Exempleada denunció a Universidad del Bienestar ante el INAI por difundir su información fiscal y bancaria sin su permiso

El 24 de febrero de 2020, la directora de la Universidad del Bienestar Ponciano envió un comunicado a la comunidad universitaria en el que daba a conocer los supuestos pagos que se les habían hecho a unas empleadas, difundiendo no sólo el nombre completo de ambas, sino también su RFC, su clabe interbancaria y los datos de sus depósitos.

Fue una de estas ex empleadas la que denunció el pasado martes a Raquel Sosa ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde señaló que “el Organismo incumplió con sus deberes de confidencialidad, así como de adoptar medidas de seguridad en relación al tratamiento de datos personales establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley General de Transparencia”.

En su momento, la directora del Organismo Coordinador de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García firmó el comunicado en el que dio a conocer los pagos que había efectuado a dos exempleadas a fin de justificar su despido y, por ende, la separación de su cargo. Incluso, la funcionaria hizo públicos los nombres y las matrículas de estudiantes inconformes bajo la justificación de que éstos habían tomado las instalaciones con violencia.

El despido de la denunciante, Jessica Carrillo y de la otra persona se dio el 17 de febrero, situación que fue motivo de una serie de inconformidades, ello sin contar que éstas eran las únicas empleadas administrativas con las que contaba la institución. Los estudiantes también se encontraban molestos, pues sus necesidades no estaban siendo resueltas y con ello, se originó la toma de instalaciones a partir de aquella fecha.

Mientras las ex empleadas han denunciado el mal manejo de sus datos personales, los alumnos se han manifestado en favor de contar con certidumbre académica, ya que la escuela nació como una institución civil que se sostenía económicamente por senadores y diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque al empezar la administración actual, ésta se integró al programa de las 100 Universidades para el Bienestar.

Durante esa transición también se han dado cambios a la currícula, lo cual alteró la organización de la Licenciatura en Derecho, así como de la última generación de esa carrera que está por concluir; a ello se suma el que no se ha dado el visto bueno a los reglamentos nuevos a fin de que se determinen cuáles son las formas en las que sus alumnos pueden obtener su titulación en dicha institución.

También a la serie de problemas ocurridos en la Universidad, se sumó la exigencia de Raquel Sosa hacia el profesorado, exigiéndoles el trabajar de tiempo completo, solicitud que hizo que varios de ellos renunciaran al no ser esta su única fuente de trabajo. Las renuncias fueron en detrimento de la comunidad estudiantil, pues varias de sus clases dejaron de impartirse.

Previo al despido y ausencia de las únicas empleadas administrativas, también los empleados del servicio de limpieza y los de vigilancia renunciaron a sus puestos, ello después de que no recibieran sus pagos correspondientes.

En relación a las últimas dos bajas que dio la directora, ésta argumentó en el comunicado que éstas se negaron a abandonar las instalaciones y que además, pidieron el apoyo de los estudiantes.

Fue el sitio web Animal Político quien se dio a la tarea de documentar el caso, del que cuenta con una grabación que le compartieron las exempleadas y que consta del momento del despido en el que reporta que no hubo ningún tipo de resistencia de ninguna de ellas para abandonar el lugar. En contraste, el sitio comprobó que las entonces empleadas solo exclamaban que la directora les hizo firmar una terminación voluntaria con la asociación civil, es decir con la administración anterior, supuestamente para ser contratadas en la nueva.

En la grabación se escucha que las empleadas dicen que no se trató de una separación voluntaria sino de una liquidación de la asociación civil, razón por la que por derecho debían ser indemnizadas; acto seguido Sosa ironiza sus reclamaciones preguntando que si son abogadas, a lo que las empleadas responden que no: “Ah, entonces, a veces esos términos complican las cosas innecesariamente”, apunta en la grabación la directora.

Finalmente, la exempleada señaló que la Universidad a través de Raquel Sosa no tomó en cuenta los criterios de riesgo inherente y la sensibilidad de sus datos personales al difundirlos de manera pública a través de correos electrónicos, ni el posible riesgo ni consecuencias de la vulneración de su derecho a la privacidad inherente en la protección de datos personales en su poder.

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