En México, la probabilidad de que una víctima denuncie un delito y éste se esclarezca es de sólo 1.3 por ciento, según un estudio realizado por la organización civil Impunidad Cero.
Se define impunidad como la falta de sanción ante una conducta irregular que genera responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos. Ocurre cuando los perpetradores escapan de toda investigación, detención, procesamiento, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.
Además, en 2019 sólo se denunciaron ante las procuradurías y fiscalías 2 millones de delitos, aunque en el país se cometieron más de 30 millones de hechos ilícitos, por lo que hay una cifra negra que asciende a más del 90%. Esto significa que los ciudadanos no denuncian porque no confían en la autoridad ni en la justicia.
En entrevista para Expansión, Irene Tello, directora de Impunidad Cero, explica que en promedio toma casi dos horas y media acudir a presentar una denuncia al ministerio público, y eso para los ciudadanos es una pérdida de tiempo.
Hay una cierta correlación entre tiempo de espera y cifra negra, lo cual nos habla de que la gente no quiere ir a denunciar uno, porque no confía en la autoridad y dos, porque es una pérdida de tiempo”
El Congreso de la Unión aprobó en 2008 la reforma de justicia penal, con la que se dio un plazo de ocho años a los estados para implementar un nuevo sistema de justicia, y aunque se aspira a que genere mejor calidad de justicia, aún no se logra porque algunos de los problemas son la capacitación de los operadores, y la conocida “puerta giratoria”.
Hace unos días, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión con los implementadores del nuevo sistema, en donde les pidió cerrar esos espacios a la impunidad.
"El eslabón más débil de este país se llama procuración de justicia, se llama falta de capacitación de fiscales y de ministerios públicos, y se llama también corrupción, y se llama también sobre pasados de causas penales que no podemos procesar… Si logramos transformar el sistema de procuración de justicia del país, habremos transformado al país”, aseguró en esa ocasión la encargada de la política interna del país.
Incluso, en esa reunión Sáchez Cordero recordó el caso de las dos detenciones Óscar Andrés "N", “El Lunares”, líder del grupo criminal de la Ciudad de México, la Unión Tepito.
“La pobre jefa de Gobierno estaba que no la calentaba ni el sol. Dos veces se detuvo al jefe del cártel de Tepito y dos veces tuvo puerta giratoria, con operaciones de Marina impecables de inteligencia, etcétera. ¿Qué creen que pasó? El informe de policía homologada se equivocó de entrada, la entrada ‘H’ de la unidad habitacional y puso entrada ‘G’, alguna tontería de esta naturaleza”, comentó Irene Tello.
Otro ejemplo reciente, fue la liberación de Karina “N”, esposa de José Antonio Yépez “El Marro, lider del cártel Santa Rosa de Lima de Guanajuato, al considerar un juez federal que su detención “fue ilegal”.
La impunidad es un problema que incide en fenómenos sociales como la justicia, la corrupción, la seguridad, el respeto a los derechos humanos, la construcción de un Estado de Derecho y en nuestras vidas diarias.
Según un análisis de Impunidad Cero, la entidad con menor porcentaje de efectividad de procuración de justicia en 2019 fue Guerrero, con 6.3%. El podio lo completaron Chiapas con 9.1%, Tamaulipas con 11.7%, Puebla con 13.8% y Veracruz con 16.9%.
Sin embargo, Irene Tello detalla que de acuerdo a los análisis realizados por el equipo de Impunidad Cero, con el nuevo sistema de justicia, la procuración de justicia es 141% más efectivo que el anterior, y en parte es porque no todos los conflictos tienen que llegar al escritorio de un juez.
Se están viendo los resultados, pero hay que tomar en cuenta que la incidencia delictiva está subiendo... Y la capacidad del Estado para dar respuesta a muchos delitos que están sucediendo está topada
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