En medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus en México, el Senado continuó con sus sesiones y aprobó en comisiones la reforma al artículo 4° de la Constitución para elevar a rango constitucional los programas sociales de pensión universal para adultos mayores, becas a estudiantes y personas con discapacidad y salud universal.
Fueron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, las que aprobaron reformas y adiciones a dicho artículo constitucional en materia de bienestar, para garantizar derechos, beneficios económicos y salud universal a grupos vulnerables, adultos mayores, indígenas, afromexicanos, discapacitados y a estudiantes de todos los niveles.
En una reunión extraodinaria, los órganos legislativos aprobaron en forma unánime el dictamen a la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Diputados, que la semana pasada aprobó la minuta en una sesión del Pleno con 385 votos a favor, 49 en contra de panistas y un perredista y 18 abstenciones.
La asamblea autorizó en votación económica incorporarlo al orden del día de la sesión ordinaria de ayer y quedara de primera lectura. El próximo martes se le dispensará la segunda lectura y se pondrá a discusión y aprobación del Pleno.
En los resolutivos avalados por los senadores de las comisiones unidas, se establece que “la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
Además, se indica que el estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad los menores de 18 años, los indígenas y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.
Por su parte, las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de los indígenas y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los 65 años.
Además, el dictamen aprobado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.
Las comisiones unidas que aprobaron las reformas concluyeron que, de aprobarse la iniciativa, se generará un impacto potencial de más de 95,730 millones de pesos.
Morena explicó que la reforma al artículo 4° constitucional pretende garantizar la protección del derecho a la salud, que implica la prestación de servicios de salud, mediante atención médica, tratamientos, medicinas, procesos de rehabilitación o cualquiera que sea la política pública en ese sentido.
El senador Dante Delgado, de MC, aseguró que esta reforma constitucional permitirá atender a los más desprotegidos de toda la vida, por lo cual exhortó a las y los senadores en general a acompañarla con el sentido afirmativo de su voto, con el fin de ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace.
El senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que será una realidad la búsqueda de beneficios económicos integrales para los grupos vulnerables, sobre todo hijos de familias pobres, así como para discapacitados, marginados y olvidados de siempre.
La senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI (Partido Revolucionario Institucional), señaló que la ampliación de derechos es una consigna y es parte de esa lucha histórica por impulsar apoyos reales hacia los sectores excluidos de siempre.
El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD (Partido de la Revolución Democrática), resaltó que es un tema que se viene analizando desde muchos años atrás, por parte de una corriente de políticos progresistas, mujeres y hombres.
Una vez aprobada esta reforma en el Pleno del Senado, se devolverá a la Cámara de Diputados, y una vez que avalen las modificaciones realizadas por la Cámara Alta, esta reforma será remitida a los Congresos Locales para que la ratifiquen y la aprueben en un 50 por ciento más uno de ellos, para que de esa forma sea constitucional y la promulgue el presidente.
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