Ante la falta del apoyo gubernamental que expresó por parte del gremio empresarial, industriales de diferentes sectores convocaron un plan de contingencia económica por COVID-19 a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Carlos Salazar, quien busca el crear un consejo económico permanente entre el gobierno, los trabajadores, sector privado y sector social.
La inquietud por parte del sector industrial ante la ausencia de un discurso presidencial de apoyo a sectores productivos, como lo son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y microempresas para sobrevivir al coronavirus en el país, derivó en un plan por parte de CCE que busca el contar con créditos, empleos e incentivos en un plazo de 90 días.
Este consiste en afrontar a la emergencia sanitaria de manera que ello impacte de manera positiva a distintos sectores del país, a través de un plan que tiene contemplado el comenzar a operar por tres meses, comenzando desde abril, periodo en el que se espera que se sienten las bases suficientes para una recuperación inmediata, que genere recursos y evite a toda costa la crisis de liquidez.
A fin de que la crisis transitoria no se vuelva permanente, el Consejo también anunció su apoyo al sector salud, expresando su solidaridad con el gobierno federal y estatal, a fin de contribuir con equipo médico y con otros programas. Para el plan de 90 días, los empresarios consideraron que sin éste, se contemplaría a corto plazo un decrecimiento de entre 7 y 10%, es decir, un equivalente de entre 800 mil a un millón de desempleados. La contra propuesta fue anunciada el martes 7 de abril, la cual también promovió Gustavo de Hoyos, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a través de su cuenta de Twitter.
A través del documento que comparte De Hoyos en el citado Tweet, se exponen las medidas para enfrentar la contingencia económica COVID-19 a título del CCE en las que se subraya la importancia de suscribir un convenio nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social a fin de sobrellevar la crisis de la mejor manera a lo largo de noventa días (o el equivalente a tres meses).
Como mecanismo de implementación se busca que la propuesta sirva a su vez a manera de convenio, además de constituirse como un Consejo Económico Permanente que trabaje a la par del gobierno, los trabajadores, el sector privado y el sector social. El plan también busca el incidir en el plano de la salud a través de medidas adecuadas en las que, como se mencionó antes, los industriales ya han hablado con el gobierno para sentar bases de apoyo y de colaboración.
Igualmente destaca el paro de actividades por sector a fin de combatir a la pandemia y su extensión en el territorio mexicano. De este último punto, subraya que ha de hacerse en coordinación con las cadenas productivas de Canadá y Estados Unidos, además de tomar en cuenta los tiempos diferenciados por sector, en los que habrán de para primero son aquellos que se encuentren en sitios más propensos al contagio.
Conforme a las medidas económicas por tomar, el diseño del programa a lo largo de los 90 días contempla planes diferenciados por mes y por circunstancias, además de acciones que aseguren el empleo en ingreso formal e informal.
En cuanto a los empleos formales considera el ayudar a empresas solventes para que la falta de liquidez no las haga caer en la insolvencia en los próximos 90 días. Para abril se prevé un programa generalizado de vacaciones pagadas en los sectores no esenciales del país a fin de asegurar el aislamiento y la sana distancia.
Para las áreas relacionadas a los restaurantes, la hotelería, la aviación y el turismo se planea el diferir el pago de seguridad social sin que ello implique exención. En lo correspondiente a mayo y junio, el CCE tiene planeado apoyar a todas las empresas que estén de acuerdo en el plan de sostener el empleo al 100% a lo largo de los 90 días.
MÁS SOBRE ESTE TEMA: