Estos son los políticos ejecutados durante la administración de AMLO

Hace once años, el empresario Alejandro Martí tras el asesinato de su hijo a manos de secuestradores dijo a la administración de Felipe Calderón: “Si no pueden, renuncien”. A inicios del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las ejecuciones de periodistas, defensores del medio ambiente e, incluso de políticos, han aumentado.

La organización Reporteros Sin Fronteras calificó a México como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, tan sólo seguido de Afganistán y de Siria; bajo esa misma línea de criminalidad e impunidad, se encuentra el caso de los defensores del medio ambiente, del que el primero en aparecer muerto este 2020 fue Homero Gómez González, quien era líder ejidal y, en su momento, administrador de la reserva de la mariposa Monarca.

Al menos unos cinco periodistas han muerto desde que AMLO asumió la presidencia, a pesar de que a lo largo de su campaña política éste aseguró que pondría fin a los asesinatos. En cuanto al número de defensores de la tierra a los que han matado, tan sólo a mediados de 2019, 21 personas fueron asesinadas por custodiar el medio ambiente.

El caso más reciente fue el asesinato del diputado de fracción perredista, Erik Juárez Blanquet, quien murió tras recibir cinco balazos mientras viajaba en su camioneta la mañana del martes 10 de marzo en Morelia. Sus atacantes huyeron en una moto.

De los demás políticos ejecutados durante la administración actual, sobresalen algunos casos muy locales, pero no por ello menos relevantes, como lo fue el sonado caso del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio que fue declarado por muerte cerebral tras ser atacado a balazos por un desconocido que subió a su vehículo, tenía 46 años y falleció la tarde del 2 de noviembre de 2019.

A este caso se suman los 48 funcionarios municipales que fueron asesinados de diciembre de 2018 al 23 de diciembre de 2019, de los cuales siete eran presidentes municipales en funciones y 18 ex alcaldes.

En dicha lista se suman siete regidores, siete directores, tres síndicos y cinco más que no se tienen identificados. Fueron Oaxaca, Veracruz y Michoacán los estados que se caracterizaron por concentrar más homicidios en los últimos tres sexenios.

Fue en diciembre de 2018 que la alcaldesa de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Kobel Lara, de fracción priísta fue asesinada, ello presuntamente a manos de un contratista con el que sostenía una relación laboral y amorosa.

En 2019, tras su toma de protesta el 1 de enero, el alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio, de MORENA, fue baleado junto con su cabildo, Perfecto Hernández, ambos fallecieron; el 23 de abril del mismo año asesinaron al edil, David Eduardo Otilca, de Nahuatzen, Michoacán y de afiliación perredista, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Coeneo, tras haber sido sacado de su casa por un grupo armado horas antes de su muerte.

El 24 de abril también de 2019, la presidenta municipal de Mixtla Altamirano, municipio humilde de Veracruz, Maricela Vallejo, fue ejecutada en compañía de su esposo y de su chófer. Ya había denunciado amenazas de muerte poco más de un año atrás.

El 16 de agosto de ese mismo año fueron encontrados muertos en la región de la Costa, tanto la presidenta municipal de San José Estancia Grande de Oaxaca, Carmela Parral Santos (PRD), como el coordinador de seguridad de la misma comunidad, ambos del distrito de Jamiltepec. Se dice que fueron emboscados mientras viajaban a bordo de una camioneta.

Tanto en estos breves casos descritos, como en los que suman los 48 funcionarios que se han contabilizado entre las cifras de ejecutados durante el sexenio de AMLO, cabe señalar que el crimen organizado juega un papel importante en sus ausencias, pues tanto alcaldes como presidentes municipales no cuentan con garantías por parte del gobierno federal en materia de protección, al tiempo que la delincuencia organizada los obligan a “cooperar” con ellos bajo amenaza de muerte en caso de no cumplir con sus solicitudes.

Los presidentes municipales se enfrentan a las extorsiones del crimen organizado y, para librar tal batalla con vida, se han tenido que coludir con los delincuentes, sin chistar. En el caso de Francisco Tenorio, fue en marzo de 2019 que denunció llamadas telefónicas y amenazas de muerte que iban dirigidas hacia él y otros funcionarios del gobierno.

A ello se sumó la toma de control de la policía por parte de la delincuencia y, con ello, el alza de las cifras de alcaldes ejecutados, incluso cuando el proceso electoral de 2018 fue uno de los más violentos de la historia, año en el que se contabilizaron 152 políticos asesinados, de ellos 48 candidatos a puestos de elección nacional.

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