A pesar de los constantes reclamos, en México los líderes indígenas que defienden causas de derechos humanos y medio ambiente siguen siendo asesinados a mansalva y con total impunidad.
Uno de los ejemplos que mejor ilustra esta problemática es el del líder indígena rarámuri, Julián Carrillo, quien hace 15 meses fue asesinado por sicarios armados en la comunidad Coloradas de la Virgen, al norte de Chihuahua, y cuyo caso aún no ha sido resuelto por las autoridades.
“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más obvia y abrumadora de la incapacidad de las autoridades mexicanas para cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia derivada de su labor en la defensa de los derechos humanos”, denunció Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para el continente americano, un año después del asesinato del activista.
Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional: “Las valientes personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan un peligro constante en México”.
Meses después del asesinato de Julián Carrillo, las autoridades del estado informaron que habían arrestado a dos probables responsables, sin embargo, según Amnistía Internacional, hasta hoy el caso no ha podido avanzar y ninguno de los dos ha sido acusado.
Previo a su muerte, el líder activista había recibido amenazas y hostigamientos por su trabajo en la defensa de su territorio ancestral en la región de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Incluso denunció ante investigadores de Amnistía que grupos del crimen organizado se habían apropiado de tierras indígenas para la siembra de cannabis y amapola de opio, y con ello habían forzado el desplazamiento de muchos de sus habitantes.
Además, por lo menos otros cinco miembros de su familia fueron asesinados también, según Amnistía Internacional.
Los asesinatos de 23 defensores de tierras y derechos humanos en México en 2019, muchos de los cuales eran miembros de comunidades indígenas, convirtieron a México en el cuarto país más peligroso a nivel mundial para esos activistas, según un análisis global de 2019 de Front Line Defenders.
Sin embargo, los asesinatos relacionados con defensores de derechos humanos no son los únicos que afectan a la comunidad indígena: el 17 de enero de 2020, diez músicos indígenas fueron asesinados y sus vehículos incinerados en una carretera cerca de Chilapa Álvarez, al sur de Guerrero.
Todo comenzó con una llamada al 911. La voz al otro lado del teléfono reportaba un vehículo incendiado en un camino rural de Chilapa de Álvarez. La policía ministerial, el Ejército y la Guardia Nacional se trasladaron al lugar: una brecha del camino Mexcalzingo-Tlayelpa, en donde encontraron no una, sino dos camionetas incendiadas.
Una de ellas atravesaba el camino y estaba completamente calcinada. La otra fue encontrada en el fondo de un barranca de cien metros de profundidad. Dentro de cada una había cinco cadáveres. La mitad habían quedado completamente irreconocibles. Los cinco cuerpos que viajaban en la camioneta desbarrancada quedaron esparcidos en el trayecto hacia el fondo. Llevó un día entero rescatarlos a todos.
De acuerdo con David Sánchez Luna, representante de las CRAC-PF (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores), los músicos volvían de tocar en una fiesta en Tlayelpa cuando fueron interceptados por sicarios de Los Ardillos.
Días después circularon fotografías de varios niños de la comunidad de Chilapa empuñando armas y rifles de asalto. Entre ellos se encontraban los huérfanos de los músicos asesinados. El mensaje era claro: el presidente López Obrador tenía que ir personalmente a atender sus demandas.
A pesar de que ya sabe quiénes fueron los responsables, hasta el momento ninguno de los 6 sospechosos ha sido detenido.
La cobertura de los medios también es dispar. El brutal ataque a los músicos indígenas recibió mucha menos atención que la cruenta masacre de nueve miembros de las familias LeBarón, Miller y Langford, todos con doble ciudadanía mexicana y estadounidense.
La masacre acaparó los titulares internacionales durante semanas, mientras que la noticia de los músicos indígenas se demoró mucho más en llegar a las primeras planas de los periódicos.
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