En el aeropuerto de Texcoco se identificaron irregularidades por 1.9 millones de pesos (1.02 millones de dólares), construcción que se canceló al iniciar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó la Secretaría de la Función Pública de México (SFP).
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de dicha dependencia, dio a conocer que las irregularidades incluyen 6.000 millones de pesos (322,2 millones de dólares) en anticipos pendientes de amortizarse o recuperarse y una cifra igual para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.
La funcionaria presentó estas cifras en el marco de un informe de las auditorias realizadas en su primer año de gestión, al ser parte de su compromiso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en México.
La revisión del aeropuerto formó parte de los cerca de 3,400 actos de fiscalización efectuados en 2019, de las que más de 2,500 fueron auditorías que generaron observaciones asociadas a más de 544 millones de pesos (29.2 millones de dólares).
La funcionaria explicó que el monto global de las presuntas irregularidades supera al presupuesto federal total de los sectores de Educación y de Salud, los dos que más recursos reciben en el presupuesto de egresos de la Federación.
A través de este informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, añadió.
Además de las irregularidades del aeropuerto, Sandoval Ballesteros señaló que otro “caso ejemplar de corrupción” fue el desvió del trazado de una carretera en el occidente del país para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollo turístico.
La secretaria también recalcó que hubo un sobrecosto de 1.4 millones de pesos (77,4 millones de dólares) de la carretera Amozoc-Perote y el libramiento de Perote, en el estado de Veracruz.
Otro caso que destacó fue el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2,42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos (50,4 millones de dólares).
Cabe destacar que en el informe también se incluye la fiscalización de programas de las áreas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, cultura física y deporte, pagados con recursos federales transferidos a los estados.
En materia de obra pública la Función Pública hizo 127 actos de fiscalización que desglosó en 36 auditorias, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20.598 millones de pesos (1.106 millones de dólares).
Como resultado de la fiscalización fueron abiertos 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades e impuso sanciones por caso 23.000 millones de pesos (1.235 millones de dólares).
*Con información de EFE
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