El asesinato de Fátima, una niña de 7 años cuyo cadáver fue encontrado este domingo en una bolsa después de ser reportada como desaparecida hace una semana, ha conmocionado nuevamente a la sociedad mexicana, que aún no se recuperaba de otro feminicidio cometido unos días antes contra una mujer de 25 años y cuya brutalidad también causó indigación. Es por ello que organizaciones de protección de niños y adolescentes alzó la voz para condenar lo sucedido.
“Fátima no tenía que morir: falló la escuela, falló la Fiscalía, falló la sociedad mexicana y nuevamente representa el fracaso del estado mexicano”, declaró este lunes Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Además, Pérez destacó que no es una sorpresa lo que ha pasado. “La crisis de derechos humanos de la que tanto hemos hablado, las niñas, niños y adolescentes la están viviendo todos los días. Necesitamos atenderla urgentemente, necesitamos una respuesta del estado, no discursos, ni palabrería, necesitamos que cumplan con la ley: asi de simple”, dijo.
“Esta crisis de derechos humanos significa que el estado no puede garantizar la vida de las personas, y se expresa en feminicidios y violencia contra niños y niñas. Se necesitan acciones de estado, voluntad política, pero no hay”, declaró a Infobae México.
Y es que el caso de Fátima es uno de los que han conseguido un perfil nacional, ya que ocurrió en la Ciudad de México en un contexto donde los últimos feminicidios ocurridos en la capital, por diversas circunstancias, han concentrado la atención de los focos a pesar de que la situación no es nueva ni se limita a algunas zonas particulares.
El crimen será investigado por las autoridades como feminicidio, como adelantaron este domingo. La niña fue secuestrada de la salida de su escuela el pasado 11 febrero, apenas hace un mes había cumplido esa edad y esperaba en la puerta de su escuela en el sur de la capital mexicana a que su mamá llegara por ella.
Es lamentable y ofensivo que siguen pidiendo que las familias esperen de 48 a 72 horas para iniciar la búsqueda, es la dinámica que se vive en todo el país
Tras la desaparición de la menor, sus familiares realizaron la denuncia correspondiente y se emitió la alerta Ámber .No fue, si no hasta 6 días después cuando se dio a conocer que en la alcaldía Tláhuac había sido encontrado el cuerpo de una menor de entre 7 y 9 años en una bolsa.
Sin embargo, todo lo que se supo de su desaparición fue que una mujer adulta se la había llevado. Las autoridades ofrecen ahora una recompensa de 2 millones de pesos (unos 107.700 dólares) para encontrar al asesino y las personas implicadas en la sustracción de la menor que apareció muerta en un basurero al sureste de la urbe.
“El estado no tiene un mecanismo formal: hemos solicitado a tres legislaturas ya que modifiquen la Ley de educación para que haya un mecanismo donde se puedan reportar este tipo de casos”, explicó Pérez. “No es el tema del conserje o la directora (de la escuela), es el estado mexicano”, completó.
De acuerdo con Redim, la familia tendría que haber recibido acompañamiento de las autoridades, ya fuera de la Fiscalía especializada, y si no era posible, de las autoridades de la alcaldía (Xochimilco) donde vivía la menor, a pesar de que fue encontrada en la fronteriza Tláhuac.
No es el momento para ofrecer una recompensa de dos millones de pesos, es tardío, no devuelve la vida de Fátima
Para la Red, la Fiscalía capitalina, y las del resto del país, deben animar a sus equipos para que los procesos cambien. “Que se hagan las cosas distintas, porque si no el resultado será el mismo. En una semana volveremos a estar indignados y dolidos”, indicaron.
Feminicidios infantiles en México
Y es que Redim, una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que operan en 16 estado de México, ya había alertado de la difícil situación que viven los menores en el país, y también había informado del aumento de feminicidios infantiles a lo largo del territorio nacional.
En su balance de 2019, publicado a principios de enero de este año, señalaron que, entre enero de 2015 y julio de 2019, los datos oficiales registraron 3,297 feminicidios en todo el país, de los cuales 317 ocurrieron entre la población menor de edad.
Uno de cada diez feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes
Además, hubo un aumento de estos delitos con respecto a 2018. En aquel año, ocurrieron en promedio siete asesinatos al mes contra niñas y adolescentes, y en 2019 hubo un incremento a ocho feminicidios cada mes. “Comparando únicamente los primeros siete meses de cada año, 2019, representaría el periodo más violento por el delito de feminicidio en contra de niñas y adolescentes, con un crecimiento de 13.5% respecto al mismo periodo de 2018”, detallaron.
En el caso específico de la Ciudad de México, donde Fátima fue asesinada, Pérez indicó que en 2018 se registraron 1079 casos de abuso sexual y ocho de cada 10 fueron contra niñas, así como 466 violaciones. Por si fuera poco, de cada 100 carpetas de investigación iniciadas, apenas tres alcanzan algún tipo de sentencia y el resto se mantiene en la impunidad.
Pero Redim destacó que Fátima es además una víctima más de desaparición, ya que la menor fue sustraída y posteriormente encontrada muerta. “Es una de las 11,000 víctimas de desaparición y una de los 21,000 menores asesinados” desde 2006, indico Pérez.
La responsabilidad del gobierno mexicano
Además, Redim indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas ha cumplido uno de los nueve compromisos que firmó en abril de 2018, cuando era todavía candidato presidencial. "Uno de ellos era frenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ojalá se acuerde y pueda cumplir su palabra, indicó Pérez.
“No son las personas, estamos hablando del estado, de sus instituciones y leyes, les pedimos que no repitan el patrón que siempre hacen: filtrar información, desestimar a las familias”, añadió. De acuerdo con el director de Redim, en enero la Red tuvo unos minutos con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación del gabinete de López Obrador.
“Le entregué el balance de 2019, se comprometió a hablar personalmente con el presidente para tomarlo como prioridad, pero no hay política de estado. Pero ninguno de los 25 proyectos prioritarios incluye a los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos que cumplan con la ley, que se articule y puedan frenar la barbarie”, aseveró Pérez.
El próximo 6 de marzo, México tendrá que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con Redim, para hablar de la epidemia de menores desaparecidos, y el reclutamiento forzado, esperamos que sea una delegación de alto nivel", detalló. “Necesitamos urgentemente política de estado”, agregó.
Y es que, de acuerdo con Redim, entre las recomendaciones de la CIDH y de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), el estado mexicano ha ignorado más de 170 de ellas, donde habla sobre violencia y abuso infantil.
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