Los trabajadores del sector salud continúan su lucha contra el coronavirus, pero resulta lamentable que también deban enfrentar los prejuicios de la sociedad, pues tanto enfermeras como doctores han reportado ataques violentos en su contra, pero más frecuentemente contra enfermeras.
Ahora, el terror lo viven trabajadores foráneos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, donde aseguraron estar encerrados en una comunidad diferente a la suya por un cerco sanitario y toques de queda.
Personal médico del área clínica del Hospital Rural Villa Alta, en Oaxaca, pidieron ayuda del secretario general, Carlos Mario Aragón Ziga, para salir de la comunidad en donde ahora permanecen, pues las autoridades han cerrado las vías de acceso al pueblo ante la emergencia sanitaria por coronavirus.
A través de una carta que se hizo pública en las redes sociales, 10 médicos foráneos denunciaron supuestos actos de discriminación, además de un encierro y la violación a sus derechos de libre tránsito, pues autoridades locales cerraron toda vía de acceso o salida de la comunidad San Ildefonso Villa Alta con el pretexto de protegerlos a todos contra el coronavirus.
Los trabajadores del nosocomio señalaron que tras la publicación de cerco sanitario emitida por el presidente municipal, Claudio Pacheco, han sido víctimas de diversos actos discriminitorios, al extremo de ser sacados de sus casas y permanecer las 24 horas dentro de la comunidad, sin importar que tengan familia u otras ocupaciones en sus propios pueblos.
“Personal de este hospital tememos por nuestra seguridad e integridad física al momento de viajar. Solicitamos su apoyo para que se le informe a la autoridad municipal que no pueden restringir nuestro acceso o salida, pues violan el derecho constitucional al libre tránsito”, aseguraron en dicho documento.
Los trabajadores del sector salud aseguraron que las personas locales los tratan de formas despectivas por el simple hecho de ser personal de salud foráneos. Al parecer, los ciudadanos creen que los colaboradores, médicos, enfermeros, etcétera, son portadores del COVID-19 por el simple hecho de trabajar ahí.
Además, adjuntaron algunas historias que vivieron desde que se hizo el anuncio del cerco sanitario. La doctora Tania Ruis Méndez, por ejemplo, asegura que fue desalojada sin previo aviso del “cuarto de renta” donde vivía, pues los vecinos temen ser contagios de coronavirus y la consideran un foco de infección peligroso.
La doctora Janet Asunción Gómez Alvarado, por su parte, describió haber sufrido agresiones dentro del comedor por haber pedido comida y ser una profesionista foránea, trabajadora del hospital rural.
Al doctor Joaquí Díaz Ordaz, por otra parte, le negaron de manera estricta la venta de productos básicos y primera necesidad como alimentación o higiene dentro de las tiendas de la comunidad oaxaqueña.
Por otra parte, aseguraron que al tratar de salir de la comunidad en forma colectiva, fueron abordados por policías locales, quienes de una “manera prepotente y amenazante, casi llegando a la agresión física”, les advirtieron que podrían ser arrestados si no atendían el toque de queda.
“Responsabilizamos directamente al presidente municipal Claudio Pacheco y a su cabildo ante cualquier situación violenta a nuestra persona o a nuestros bienes en la estancia, en la comunidad y otros lugares”, fue la frase elegida para cerrar el comunicado.
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