La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) confirmó que el testigo protegido “Casio”, identificado públicamente como Alfredo Piñera Guevara, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), en el estado de Chihuahua, grabó sus conversaciones telefónicas con la periodista para apuntar a la corresponsal del periódico La Jornada, Miroslava Breach asesinada en 2017, como la responsable de dar a conocer la información que reveló vínculos entre el grupos del crimen organizado y candidatos a presidentes municipales en las elecciones locales de 2016.
El Ministerio Público de la Feadle presentó dos grabaciones en el juicio oral contra Juan Carlos "N", único detenido por el homicidio y presunto coautor material del homicidio de la periodista, halladas en la computadora de Wilberth Jaciel "N", también identificado como coautor material y en cuyo domicilio se encontró el vehículo que utilizaron para cometer el asesinato de Breach.
Las cintas contienen las llamadas telefónicas que fueron grabadas sin consentimiento de las periodistas Patricia Mayorga y Miroslava Breach. El ahora testigo protegido, Piñera Guevara, permitió que dichas grabaciones llegarán a las manos de integrantes del Cártel de “Los Salazar".
El fiscal federal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo manifestó que en las próximas audiencias probará que las publicaciones de Miroslava sobre narcopolítica, complicaron los planes de “Los Salazar”, que querían intervenir en la política municipal, por lo que su actual líder, Crispín Salazar Zamorano, ordenó al detenido que matara a Breach.
Miroslava comenzó a recibir amenazas desde 2016, luego de que publicó un reportaje donde denunciaba que grupos del narco habían elegido a los candidatos, de al menos 10 municipios de Chihuahua, para contender en el proceso electoral de ese año.
Las primeras amenazas surgieron del municipio Chínipas, sitio en donde “Los Salazar” puso a un miembro de su familia y de “El 80”, un criminal al que lo publicado por la corresponsal de La Jornada alude.
Según las investigaciones, Miroslava informó al gobernador panista, Javier Corral Jurado, de las amenazas que había recibido, pero que desde que asumió el cargo, Breach se decía decepcionada de él.
Antes de su asesinato la corresponsal llegó a decir que iban a matar a un periodista y que probablemente sería ella. También las investigaciones hicieron referencia de que ella decía que tres panistas de apellidos “Shultz, Piñera y Luévano” eran “los mensajeros del narco”.
La semana de su muerte había encontrado una nueva amenaza en su buzón
El primer día de audiencia testificaron siete personas. El testigo a quien se le asignó el nombre “Uno” mencionó las amenazas que, desde Navojoa, Sonora, envió “El Señor Salazar” (Crispín), a la periodista.
“Silver”, otro testigo, habló sobre “los emisarios del narco”, refiriéndose a los funcionarios panistas Alfredo Piñera, José Luévano y al expresidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz.
Según su declaración, presionaban a Miroslava para que revelara sus fuentes de información sobre lo que pasaba en Chínipas. También entregaron a “El Larry”, el audio donde Breach dice que la fuente de sus reportajes sobre dicho municipio es ella misma.
“Me consta que recibió amenazas de un tal Hugo Schultz, Piñera y Luévano, les decía los mensajeros del narco (…) Le llegaban amenazas de muerte, le decían que dejara de escribir”, dijo “Silver” sobre los panistas aludidos, entre ellos Luévano, quien declarará como testigo del juicio, y quien fue ex secretario particular de Corral y sigue dentro de su gobierno.
“Los Salazar” primero amenazaron al alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien comunicó los riesgos a Mario Vázquez Robles y José Luévano Rodríguez, entonces dirigentes del PAN y actual funcionario del ayuntamiento panista de Chihuahua y la administración estatal de Javier Corral Jurado, respectivamente.
Luévano pidió a Alfredo Piñera que interviniera en apoyo de Hugo Schultz, y las conversaciones telefónicas permitieron a los panistas deslindarse de las amenazas al señalar que Miroslava Breach era la fuente del reportaje titulado: “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, publicado en La Jornada el 4 de marzo de 2016.
"Ella mencionaba a Hugo Schultz, cómo seguía trabajando con el gobierno (de Corral), y estaba inmiscuido en cuestiones de narcotráfico. Comentaba que traía dinero a los candidatos, alimentaba la campaña política con dinero del narcotráfico”, declaró el testigo identificado como “Silver”.
A Miroslava la mataron el 23 de marzo de 2017, a las 6:34 de la mañana frente a su casa con una pistola Colt 38 mm. Junto a su cuerpo, el asesino dejó una cartulina que decía la habían asesinado por “lenguona” y la firmaba “El 80”. Lo acompañaban en un extremo las letras WA WA.
La Cotl 38 fue encontrada a mediados del abril de 2017 al lado del cuerpo de un hombre al que le sembraron la pistola. También, junto a él se encontró una cartulina que decía era “El Marrano” y que había matado a la periodista por órdenes de “El 80”. Las pruebas de laboratorio confirmaron que esa era el arma homicida.
Se sabe, por lo que adelantó el titular de la Feadle, que uno de los testigos es “Apolo”, hijo de Crispín Salazar, líder del grupo que opera para el Cártel de Sinaloa entre Chihuahua y Sonora.
“Apolo” declaró que su padre dio la orden a “El Larry” de asesinar a la periodista y que el 26 de marzo le dijo que su orden estaba cumplida.
Hace unos días comenzó el juicio oral contra Juan Carlos "N", “El Larry”, quien fue detenido por participar en el asesinato de la periodista y ser el presunto autor del crimen.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sabía de las amenazas y no hizo nada para protegerla
En la primera audiencia, las hermanas de Miroslava declararon ante un juez que Corral Jurado sabía de las amenazas contra la periodista y no la protegió.
La víspera, en rueda de prensa, el panista afirmó que hace casi tres años la comunicadora le expresó su preocupación por mensajes y amenazas que le llegaban luego de publicar reportajes acerca de la protección de autoridades locales al crimen organizado, en específico al grupo delictivo “Los Salazar”.
En ese momento, Corral Jurado se desempeñaba como senador de la República y aseguró que entonces le preguntó a Miroslava sobre dichas amenazas e incluso “le hice unos consejos”.
Recordó que después cuando estuvo con la familia de Miroslava le informaron de los mensajes con amenazas, por lo que aseguró que no estaba enterado de tal situación.
No obstante, el colectivo 23 de Marzo mostró una captura de pantalla de una conversación entre Miroslava y una colega, con fecha del 12 de agosto de 2016, donde refería que el ahora gobernador sí conocía de la situación.
“Me llamó Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas”, escribió la periodista en la conversación.
Ante esto, el mandatario estatal sentenció que las hermanas “han ido hacia una evolución hacia lo peor. Lamento la actitud que tomaron. Están mintiendo con todas sus letras”.
Peritos y testigos comparecieron en el Centro de Justicia Penal Federal, en esta, la segunda semana del juicio oral contra Juan Carlos "N", “El Larry”, quien renunció a su derecho a declarar y solicitó le permitieran escuchar el juicio desde otra sala.
Pero dicha solicitud la objetó el Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y el detenido fue obligado a regresar a la sala, para que lo reconociera una de las testigos.
La testigo dijo haber tenido una relación cercana con Wilberth Jaciel "N", hermanastro de “El Larry”, entre 2015 y 2017, y estar enterada de que este sujeto huyó de la ciudad de Chihuahua en 2017 porque participó en el asesinato de Miroslava.
La testigo declaró que ambos se dedicaban al narcotráfico en el municipio serrano de Chínipas.
Quiénes son “Los Salazar”
Operan en el estado de Sonora y en la sierra de Chihuahua. Controlan la siembra, producción y trasiego de droga hacia Arizona, en EEUU, así como el tráfico de migrantes.
Estuvo encabezado por Adán Salazar Zamorano, conocido como "Don Adán", detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos. Sus hijos Jesús Alfredo y Adán Salazar Ramírez también fueron parte de la estructura criminal.
El primero fue detenido en noviembre de 2012 y dos años después extraditado a EEUU. Adán fue asesinado y su cuerpo abandonado en una funeraria de Navojoa, en Sonora.
Actualmente el grupo es liderado por Crispín Salazar Zamorano, hermano de “Don Adán”. Este grupo tambièn está vinculado con al asesinato de 9 integrantes de la familia LeBarón, en noviembre del 2019.
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