“Una vez que entre el virus, el contagio será masivo”: el riesgo para los presos en México ante el COVID-19

Actualmente, en las cárceles mexicana se encuentran recluidas 200,936 personas. Organizaciones de la sociedad civil aseguran que ante el brote por COVID-19, existe el peligro de que haya contagios masivos, ya que los centros penitenciarios no cuentan con las condiciones ni las medidas de higiene para contrarrestarlo.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, de equipamiento e higiene de los dormitorios son deficientes.

Por otro lado, en el 32.79% de las cárceles hay deficiencia en los servicios de salud, mientras que 33% tiene sobrepoblación y 32% hacinamiento, lo que implica un riesgo más frente al COVID-19, pues impide el aislamiento social que es necesario para reducir el contagio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 45.6% de los entrevistados compartió su celda con más de cinco personas y 12.5% la cama. Asimismo, el 30% reportó no contar con agua potable en el interior de sus celdas y alrededor del 5% carecía de drenaje.

La Secretaría de Salud calcula que diariamente ingresan aproximadamente 3000 personas, entre abogados, empleados y proveedores. De éstas, 400 son familiares de los internos. Cabe mencionar que en cárceles estatales y municipales no existe el cálculo.

“Por ahora no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el virus, el contagio será masivo. No hay forma de controlar con mucha población. Las zonas de aislamiento no existen”, dijo María Sirvent Bravo, fundadora de Documenta, en entrevista con El Universal.

Organizaciones como Reinserta y Derechos sin Barreras, explicaron que la falta de información es uno de los principales factores de riesgo para las personas en situación de reclusión, sus familiares y el personal penitenciario, así como las instalaciones médicas, servicios de salud insuficientes y la escasez de insumos.

La asociación Reinserta establece que las autoridades de gobierno deben considerar en sus planes de emergencia al sistema penitenciario, “destinando recursos humanos y materiales necesarios para la atención de tan delicada situación”.

De igual manera, Derechos son Barreras aseguró que el sistema penitenciario no está preparado para hacer frente al coronavirus.

Recientemente, el gobierno federal emitió un protocolo de actuación para la atención del coronavirus en el interior de los centros federales de reinserción social, el cual contempla a 17, 058 personas privadas de su libertad en 18 centros penitenciarios; sin embargo, esto representa sólo el 8.4% del total de internos que hay en el país.

El documento propone en siete páginas llevar a cabo un campaña de difusión sobre las enfermedades en los penales, a fin de promover medidas de prevención e higienes y limitar las visitas en una etapa de prevención.

En caso de emergencia, se propone aislar a las personas contagiadas o si su condición se grava, trasladarlas a un hospital designado.

Las organizaciones mencionan que el problema de este protocolo es que no abarca a todo el sistema penitenciario nacional, sólo considera a los centros de reclusión federales, que son los que mejores condiciones de higiene tienen y cuentan con menor hacinamiento.

Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, aseguró que durante muchos años el acceso a la salud ha sido muy complicado, ya que las condiciones en las que viven hacen que sean más vulnerables y propensos a complicaciones. En este sentido menciona que sería imposible mantener una sana distancia debido al hacinamiento, ya que “en una celda en la que deben dormir cuatro personas tienen a 30”.

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