Desde 1998, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), responsable de la revisión del gasto público ejercido por el gobierno federal mexicano, ha emitido mil tres denuncias referentes a desvíos y malos manejos de recursos públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, sólo cinco de ellas han logrado sentencias condenatorias definitivas con penas máximas de tres años de prisión.
En cuatro de ellas, se detalla que los sentenciados eran miembros de asociaciones civiles que desviaron fondos federales del sector agrario y en una el acusado fue un médico que hizo uso de una cédula falsa para prestar servicios como especialista.
Lo anterior se dio a conocer por medio de El Universal y gracias a una solicitud de información que informa el estatus que tenían hasta finales del año pasado: las mil tres denuncias de hechos que se presentaron ante la FGR desde hace 22 años con detalles del número de causa penal en los únicos cinco casos donde logró las sentencias irrevocables.
De acuerdo con el medio, tras revisar vía ley de transparencia los expedientes judiciales y sentencias, se encontró que en todos los casos se les dio la alternativa a los acusados de sustituir la cárcel por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, siempre y cuando repararan el daño: en los cinco casos ascendió a 6.4 millones de pesos.
Por otra parte, se encontró que la ASF emprende una serie de acciones como recomendaciones al desempeño, solicitud de aclaraciones y promociones, a fin de reintegrar el dinero desviado. Gracias a ellas, desde 2000 a finales de 2018, el órgano de fiscalización logró reintegrar a la Federación 146 mil 398.5 millones de pesos que habían sido desviados o bien, ejercidos irregularmente; sin embargo aún había por recuperar 487 mil 875.8 millones de pesos
La ASF no entregó el monto correspondiente a las mil tres denuncias, aunque se solicitó
Pese a que los casos entregados ante la Fiscalía contienen diversas pruebas recabadas, como informes de las visitas domiciliarias y testimonios, la FGR ha logrado llevar sólo 24 averiguaciones y 16 carpetas de investigación ante el Poder Judicial.
De los cinco casos, el que más tardó en resolverse en tribunales, tardó siete años en resolverse, puesto que la denuncia fue presentada en 2012 y la sentencia se dio hasta el año pasado.
El millonario desvío de la Estafa maestra, el desfalco de recursos del gobierno de Javier Duarte en Veracruz o los pagos que realizó la SEP en el proyecto de la Estela de Luz, son sólo algunos de los casos de desvíos más conocidos y que continúan en proceso.
Se refutan implicaciones de redes de corrupción
En las auditorías referentes a las cuatro denuncias por desvíos destinados al sector agrario, la ASP únicamente se hizo señalamientos a los funcionarios que autorizaron el apoyo y validaron la documentación sin que contara con los requisitos fiscales.
Pese a los señalamientos hacia los servidores públicos en las denuncias, en ninguno de los cuatro casos se investigó a algún funcionario de Sagarpa. Por otro lado, en el quinto caso que corresponde al sector salud, sólo se presentó denuncia ante un médico.
En entrevista con El Universal, Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, aclara que esto ocurre debido a que en la mayoría de casos denunciados, las autoridades se van en contra del involucrado más visible, sin cuestionar a las demás personas que hay detrás del caso.
“No se ve el problema desde sus raíces y esa falta de estrategia y de visión sistémica de combate a la corrupción es lo que genera incentivos perversos para que sigan ocurriendo estos casos”, aseguró.
Asimismo, indicó que los pocos resultados que ha logrado la fiscalía ante tribunales se deben a un trabajo ineficiente, ya que su personal carece de capacidades de investigación y profesionalización.
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