fueron los gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto (PRI), de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (coalición de partidos PAN, PRD, PVEM), al ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, y al senador priista Emilio Gamboa Patrón.

Ante esta segunda fiscalía, también se presentaron denuncias en contra de la entonces procuradora de Puebla, Blanca Villeda; y la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

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